Arenas, Mayor y Rato piden a sus abogados que inicien acciones legales

El «caso Bárcenas» marcará la semana política. Hoy está citado a declarar en la Audiencia Nacional el ex tesorero Luis Bárcenas por el dinero que se le ha encontrado en una cuenta en Suiza. Y todo apunta a que esta semana, por fin, el PP concretará las anunciadas medidas judiciales por la divulgación de una supuesta contabilidad en «B» del partido. La dirección popular lleva semanas dando vueltas a este asunto, en manos de sus servicios jurídicos. Y, precisamente, ésa ha sido la justificación de los retrasos en concretar la defensa judicial que anticiparon cuando aparecieron las primeras informaciones sobre supuestos sobresueldos dentro de Génova.

Es verdad que la decisión depende de sus abogados, pero también es verdad que en ella influyen el contexto y los movimientos de Bárcenas. Hoy es un día clave y ayer fuentes solventes de la dirección popular confirmaban a este periódico que todo está preparado para que el PP, como partido, y también buena parte de su «plana mayor», a título particular, acudan a los tribunales para defender su honor. ¿Contra quién? El gran interrogante durante todas estas semanas ha sido si el PP iría, finalmente, contra su ex tesorero. En el PP los hay muy partidarios de andar ese camino y otros, mucho más reacios. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, se ha señalado por tomar la iniciativa por su cuenta y presentar una demanda civil contra «El País» y contra Bárcenas.

La demanda civil es menos fuerte que la penal y persigue, por ejemplo, una indemnización del demandado por los daños al honor causados. Se presenta entre dos particulares y exige la reparación de un daño mediante el cobro de dinero. Por la vía penal implica que al demandado se le imputa un delito y la correspondiente sanción que establece el Código Penal. Cospedal, con su gesto, desbordó la estrategia del partido y generó malestar con un movimiento que de puertas adentro se interpretó como una operación de cara a la opinión pública.

Al margen del criterio de los servicios jurídicos, dentro de la cúpula ha habido diferencias sobre el cuándo y el contra quién actuar. Finalmente, Javier Arenas, Rodrigo Rato o Jaime Mayor Oreja, por ejemplo, han dado ya poderes a abogados y procuradores para interponer sus acciones judiciales. Y en la misma línea irán otros ex dirigentes, como Ángel Acebes, y otros miembros de la actual dirección. Explican que los servicios jurídicos han determinado ir contra los que han difundido e injuriado al partido al sostener que se han repartido supuestos sobresueldos dentro de Génova. Es el caso, según citan, de «El País». Y dicen que también demandarán al autor o autores de los «papeles de Bárcenas», en los que se sustenta la denuncia de esa contabilidad en «B». Bárcenas negó su autoría ante Anticorrupción: todo apunta a que son suyos, aunque puede que no sean verdad en su literalidad.

Pero esa negativa del ex tesorero ante la Fiscalía es la justificación que alegan dentro del Partido Popular para hablar de «autores» y, por tanto, barajar la posibilidad de no citarle explícitamente. Habrá que ver cómo se sustancian estas acciones judiciales, porque ayer todavía dejaban incluso en suspenso si serán por la vía civil o la penal. Y sobre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desde Génova precisaban que la decisión no era aún definitiva. En Moncloa han sembrado dudas sobre el sentido de que el presidente se implique personalmente. Pero él tiene la última palabra.