Arrancan después de siete años las otras exhumaciones de Cuelgamuros

Después de seis meses de preparativos, este lunes arrancan las exhumaciones pendientes en el Valle de los Caídos, tras la salida de los restos mortales de Franco y José Antonio Primo de Rivera. Se trata de una operación que surgió de la petición de la familia Lapeña, pionera en 2016 con una sentencia judicial a cuyos efectos se han sumado otras 128, agrupadas en la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos.

En nombre de siete de esas familias, el abogado que les representa, Eduardo Ranz, presentó el viernes ante el Defensor del Pueblo una queja por el incumplimiento de las exhumaciones en Cuelgamuros precisamente a raíz del fallo dictado hace siete años. Según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial, los familiares obtuvieron el reconocimiento de su derecho a que los cadáveres fueran exhumados del Valle y trasladados donde decidieran. El auto al que se acogen reconocía en 2016 el derecho a los familiares de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, fusilados en 1936 por fuerzas franquistas, enterrados en Calatayud (Zaragoza) y reinhumados –sin permiso, aducen sus allegados– en el Valle de los Caídos en 1959.

En junio de 2021, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió a Patrimonio Nacional la licencia urbanística para las obras, pero la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) recurrieron porque consideraban que influiría en la «necesidad de respetar el sagrado reposo eterno» de los fallecidos y sus familias.

El pasado marzo, el Tribunal Supremo inadmitía el recurso de casación interpuesto contra la sentencia, de 20 de junio de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación a la licencia urbanística para la rehabilitación de accesos a las criptas. Nada impedía que los trabajos que comenzaron en diciembre dieran paso, una vez todo listo, al interior de los enterramientos. Y ese día ha llegado ya, con la primera intervención, mañana, en la Capilla del Sepulcro de un equipo integrado por forenses y apoyado por Policía Científica, con Elisa Cabrerizo, del Instituto de Medicina Legal de Granada –que fue número uno por las listas locales de Podemos a las elecciones del pasado 28 de mayo– y Enrique Dorado, José Luis Prieto y Elisa Ruiz, del Instituto de Medicina Legal de Madrid, entre otros.

Por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática forman parte de la comisión para las exhumaciones Francisco Etxeberria y Francisco Ferrandiz, junto a Rafael Bañón González, presidente del Comité Científico-Técnico del Consejo Médico Forense; Antonio Alonso, director del Instituto Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses, y Vidal Santos Yusta, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal. El mismo forense que certificó que el etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga se encontraba en situación terminal para justificar su excarcelación en contra del criterio de la especialista de la Audiencia Nacional que sostenía que su estado no era tal.

La tarea para obtener los datos de ADN para su cotejo se antoja complicada. En la zona donde estarían los Lapeña, como en otros osarios, hay partes mejor conservadas, según un estudio del Instituto Eduardo Torroja del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), pero los de posiciones inferiores han sufrido una humedad de décadas. La ADVC considera que se trata de una tarea «difícil» para la que «solo hay permiso judicial para buscar a los hermanos Lapeña; el resto sería una profanación». Esta semana advirtió por escrito al ministro de la Presidencia; a la ministra de Justicia; a la presidenta de Patrimonio Nacional –y representante legal de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos–, así como a la rectora de la Universidad de Granada, del «encargo de múltiples familias cuyos antecesores se encuentran inhumados en la totalidad de los 23 espacios de enterramiento, de ejercer cuantas acciones civiles y/o penales les puedan corresponder por la manipulación sin su conocimiento y autorización expresa y escrita».

Hace constar además «que es unánime la opinión forense de que al estar todos los restos mezclados resulta imposible localizar a nadie sin manipular los demás restos cadavéricos con los que comparta osario». El presidente de la ADVC, Pablo Linares, «deplora el uso electoral, una vez más, del comodín del Valle». Según sus palabras, «repugna a los criterios jurídicos y políticos más elementales que tienen vigor en el ámbito europeo la utilización de muertos con fines políticos».