Asesinato del juez Querol: el fiscal reclama que un etarra investigado no pueda salir de España

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido en apelación la negativa del juez Santiago Pedraz a imponer medidas cautelares a uno de los ocho etarras investigados por el asesinato, el 30 de octubre de 2000, del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol. En un escrito remitido a la Sala Penal al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el fiscal del caso, Carlos Bautista, reclama a la Sección Tercera que anule la decisión del instructor y que acuerde la retirada de pasaporte y prohibición de salir de España del supuesto integrante del «comando Buru Hauste» Oier Goitia, el único de los imputados por este atentado (en el que también fueron asesinados el chófer y el escolta del magistrado y un conductor de autobús) que se encuentra en libertad.

El pasado 23 de marzo, Pedraz tomó declaración a Goitia (que compareció por videoconferencia desde los juzgados de Bilbao, pues se encuentra en libertad desde junio de 2020) y desoyó las peticiones que le hicieron tanto la Fiscalía como la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia y la acusación que ejerce la hija de Querol, que le instaron sin éxito a que retirase el pasaporte al etarra, le prohibiese salir de España y le obligase a presentarse en el juzgado de forma periódica.

El fiscal recurrió esa resolución en reforma, pero el magistrado reiteró su criterio el pasado 14 de abril, un auto que el Ministerio Público lleva ahora ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

Tras su declaración, Pedraz únicamente instó a Goitia a facilitar un domicilio y un número de teléfono para estar localizado por el juzgado. Pero para la Fiscalía esas medidas no son suficientes para garantizar «el deber de estar a disposición de la administración de justicia durante todo el proceso», por lo que propugna que se imponga al imputado «una restricción de salidas del territorio nacional».

Medida "obligada"

Y en cuanto a las comparecencias en el juzgado solicitadas, Bautista defiende que esa medida «no es en modo alguno eludible ni sometida a la discrecionalidad judicial, sino obligada cuando se adquiere el status de imputación», porque esa carga «se asume a raíz de la imputación, por motivo de ésta y no puede ser eludida». Para el fiscal su situación de libertad provisional conlleva la comparecencia «con la periodicidad que se fije».

Tras admitir a trámite una querella de Dignidad y Justicia (DyJ) en diciembre de 2021, Pedraz investiga si se puede achacar responsabilidad penal a la cúpula de ETA por el atentado.

Además de Goitia, están investigados en esta causa los etarras Ana Belén Egüés, Gorka Palacios, Juan Luis Rubenach, Iván Apaolaza, Javier García Gaztelu «Txapote», Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica.

Admite que gestionó el piso del "comando"

Pedraz ha pedido a la Guardia Civil que le aclare si algún documento incautado a la dirección de ETA en Francia refleja reuniones entre la cúpula y el «comando Buru Hauste» (una de las denominaciones del «comando Madrid»).

En su declaración judicial, Goitia –que fue condenado por depósito de explosivos– reconoció que fue captado por ETA por correo mientras estudiaba en la Universidad de Barcelona y que colaboró con la banda criminal entre marzo y diciembre de 2000 gestionando el piso franco del «comando Buru Hauste» en Salamanca. Según dijo, nunca formó parte del «comando» ni vio explosivos en la vivienda, como tampoco supo que el atentado contra el juez Querol se fuese a cometer.

Su contacto era Juan Luis Rubenach, «Zurdo» y se desplazaba periódicamente desde Barcelona a Salamanca para mantener la apariencia de que el piso estaba ocupado. El etarra negó que preparara la bomba lapa que se utilizó para asesinar al magistrado del Tribunal Supremo y que manipulara las matrículas falsas que se usaron en el atentado.