La Audiencia ordena investigar el acoso de ETA a políticos para expulsarlos del País Vasco

El magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha admitido a trámite una querella de Dignidad y Justicia (DyJ) contra diez exjefes de ETA por asesinato, coacciones y amenazas terroristas por el atentado que el 4 de junio de 2000 costó la vida a Jesús María Pedrosa, entonces concejal del PP en Durango (Vizcaya). Este es uno de los 379 asesinatos de ETA todavía sin autor conocido.

En resolución, Abascal explica que desde principios de los años 80, ETA actuaba a través de una estructura jerárquica en la que su cúpula o comité ejecutivo asumía todas las funciones directivas y la tomas de decisiones para atentar, por lo que la estrategia diseñada por la Zuba se difundía a todos los militantes. "El comité ejecutivo -explica- decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado”.

Tras analizar los informes policiales, el magistrado advierte indicios delictivos en la denuncia, pues según señala las amenazas que recibió el concejal antes de su muerte y su posterior asesinato "evidencian el carácter concursal y conexo entre el intento de expulsión y el propio asesinato que se produjo, tal y como la propia organización terrorista reivindicó" en un documento, Zuzen 79, "contra los políticos responsables del aplastamiento de Euskal Herria". Tras estos comportamientos delictivos Abascal ve una "estrategia de terror continuada, indiscriminada y persistente que alimenta el clima de amenaza con vocación de perdurar en el tiempo".

Una "estrategia de terror"

Para el magistrado, el atentado contra Pedrosa no sólo es un asesinato terrorista. "Supone, además, una amplificación y un refuerzo de esa amenaza terrorista, formando parte de esa estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente, hasta el año 2011, y con eso no solo se acaba con la vida de la concreta persona", sino que -añade- "se alimenta ese clima de amenaza creado con vocación de perdurar durante el tiempo”. Un clima de amenazas que -según señalaba en la querella el abogado de DyJ Miguel Ángel Rodríguez Arias- tuvo que padecer el edil popular por parte de la banda terrorista y su entorno para que abandonara el País Vasco, antes de ser finalmente asesinado.

Para esclarecer las condiciones en las que se produjo el asesinato del concejal, el magistrado de la Audiencia Nacional admite a trámite la querella de DyJ y ordena la práctica de varias diligencias para aclarar la supuesta responsabilidad de los integrantes del comité ejecutivo de ETA en el momento del atentado. Con ese objetivo, solicita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional un informe que incluya las acciones de amenazas, coacciones y hostigamiento cometidas contra militantes de partidos políticos constitucionalistas en el periodo de tiempo inmediatamente anterior, simultáneo y posterior al asesinato del concejal en junio de 2000, "debiendo evaluarse en concreto si, como consecuencia de ese clima intimidatorio, dichas personas pudieron abandonar el País Vasco".

Para intentar determinar así, según el juez, su participación en las coacciones, amenazas y posterior asesinato, bien como autores mediatos, bien como responsables del delito cometido por la organización terrorista en comisión por omisión.

En este nuevo paso al frente de la Audiencia Nacional contra los dirigentes etarras por su presunta responsabilidad -por autoría mediata o dominio de la organización- en la actividad criminal desarrollada bajo su mando, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 investigará ahora a Ignacio Gracia Arregui, “Iñaki de Rentería”; Javier García Gaztelu, “Txapote”; Juan Antonio Olarra Guridi; Ainhoa Múgica; Asier Oyarzábal; Juan Carlos Iglesias Chouzas, “Gadafi”; Mikel Albisu, “Mikel Antza”; Vicente Goicoechea; Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparraguirre, “Anboto”.

“Política de expulsiones forzadas”

En su querella, la asociación que preside Daniel Portero considera este asesinato como un exponente de la “política de expulsiones forzadas de distintos sectores de población no nacionalista” dirigida por la Zuba o comité ejecutivo de ETA desde finales de 1977, por lo que instaba a la Audiencia Nacional a investigar “la política de expulsiones” a la que fue sometido el propio concejal popular, que ve “absolutamente determinante de su asesinato”, y, por ende, la que tuvo por objetivo a otras víctimas de la banda criminal.

Para DyJ su asesinato se produjo por su “resistencia cívica y heroica a abandonar el País Vasco” tras padecer una “larga campaña de coacciones y amenazas terroristas”. Un “crimen instrumental o ejemplificante” cuyo objetivo era, añade, amedrentar a “otros muchos perseguidos a los que ETA igualmente quería expulsar” del País Vasco (entre 60.000 y 200.000 personas, según los datos del Instituto Vasco de Criminología -del 5 al 10% de la población- tuvieron que claudicar ante la presión etarra). La denuncia incidía por este motivo en la necesidad de afrontar una investigación judicial para llenar el vacío ante lo que califica del “mayor crimen en número de sujetos pasivos perpetrado en España desde la Constitución”.