Atentado de Sangüesa: la Policía apunta a siete exjefes de ETA pero exculpa a "Txeroki"

Siete exjefes de ETA formaban parte de la dirección de la banda terrorista a la que la Policía responsabiliza del atentado cometido el 20 de mayo de 2003 en la localidad navarra de Sangüesa (Navarra) en el que fueron asesinados los policías Julián Embid y Bonifacio Martín Hernández, hiriendo además de gravedad a otro agente y a un vecino del municipio. En un informe remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, la Comisaría General de Información responsabiliza de esa acción criminal a Ibon Fernández de Iradi, «Susper»; Gorka Palacios; Félix Ignacio Esparza; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Ramón Sagarzazu; María Soledad Iparraguirre, «Anboto»; e Ignacio López de Vergara (como responsables de los «aparatos militar, logístico, político, internacional, de finanzas y de acogida»).

Sin embargo, la Policía no sitúa aún en esas fechas en el comité ejecutivo de la banda terrorista a los que fueron máximos dirigentes de ETA Garikoitz Aspiazu, «Txeroki», y Aitzol Iriondo.

Según los autores del exhaustivo informe de 215 folios –al que han tenido acceso LA RAZÓN– «no existen pruebas o indicios que posibiliten afirmar que en aquella época» ambos formaban parte «del máximo nivel de dirección de ETA» siendo miembros de la Zuba, «a pesar de que sí tenían un cierto nivel de responsabilidad dentro de las estructuras de la organización».

Más ambigua se muestra la Policía respecto a los etarras Garikoitz Arruarte y Gorka Loran Lafourcade –contra los que también se querelló Dignidad y Justicia en la denuncia en la que señalaba a ocho exjefes etarras–, pues reseña que «no se han hallado datos suficientes para afirmar ni excluir la participación material» de ambos en el atentado, aunque matiza que esta «pudiera ser posible».

Vincula a "Ata" y Zaldua con el atentado

Sí advierte «ciertos indicios» de la posible relación con el doble asesinato de Sangüesa de los entonces presuntos miembros «liberados» (a sueldo) del «comando Basajaun» Mikel Carrera Sarobe, «Ata», e Itxaso Zaldua. No obstante, en la sentencia en la que absuelve a esta última del asesinato de Manuel Giménez Abad en 2001 la Audiencia Nacional no da por probado que Zaldua perteneciese a ese «comando», como defienden la Fiscalía y las asociaciones de víctimas.

Como en anteriores informes policiales en el marco de distintas causas abiertas en la Audiencia Nacional para dilucidar la supuesta responsabilidad de la excúpula etarra en los atentados cometidos mientras formaban parte de la dirección de la banda criminal, la Comisaría General de Información señala ahora que el comité ejecutivo de ETA «funcionaba de forma colegiada y en él se adoptaban las decisiones estratégicas y en muchas ocasiones tácticas». Incluido el diseño, planificación, coordinación, dirección y, en ocasiones, «también la orden o autorización de realizar los atentados».

De hecho, el informe encuadra el atentado de Sangüesa en la operación «Oraindik Hemen» de ETA contra miembros de las Fuerzas de Seguridad y militares, que «estuvo planificada y dirigida» por la dirección ejecutiva etarra.

Objetivo: "Llevar a alguno al agujero"

Según los autores del informe, en 2002 se produce «un punto de inflexión» en la estrategia de ETA al impulsar esa operación, con la que «pretendía llevar al extremo su capacidad militar contra las fuerzas policiales». Una estrategia que fue «asumida por la jefatura del ‘‘aparato militar’’ y ejecutada por los ‘‘comandos’’» que la dirección «controlaba», con el objetivo de expulsar del País Vasco y Navarra a las «fuerzas policiales y militares españolas».

La Policía hacer referencia a la documentación incautada a ETA en diciembre de 2002 en Tarbes (Francia) dirigida al «comando Basajaun», en la que se le insta a llevar a cabo una «acción violenta en ese frente» (la operación Oraindik Hemen) y «llevar a alguno al agujero», siendo los objetivos la Guardia Civil, la Policía Nacional y militares, así como los ertzainas («zipaios») y edificios del Estado español (poniendo de ejemplo los del Opus Dei).

La Zuba asumía, entre otros cometidos, el de «proporcionar los medios personales y materiales necesarios» a los distintos «comandos» para llevar a cabo esas acciones criminales. Su materialización obedecía, recalca, a un «plan elaborado por la cabeza de la organización» dada la «férrea disciplina» imperante en esa «cadena piramidal» que dominaba desde la cúspide la Zuba con su «control total sobre los actos de sus militantes».

Los "meses del Titadyne"

La Policía señala respecto a «Txeroki» que pese a que en 2004 «comenzó su ascenso» dentro del «aparato militar», en el momento del atentado «no hay constancia de que ocupara esos puestos de máxima responsabilidad», pues aún era uno de los responsables del «subaparato de formación «encargado de formar a los nuevos militantes de ETA».

En la querella contra la cúpula de ETA, el entonces abogado de la asociación Miguel Ángel Rodríguez Arias situaba este atentado en lo que denominaba los “meses del Titadyne” (entre el 30 de mayo y el 26 de diciembre de 2003), periodo en el que se produjeron “al menos 18 atentados con Titadyne en seis meses, uno cada diez días en algún lugar de España”, una estrategia criminal cuya responsabilidad por autoría mediata -dado la posición de dominio que ostentaban en el seno de la banda terrorista- atribuía a su cúpula, "que lo apostó todo" -subrayaba- a "una interminable secuencia de atentados bomba".