Aragón anuncia que recurrirá el real decreto de reparto de menores migrantes

La polémica en torno al traslado de los menores migrantes continúa. Después de que la semana pasada el Consejo de Ministros aprobase el Real Decreto 743/2025, que fijaba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en cada comunidad y ciudad autónoma -y por el que comenzaban a hacerse efectivos los traslados-, diferentes autonomías -en su mayoría gobernadas por el Partido Popular- se han mostrado en contra del mismo.

En esta ocasión ha sido el Gobierno de Aragón, que ha acordado este miércoles interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto, argumentando que dicho sistema de reparto "conculca principios tan importantes como la igualdad y la solidaridad", y se está haciendo "de forma totalmente forzosa, impuesto y sin tener en cuenta la capacidad que tienen las comunidades autónomas", tal y como ha declarado la portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero.

Para ello, el Gobierno aragonés se escuda en que se pone "en riesgo" el bienestar de estos menores al "tensionar" a las autonomías, en lo que ha calificado como una "absoluta irresponsabilidad" del Gobierno de España.

Sostienen que Aragón "no tiene capacidad" de acogida

Atendiendo a la capacidad ordinaria de acogida que recoge la norma aprobada la pasa semana -elaborada en base a los datos facilitados por las propias autonomías-, Aragón podría recibir hasta 251 menores más, si bien la portavoz del Ejecutivo autonómico ha dicho que no tienen "capacidad para acoger" a los menores "en unas condiciones dignas".

"Aragón no tiene capacidad para acoger en unas condiciones dignas a 251 menores y hacerlo, además, con la total y absoluta falta de colaboración del Gobierno de España, que se está desentendiendo de la mayor crisis migratoria", ha aseverado.

No obstante, la portavoz del Ejecutivo aragonés ha recalcado que el Gobierno de Aragón no es "insumiso" y que cumplirá la ley, aunque ello no impida que se oponga y que cuestione un reparto en el que, a su juicio, el interés del presidente Sánchez "prima por encima del interés superior del menor".

"Si estamos llevando a cabo el recurso es porque es una imposición que se hace forzosa, una falta absoluta de colaboración, sin conocer la falta de capacidad de las comunidades autónomas", ha reiterado, añadiendo que esta manera de actuar "unilateralmente" causa "muchísima preocupación", también en las entidades que se ocupan del cuidado de estos menores por la "falta de planificación".