Asesinato de Gregorio Ordóñez: dos etarras arrepentidos señalan a la cúpula

Impulso histórico a las investigaciones contra exdirigentes etarras por su supuesta responsabilidad en los atentados cometidos cuando formaban parte de la cúpula terrorista. Según ha podido saber LA RAZÓN, dos presos de ETA han admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal -que investiga a cinco exjefes de la banda terrorista por el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995- que era la cúpula terrorista la que daba la orden a los "comandos" cuando los objetivos eran políticos.

Según manifestaron los dos presos etarras -en una comparecencia sin precedentes por la conocida renuencia de los miembros de ETA a colaborar en el esclarecimiento de atentados una vez detenidos o encarcelados-, cuando se trataba de atentar contra los objetivos que calificaron de "permanentes" (policías, guardias civiles y militares), los miembros del "comando" tenían autonomía para cometer la acción criminal. Pero, según explicaron, cuando en el punto de mira estaban políticos como Ordóñez o Miguel Ángel Blanco, "era la cúpula la que daba la orden", explican fuentes conocedoras de la investigación.

El testigo protegido identificado como 001, que se integró en ETA en la década de los 80, explicó que en esos años estaban al frente de ETA Francisco Múgica Garmendia, "Pakito", Joseba Arregi, "Fiti", y José Luis Álvarez Santacristina, "Txelis" -que no están siendo investigados en las causas contra exjefes etarras- y corroboró que era la Zuba la que tomaba las decisiones en relación a esos atentados contra políticos.

Apuntan a diez exjefes de ETA

En esa misma línea, según las fuentes consultadas, el testigo protegido 002, que formó parte de ETA entre 1993 y 2001, cuando fue detenido, también señaló a la cúpula etarra. Pero su testimonio sí apuntó directamente a exdirigentes etarras imputados en varios procedimientos por su supuesta responsabilidad en diversos atentados. Según explicó, en esos años estaban en el comité directivo de la banda terrorista Mikel Albisu, "Mikel Antza"; Soledad Iparraguirre, "Anboto"; José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri"; Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería"; Javier García Gaztelu, "Txapote"; Juan Antonio Olarra Guridi; y Ainhoa Múgica.

La confesión de los dos terroristas arrepentidos, en calidad de testigos protegidos (por lo que su identidad no ha trascendido, aunque como se ha apuntado ambos formaron parte de los "comandos" entre los años 80 y 2001), será determinante por tanto para apuntalar los indicios contra los imputados por el asesinato de Ordóñez -José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri"; Julián Achurra, "Pototo"; Juan Luis Aguirre Lete, "Isuntza"; Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería"; y Mikel Albisu, "Mikel Antza", estos dos últimos en libertad.

De momento, las declaraciones que los dos presos etarras prestaron ante la Guardia Civil el pasado 3 de febrero (ratificadas judicialmente el 31 de marzo) ya se han incorporado al procedimiento en el que el juez Manuel García Castellón investiga a cuatro exdirigentes etarras -"Mikel Antza", "Kantauri", "Iñaki de Rentería" y Soledad Iparraguirre, "Anboto"- por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y, según las fuentes consultadas, esos testimonios (y los que prestaron posteriormente en la Audiencia Nacional) también nutrirán las diligencias en otras causas en la que están investigados exdirigentes de la banda criminal por otros atentados cometidos cuando formaban parte de la Zuba o comité ejecutivo de ETA (tras las querellas interpuestas por Dignidad y Justicia, en las que su abogado, Miguel Ángel Rodríguez Arias, apunta a su responsabilidad por autoría mediata por la posición de dominio que ostentaban).

Pieza secreta

La declaración de los dos etarras arrepentidos se ha realizado en el marco de una pieza secreta del "caso Gregorio Ordóñez", en el que además de la Fiscalía están personadas como acusaciones populares el PP, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, además de la familia del que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián en calidad de perjudicada.

La investigación judicial señala que tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart (Francia), "Iñaki de Rentería" y Mikel Albisu fueron los encargados de reorganizar "estructural y operativamente" la banda terrorista, sumando a la dirección a "Kantauri", Aguirre Lete y "Pototo" entre finales de 1994 y 1995.

En ese periodo, el comité directivo etarra impulsó a partir de julio de 1993 una campaña para desestabilizar al Estado atentando contra militantes del PP y PSOE con el objetivo de forzar al Gobierno a negociar. Es precisamente en el ámbito de esa "estrategia de desestabilización" en la que se ordena el atentado contra Ordóñez. Para el juez Abascal, por tanto, fue el comité ejecutivo de ETA el que tomó la decisión "de forma colegiada" de atentar contra militantes y dirigentes de ambos partidos, convirtiéndolos en "objetivos prioritarios".