El juez desoye al fiscal y deja libre a Oleguer Pujol

De la Mata admite que no colabora con la Justicia, pero no advierte riesgo de reiteración delictiva. Le prohíbe salir de España

Oleguer Pujol estuvo ayer a punto de convertirse en el primer miembro de la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol en ingresar en la cárcel. Tras cuatro horas de declaración judicial, la Fiscalía Anticorrupción pidió al magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata que acordara la prisión provisional del benjamín de la familia Pujol Ferrusola, pero el instructor de la causa –pese a admitir que el imputado, lejos de colaborar con la investigación, una conducta «incómoda pero perfectamente legítima», ha llevado a cabo una ocultación de sus fondos– denegó la medida, al no advertir riesgo de reiteración delictiva. De la Mata sí le prohíbe salir de España y le obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio. Además, deberá entregar su pasaporte antes de 72 horas. Ni la representación de Podemos, que ejerce la acusación popular, ni la Abogacía del Estado respaldaron la petición fiscal y no solicitaron la adopción de medida cautelar alguna contra el menor de los Pujol.

Los fiscales de Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa justificaron su petición de prisión (que consensuaron antes de Navidad con la teniente fiscal Belén Suárez) en el riesgo de que siga llevando a cabo una supuesta actividad de blanqueo de comisiones bajo sospecha (la Fiscalía alude a una transferencia a una cuenta bancaria de Miami en diciembre de 2015, cuando ya estaba siendo investigado, unos fondos que según su defensa ya han sido repatriados).

El magistrado recuerda a la Fiscalía que en ningún momento, a lo largo de los dos años y medio de investigación, ha solicitado el ingreso en prisión ni cualquier otra medida cautelar contra Oleguer Pujol. Y a día de hoy, subraya, las condiciones no han cambiado: ni existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva.

De la Mata, no obstante, se cura en salud y recuerda que tanto Oleguer como el resto de la familia «ha mantenido una actitud procesal que ha consistido en no colaborar», ocultando cualquier pista sobre sus inversiones, los rendimientos obtenidos, la distribución de las ganancias, «negándose incluso a facilitar nombres» de entidades bancarias o gestores y administradores de sus cuentas a los que «no quiere identificar». No obstante, precisa, esa palmaria falta de colaboración «no puede justificar por sí la prisión provisional».

Del mismo modo, el hecho de que los Pujol «desplegaran actividades opacas», tanto respecto al cobros de comisiones en las operaciones «pilotadas» por Oleguer Pujol y su entonces socio Luis Iglesias (cuya investigación por blanqueo fue archivada y ahora responde únicamente por posibles delitos fiscales ante un juzgado de instrucción de Madrid) como en relación al origen y gestión de los capitales que la familia Pujol «almacenó en Andorra», tampoco puede justificar la prisión provisional, dice el juez.

En su resolución, el instructor constata que tanto Oleguer Pujol «como casi toda su familia» abrieron cuentas en la Banca Reig (después Andbank) en Andorra, para posteriormente, siguiendo las instrucciones del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, cancelarlas y mover los fondos a BPA. Posteriormente, al tener conocimiento de la investigación judicial, adquirieron «sendas estructuras societarias absolutamente opacas» a las que transfirieron esos capitales, «con la finalidad declarada y admitida de ocultarlos a la Hacienda Pública».

De la Mata sostiene que la pretensión de la Fiscalía se sustenta en un «único elemento, que acontenció hace más de un año» (la transferencia de fondos a una cuenta en Miami en 2015), y recuerda que existen medios a disposición de la Audiencia Nacional para comprobar si el benjamín de los Pujol «maniobra para ocultar fondos de procedencia ilícita o si, por el contrario, se limita a acometer actividades lícitas con fondos regularizados ante la Hacienda Pública» (como mantiene su abogado).

El magistrado no oculta que existen evidencias de que el imputado «ha estado ocultando al menos parcialmente sus activos financieros y realizando actividades para ocultarlos y ponerlos fuera del alcance de los tribunales». Incluso apunta que tiene «capacidades sobradas» para llevar a cabo maniobras de descapitalización y ocultación del dinero obtenido en las comisiones bajo sospecha, y también para obstaculizar el acceso a las pruebas, «dificultando la investigación». Motivo por el cual, añade, sí es necesario «restringir» sus movimientos en el extranjero, donde tiene «contactos» que pueden ayudarle a poner trabas a la instrucción. Unas maniobras de ocultación a las que, añade, el juzgado «debe estar especialmente atento».

En definitiva, De la Mata reseña que tras dos años y medio de investigación, la causa «ha avanzado razonablemente» y no se han modificado las circunstancias que concurrían en 2014. Y el magistrado no aprecia tampoco un riesgo de que Oleguer Pujol influya sobre otros investigados o testigos.