Anticorrupción se opone a que Rajoy declare en el «caso Bárcenas»

La Fiscalía Anticorrupción ha censurado a la acusación popular que pidió la citación como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el «caso Bárcenas», por solicitar «por conveniencia» una comparecencia «de interés político y social» sobre la base «de unos hechos y expectativas de difícil acomodo en el proceso penal». En el escrito, en el que se opone a que Rajoy declare en relación a la supuesta contabilidad «B» del PP, el fiscal Antonio Romeral sustenta su decisión en la «ausencia» de delito en las conductas investigadas, a la espera de que el juez Pablo Ruz reciba varios informes periciales pendientes sobre supuestas irregularidades fiscales de la formación y la adjudicación de contratos públicos a empresas donantes del PP. De ahí que el representante del Ministerio Público apele a la «cautela» con que debe conducirse la investigación en estos momentos, muy lejos de diligencias «orientadas más a un interés extraprocesal que al que debe presidir todo procedimiento penal de averiguación del delito».

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) reclamó al juez que citara a Rajoy para que aclarara «la veracidad o no de los apuntes que reflejan los pagos que se imputan al testigo de haber recibido 12.600 euros en enero y junio de 2008». Pero Anticorrupción hace hincapié en que Ruz está a la espera de conocer el contenido de sendos informes de la Intervención General del Estado (que debe esclarecer si el PP pudo cometer un delito fiscal en 2007 y 2008 respecto a los complementos salariales abonados a sus dirigentes) y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre las supuestas adjudicaciones públicas a empresas que donaron dinero al partido. Y recuerda, de paso, la «divergencias» constatadas entre las anotaciones de los papeles de Luis Bárcenas referidas al segundo semestre de 2008 y la documentación aportada por el propio ex tesorero en relación a ese mismo periodo. Parecidas discordancias a las que se han podido hallar, añade, «entre las anotaciones y los saldos» de 1997 a 1998 que constan en la supuesta contabilidad «B» del PP y el «pendrive» que facilitó el ex senador al juez (pese a que, recuerda, estos hechos están prescritos).