El ataque a la Monarquía, uno de los cinco ejes del marco para buscar una investidura de Sánchez

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, fugitivo de la Justicia española, controla personalmente la agenda de la negociación de una posible investidura de Pedro Sánchez, y, ante las filtraciones de Moncloa para asentar la imagen de que el proceso está encauzado, ayer arrojó tierra sobre estos argumentarios que se hacen circular por Madrid para confirmar que sí que hay conversaciones, pero que las condiciones las fijará él, desde Bruselas, la semana próxima.

Puigdemont pretende rentabilizar al máximo posible el hecho de que Moncloa haya querido reconocerle su condición de protagonista de la formación del nuevo Gobierno de España en base a los resultados del 23J. Está procesado por corrupción y es el líder de la quinta fuerza más votada en Cataluña en las últimas elecciones, pero, aun así, el portazo de Pedro Sánchez a la oferta de Alberto Núñez Feijóo le refuerza en una negociación en la que se juega su crédito ante su parroquia. Los resultados electorales de Junts han sido mediocres, pero peor le ha ido a ERC tras su decisión de colaborar «pragmáticamente» en Madrid. Mientras ERC colaboraba, Puigdemont ha sostenido siempre su liderazgo ante la parroquia soberanista tachando de «traidor» al partido de Oriol Junqueras por olvidarse de la «causa real de la lucha», la independencia de Cataluña, para buscar sólo un arreglo para la situación personal de algunos de sus dirigentes afectados por las consecuencias judiciales del 1-O. Puigdemont aclaró ayer que no hay «ninguna negociación en marcha con nadie ni se ha presentado ningún proyecto de amnistía a ningún partido». Sí hay «conversaciones»: solo para que se haya abierto la puerta a sentarse a negociar ha sido necesario un principio de acuerdo entre todos los principales actores de los que depende Sánchez (Junts, ERC, PNV, Bildu y Sumar). Las bases de ese principio de acuerdo para intentar llegar a un pacto de investidura son cinco grandes ejes, que incluyen, por supuesto, la amnistía y el referéndum de autodeterminación, pero, también, el desarrollo de políticas laicistas, el cuestionamiento de la Monarquía y el capítulo de la vivienda. Esto es sólo un primer esbozo de los temas que deben estar en la «mesa», ampliables, y que tendrán que ir ajustándose a cómo avancen las conversaciones. Pero que constan ya como primera declaración de intenciones.

Las dos exigencias principales de Puigdemont son el borrón y cuenta nueva para todos los dirigentes independentistas que estén sometidos a un proceso judicial por haberse saltado la legislación vigente desde la consulta que organizó el gobierno de Artur Más hasta el referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero los socios de Sánchez quieren avanzar también en otras cuestiones que figuran como puntos centrales en su hoja de ruta para tumbar el régimen constitucional del 78, y ahí entra la Monarquía y también la Iglesia. Al final, la alianza debe tener un objetivo de «cambio estructural ideológico de la sociedad española», explican desde uno de los partidos implicados en la negociación de la investidura. Dicho de otra manera, la condición para facilitar un nuevo Gobierno de Sánchez con Sumar es que esta legislatura sea una etapa constituyente, pero por la puerta de atrás, porque no tienen la mayoría necesaria para afrontar una reforma de la Carta Magna, ni siquiera una reforma estatutaria, ya que el PP podría tumbarla en el Senado gracias a su mayoría absoluta.

Las condiciones que presente la semana que viene Puigdemont delimitarán el marco real de la negociación de Sánchez para ser investido porque hasta ahora todo lo que se ha visto son fuegos de artificio. La propuesta que ayer trasladó el lendakari, Íñigo Urkullu, a través de «El País», fue otra puesta en escena por parte del PNV para intentar poner sordina a la idea que se esta instalando en el imaginario político y popular de que el único que tiene mando sobre Sánchez es el ex presidente fugado de la Justicia. Los nacionalistas necesitan hacerse valer ante la competencia electoral con Bildu de cara a las próximas elecciones autonómicas y la investidura de Sánchez es una meta volante hacia esos comicios vascos. Ahora bien, cualquier cambio en el Título VIII de la Constitución, ellos hablan de más autogobierno vasco y de un modelo plurinacional, requiere del concurso del partido que ganó las elecciones generales, de los populares.

Al PSOE, esto no se puede negar, le ha salido barato el acuerdo para la Mesa del Congreso porque, más allá del teatro sobre la utilización de todas las lenguas oficiales en la UE cuando todos sabían que éste es un tema complicado y largo en su tramitación, el pago ha sido estrictamente económico, la cesión de diputados socialistas para que ERC y Junts puedan formar grupo propio y disponer de las ventajas que esto implica según el Reglamento de la Cámara Baja.

Pero la negociación de verdad empieza ahora, como han dicho siempre desde Junts. De momento, según subrayó ayer Puigdemont, lo único que ha habido es diálogo, del que se han cobrado las primeras cesiones socialistas, pero la negociación de la investidura comenzará en los próximos días. «Si hay o no margen para negociar la investidura de Sánchez lo veremos en los próximos días», puntualizó ayer el expresidente catalán.