Las asociaciones judiciales y de fiscales insisten contra las "leyes Bolaños": recaban apoyos y auxilio de Europa

Jueces y fiscales siguen desplegando su plan de acción contra las "leyes Bolaños" que consideran una amenaza contra la independencia judicial y los principios esenciales del Estado de Derecho.

Todas las asociaciones judiciales y de miembros de la Fiscalía (menos las progresistas) han puesto fecha y hora a las distintas reuniones que mantendrán con el resto de colectivos del mundo judicial a los que también afectará las reformas que planea el Gobierno.

A parte de realizar un parón en todo el país el próximo 11 de junio, se sentarán el martes con el presidente del Consejo General de la Abogacía; el miércoles frente al de Procuradores y ya el próximo viernes con la de la Asociación de Abogados del Estado.

El lunes de 9 de junio las agrupaciones de ambas Carreras mantendrán encuentros con el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y el máximo responsable del Consejo General de Graduados Sociales.

Como confirman en su actualización de este viernes, han recibido la adhesión a su oposición por parte de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil -sobre la que ya informó LA RAZÓN-, la de la Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho, y de otras muchas entidades.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), junto a la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), explican que ya han remitido a las instancias europeas sus advertencias sobre qué graves riesgos implicarán las medidas que pretende sacar adelante el Ministerio de Justicia.

Concretamente, han hecho llegar sus informes técnicos sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que prevé darle la instrucción de los casos a los fiscales; los cambio en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dará más poder sobre los miembros del cuerpo al fiscal general del Estado y, por último, en cuanto a la modificación del acceso a la magistratura y al Ministerio Público que implicará la estabilización de miles de sustitutos.

Han expuesto las razones por las que prevén que dejará nuestra Justicia fuera de los estándares europeos en cuanto a independencia judicial y separación de poderes que establece el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su jurisprudencia.

Se han dirigido al GRECO, a la Comisión Europea, a la de Venecia y al Parlamento para exigir también "la activación de los mecanismos de supervisión disponibles en cada una de estas instancias, con el fin de que se adopten medidas que contribuyan".

Como último punto del comunicado recuerdan que, de no rectificar el ministro socialista Félix Bolaños, pueden ir a la huelga más pronto que tarde.