La Asociación de Fiscales insta a Llop a no proponer a Delgado como fiscal de Memoria Democrática

La Asociación de Fiscales (AF) reclama a Pilar Llop que no proponga mañana al Consejo de Ministros el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática al entender que el procedimiento de su designación por parte del fiscal general es nulo de pleno derecho al no contar con el preceptivo informe del Consejo Fiscal celebrado la pasada semana, cuando la mayoría de los vocales se negaron a votar ante la negativa de Álvaro García Ortiz a investigar una posible causa de incompatibilidad de la exministra por su relación con Baltasar Garzón.

Así lo pone de manifiesto en un escrito remitido a la ministra de Justicia que agota la vía administrativa como paso previo a un posible recurso contencioso ante el Tribunal Supremo.

En esa misiva, la asociación mayoritaria de la carrera fiscal -que ya intentó sin éxito, al igual que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que el fiscal general suspendiese el Pleno al estar ya disueltas las Cortes tras el adelanto electoral- recuerda que los seis vocales de la AF "no informaron sobre la idoneidad de ninguno de los candidatos" a la plaza. Y no intervinieron tampoco (al igual que el vocal de APIF) "ni en la votación sobre esta cuestión", pese a lo cual -añade la Comisión Ejecutiva de la asociación que preside Cristina Dexeus- García Ortiz acordó proponer su nombramiento "contando únicamente" con el voto favorable de uno de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de las dos vocales natas del Consejo Fiscal.

"Inspirada en los postulados de Garzón"

La AF cuestiona la imparcialidad de Delgado para ejercer el cargo por su relación sentimental con el exjuez de la Audiencia Nacional, al frente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), creada en 2011, y especializada en la defensa de los derechos humanos.

"No es en absoluto aventurado señalar que muchas de las denuncias que al amparo de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática lleguen a la nueva Fiscalía que lleva ese mismo nombre -señala la AF- estarán firmadas por Fibgar".

Para la asociación, situar a Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos resulta "inadmisible" cuando "es su pareja sentimental quien viene reclamando, al menos, desde el año 2014, la creación de tal Fiscalía Especializada", por lo que hace hincapié en que designarla para el cargo supondría "un frontal ataque al principio de imparcialidad", puesto que "cualquier actuación o doctrina salida de la Fiscalía de Memoria Democrática podrá entenderse inspirada en los postulados del sr. Garzón y producida en beneficio del mismo, sea de manera directa o indirecta".

Sin el informe del Consejo Fiscal

La AF alude además como muestra del "apoyo manifestado constantemente" por Delgado a "los postulados" del exjuez de la Audiencia Nacional su colaboración "en todo tipo de encuentros, cursos y jornadas" junto a Garzón, "al que acompaña de forma asidua dentro y fuera de España".

La asociación defiende que su legitimación activa "para impugnar en vía jurisdiccional el nombramiento", debe extenderse "a la posibilidad de evitar que la propuesta de nombramiento de fiscal de Sala planteada por el fiscal general del Estado culmine de manera efectiva con ese nombramiento, si concurre, como en este caso, una causa de nulidad de pleno Derecho".

Según recuerda, el artículo 13.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que las propuestas de nombramiento formuladas por el fiscal general del Estado requerirán el "previo informe del Consejo Fiscal", que la mayoría de los vocales (siete de los once que votan los nombramientos sobre los que después decide el fiscal general) "no emitieron".

Todos ellos, explica, "consideraron que no se encontraban en condiciones de cumplir su función de informar esa propuesta, dado que, con carácter previo, entendían que debía aclararse la posible causa de incompatibilidad", que entendían "determinante para poder emitir el informe".

Falta de quorum

Y es que, insisten, si concurriese esa causa de incompatibilidad "no procedería valorar" la candidatura de la exministra de Justicia "en perjuicio del resto de fiscales que optaban a esa plaza y que cumplían los requisitos para ser propuestos".

Además, hace hincapié, "es el Consejo Fiscal el órgano encargado de valorar la concurrencia de una causa de incompatibilidad", por lo que en el ejercicio de esta función "no actúa como órgano de asesoramiento" sino como órgano "decisorio". Es decir, subraya, ese informe "no puede considerarse como un mero acto de trámite".

Para la AF, en este caso la actuación de la mayoría de los vocales "no puede considerarse como un “voto negativo” o como una “abstención”, sino como la no emisión del preceptivo informe" exigido por ley "por causa justificada", lo que equipara a "una falta de quorum". Por lo tanto, concluye, la propuesta de nombramiento avalada por García Ortiz y la posible propuesta que haga en ese mismo sentido Llop al Consejo de Ministros "incurren en causa de nulidad de pleno derecho".

APIF: García Ortiz asumió una competencia del Pleno

APIF también ha dado un paso al frente para frenar la designación de Delgado y en una carta remitido a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, cuestiona el procedimiento seguido para su propuesta de nombramiento. La Comisión Ejecutiva de la asociación mantiene que, tras ausentarse del Pleno los siete vocales discrepantes, García Ortiz tomó la decisión decidiendo "lo que era competencia del Consejo Fiscal en pleno". Soslayando así, añade la APIF, "esa garantía legal que establece la ley para impedir que casos de conflicto de intereses se puedan producir en el seno de la Fiscalía".

"Ello no impidió que el fiscal general continuara el acto, a pesar de que el Reglamento del Consejo Fiscal establece, en su artículo 3, que el Pleno quedará válidamente constituido cuando se hallen presentes, al menos, ocho de sus miembros, de los que seis deberán ser vocales electivos", recuerda.

La asociación advierte a Bolaños de que esa "incidencia" determinará "sin duda alguna" la existencia de "litigación jurisdiccional tanto sobre la nulidad o no de la propuesta, así como –tal vez- de otro tipo de responsabilidades".