Anticorrupción vaticina más imputaciones tras el "informe Cerdán" y sigue la pista del dinero en el extranjero

La Fiscalía Anticorrupción vaticina más imputaciones en el caso Koldo tras el demoledor informe de la UCO sobre Santos Cerdán. El Ministerio Público lo advirtió hace apenas unos días al pronunciarse sobre el oficio de la Guardia Civil que le da una nueva dimensión esta causa de corrupción. Por ello, no solo respaldó las entradas y registros del martes, sino que avisó de la potente "carga incriminatoria" que desprende el documento.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, así lo expuso en un escrito que desvela LA RAZÓN y que presentó en esta parte de la causa, cuando todavía estaba secreta. La Fiscalía respaldó la petición de diligencias que incluyó la Guardia Civil en su documento y entre las que se incluían los registros de las empresas clave de la trama y en el domicilio del exministro de Fomento José Luis Ábalos, en Valencia.

"La intervención de Koldo García como sujeto interlocutor en todas las grabaciones, unida a la común temática que preside las conversaciones permite dibujar un cuadro indiciario de enorme potencia incriminatoria contra los investigados en este procedimiento y contra otras personas que resultarían afectadas por las diligencias solicitadas", expuso Anticorrupción en referencia a futuras imputaciones que puedan surgir del resultado de estos registros.

Temor a un chivatazo

Además, hay que recordar que los agentes todavía no han terminado de analizar los dispositivos incautados tras el estallido de la trama en febrero de 2024. De hecho, todavía tienen que estudiar la totalidad de los dos discos duros de Koldo García (que según la Fiscalía se utilizaron para desarrollar "la trama criminal"), además de los móviles y de ingente documental que requisaron a los cabecillas de la red, entre los que destaca Víctor de Aldama.

Del mismo modo, otro de los objetivos de los investigadores ahora mismo es seguir el rastro de las presuntas mordidas que se habrían repartido. Los agentes hablan de comisiones de 620.000 euros que provendrían de Acciona y de otros 450.000 euros que habrían quedado pendientes de abono. Por ese motivo, la UCO solicitó información bancaria a una veintena de entidades, entre las que se encuentran al menos dos que están ubicadas en el extranjero. Se trata de Intesa Sanpaolo Spa (con sede en Turín, Italia) y el banco alemán Commerzbank Aktiengesellschaft.

En su requerimiento, puso el foco en decenas de cuentas de las que reclaman específicamente "informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al Sepblac". En ese sentido, se espera que de esta diligencia se arroje luz sobre el destino final del dinero que no solo salpica a los principales imputados de la trama, sino también a las empresas que se habrían beneficiado de las adjudicaciones millonarias. De hecho, pidieron al juez la autorización expresa para incautar monedas virtuales o cualquier otro criptoactivo.

"Con la finalidad de esclarecer y determinar el destino económico ilícitamente obtenido, se solicita autorización judicial para el acceso, visionado, análisis y copiado de contenido de los servicios de banca on-line o remota", expuso el fiscal jefe Anticorrupción. En su escrito reflejó además el temor de que pudiera haber un "chivatazo" que diera al traste con la operación, como ocurrió con Koldo García, quien confesó que sabía que le iban a detener. Por ello, ante el riesgo de "preaviso", pidió que todos los registros se efectuaran de manera sincronizada a primera hora de la mañana, como así fue.

Los empresarios de la trama

También se espera obtener información de los nuevos registros acordados. Aunque el foco se puso en el domicilio valenciano del exministro, la UCO practicó también otras entradas en las sedes de las mercantiles implicadas. Destaca especialmente la de la sociedad Servinabar, una firma detrás de la que se encuentra Antxón Alonso, amigo cercano de Cerdán, y de la que se sospecha que se creó ad hoc para conseguir la adjudicación de una obra de más de 74 millones de euros sobre el túnel de Belate (Navarra).

Al respecto, el escrito de Anticorrupción ya apunta a los nuevos protagonistas de la trama que afloran tras el último informe de la UCO. Destacan, además de Alonso, Fernando Agustín Merino, directivo de Acciona en Navarra; José Ruz, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC); Daniel Fernández (Administrador de Obras Públicas y Regadíos); y las mercantiles como personas jurídicas.

Algunos de los empresarios señalados declararon ya como testigos en el procedimiento, pero las conversaciones incautadas a Koldo García podrían propiciar el cambio de su situación procesal a la de imputados. El magistrado del caso Koldo, Leopoldo Puente, ya ha dado el primer paso para recabar los correos corporativos del exdirectivo de Acciona en Navarra, lugar donde se habría fraguado esta presunta trama de amaños que dio el salto al ámbito nacional tras la llegada del PSOE a Moncloa y de Ábalos al Ministerio de Transportes. No se descarta que haga lo propio con el resto de sociedades que aparecen en el último oficio de la UCO.