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Congelación del diálogo entre Moncloa y los separatistas

El Gobierno, cercado por la presión interna y de la calle, paraliza las negociaciones con la Generalitat. Tras asumir las exigencias soberanistas, Moncloa certifica su fracaso por la insistencia del Govern en el referéndum

  • La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE/Chema Moya
    La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE/Chema Moya

Tiempo de lectura 4 min.

09 de febrero de 2019. 06:54h

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Ainhoa Martínez 8/2/2019

Pasadas las dos de la tarde y cumplido el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, el Gobierno ejecutó el volantazo en su estrategia de interlocución con la Generalitat para dar una salida al «conflicto» de Cataluña. Con la expectativa viva de que los partidos soberanistas pudieran tumbar las cuentas el miércoles, la oposición calentando la calle en la movilización del domingo en Madrid y con una profunda división interna en el seno del PSOE y del Ejecutivo a cuenta de las cesiones al independentismo, Moncloa maniobró oficializando el fracaso de la «operación diálogo» después de ocho meses de negociaciones. La vicepresidenta compareció tras el Consejo de Ministros con rostro circunspecto para anunciar la paralización de las conversaciones, porque «los grupos independentistas no aceptan el marco de diálogo que hemos propuesto». Carmen Calvo se aferró al escollo insalvable del referéndum de autodeterminación como un «planteamiento que el Gobierno no va a aceptar nunca» y que ha impedido seguir avanzando, «porque la salida al conflicto se debe producir en el marco del Estado de Derecho». «Cuando las partes no están de acuerdo en un elemento sustancial hay que parar», resolvió, dejando la puerta abierta a que este camino se pueda retomar en el futuro y manteniendo activa la «relación institucional» con Cataluña. El frenazo en las relaciones se produjo a iniciativa de Pedro Sánchez, y los independentistas aseguran que obedece a su negativa a aceptar la exigencia de retirar las enmiendas a la totalidad que amenazan actualmente los Presupuestos.

La decisión de congelar la interlocución con el independentismo se produce, no obstante, después de que el Gobierno haya ofrecido una propuesta «final», que ha sido rechazada y en la que avanzaban en sus cesiones al soberanismo. Moncloa la distribuyó y se ocupó de advertir que se trataba del «único documento» sobre el que han trabajado, desvirtuando así los 21 puntos que Quim Torra filtró hace dos días. En el texto quedaba reflejada negro sobre blanco la asunción de dos de las demandas soberanistas: la figura del relator y una mesa de partidos nacionales. En concreto, el Gobierno acepta la creación de una mesa de partidos conformada por «dos representantes, con capacidad de decisión en los dos ámbitos territoriales (estatal y catalán) de cada uno de los grupos políticos con representación en Cataluña y, en su caso, de las formaciones vinculadas a los mismo». «Al frente» de la misma estaría la controvertida figura del relator, que a pesar de evitar dejar por escrito su denominación, sus amplias funciones le ubican más cerca de un mediador que de un simple facilitador. Sería, por tanto, «una persona que permita la coordinación de los trabajos, de las convocatorias y fije el orden del día». También debería «ayudar a crear las condiciones idóneas para el diálogo, dar fe de los acuerdos alcanzados y determinar el seguimiento de su aplicación». El Gobierno se daba hasta finales de este mes de febrero para elegir al mediador y fijar la constitución y el calendario de la mesa de partidos.

Sin embargo, esta propuesta queda «encallada» –en palabras de la vicepresidenta– al no llegar a un acuerdo con los independentistas. Calvo lamentó que «las derechas no ayuden al diálogo», ninguneando las comisiones abiertas en el Congreso y el Parlament, en contraposición con la «lealtad cerrada del PSOE» cuando estuvo en la oposición. En la misma línea, criticó que «el campo soberanista tampoco acepte un diálogo que se enmarque en los términos de la legalidad». «Hemos hecho todo lo que se puede hacer», se lamentó la vicepresidenta, que reconoció haber advertido el jueves a Pere Aragonés que de que «no se podía dar más vueltas sobre el referéndum». El Ejecutivo tira la toalla en este sentido y dice que «centrará todos sus esfuerzos en pedir el apoyo a los Presupuestos» que se debaten en el Congreso la próxima semana. Se refiere también a las fuerzas soberanistas, ERC y el PDeCAT, «que tendrán que explicar por qué anteponen sus intereses a los de los españoles». La vicepresidenta del Gobierno reconoció que en caso de que las cuentas no salgan adelante «el tiempo de la legislatura se acorta».

La paralización de la negociación con el soberanismo causó alivio entre los críticos. Fuentes cercanas a Emiliano García-Page aseguraban a LA RAZÓN «valorar muchísimo que se hayan tenido claros cuáles son los límites». «Con la soberanía nacional ni se duda ni se negocia», resuelven. En la misma línea, el presidente de Aragón, Javier Lambán, escribía en su cuenta de Twitter: «Celebro que Pedro Sánchez, cargado de razón, retire la propuesta del «relator» y de por rotas las negociaciones con los separatistas».

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