La Audiencia confirma el archivo de la causa para el empresario Raúl Gorrín en la investigación por PDVSA

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo acordado por la magistrada María Tardón para el empresario y propietario del canal Globovisión, Raúl Gorrín. Los magistrados de la Sección Cuarta desestiman el recurso interpuesto por la acusación popular, que pretendía seguir investigándole, y concluyen que "no hay justificación alguna" para mantenerle imputado en las diligencias abiertas por el presunto desfalco de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En concreto, razonan que suscriben "en su integridad" los alegatos de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional que el pasado 27 de junio archivó las diligencias para el empresario ante la ausencia de indicios que le incriminen en este procedimiento. Ahora, la Sala de lo Penal confirma dicho criterio y recalca que no se le puede atribuir ni blanqueo de capitales ni pertenencia a organización criminal.

Al contrario, entienden que no se ha producido irregularidad alguna en la compra de inmuebles en España por parte del empresario venezolano a través de la firma Eaton Global Services Limited la cual, a su vez, canalizó un préstamo de Rantor Capital C.A. Pese a las acusaciones acerca de que habría blanqueado fondos provenientes de la petrolera estatal venezolana, la Sala concluye que los bienes en cuestión se adquirieron con "fondos de origen lícito depositados en entidades financieras españolas".

No ha habido blanqueo de capitales

Así pues, descarta que se cometiera delito alguno con su actuación "con independencia de las conductas adoptadas por otros investigados que hayan operado en el tráfico mercantil con la entidad Columbus One Properties S.L"; entidad que también estuvo investigada en estas diligencias y para la que se sobreseyeron las actuaciones. Por ese motivo, avalan las conclusiones de la instructora del "caso PDVSA" que concluye que "ningún acto de transformación de capitales obtenidos de una fuente delictiva ha podido constatarse en el presente caso" respecto de Raúl Gorrín.

La imputación del empresario venezolano en el procedimiento se produjo a raíz de un informe de la UDEF adherido al procedimiento en 2019 que le atribuyó en el presunto cobro irregular de 600 millones de dólares procedentes de PDVSA. La Policía Judicial le implicó en una operación relacionada con una línea de crédito que concedió la sociedad venezolana Rantor Capital C.A a la petrolera bolivariana. Según razonaron, el derecho de cobro fue cedido en 2014 a Eaton Global Services Limited, mercantil que estaba controlada por Gorrín en el momento de los hechos y que habría percibido los fondos de la empresa venezolana.

Frente a esta tesis (acogida por la acusación popular para evitar su archivo), la defensa de Gorrín recordó que también salió indemne de un procedimiento seguido en los juzgados de Caracas. En concreto, la defensa del magnate aportó a la Audiencia Nacional una resolución dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en funciones de Control Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en septiembre de 2020, en el marco de la cual se acordó el archivo de la causa para él y para otros investigados por estos hechos.

Se levantan las medidas cautelares

"Ante la falta de justificación de la comisión de ningún hecho delictivo, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto del investigado solicitante, debiendo, asimismo, alzarse cuantas medidas cautelares se hubiesen adoptado respecto del mismo", concluyen los magistrados. Al hilo, avalan el criterio de la juez acerca de que la instrucción con respecto a Gorrín está agotada y, por lo tanto, no es extemporánea, tal y como sostiene la Fiscalía Anticorrupción.

De hecho, razonan que la carencia de elementos que incriminen a Gorrín en estas diligencias hace que no puedan determinar "ni tan siquiera indiciariamente" caracteres delictivos con su conducta. Así pues, consideran que lo relativo a la línea de crédito a PDVSA es un "asunto civil de interpretación de contratos por concurrencia de actos neutrales", que tendría que resolverse en el orden jurisdiccional competente, pero en ningún caso en la vía penal.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional incoó estas diligencias en 2018 para investigar un presunto desfalco del gigante público venezolano. En el marco de las mismas se fueron abriendo líneas de investigación, tales como la relativa a la actuación del exviceministro venezolano Nervis Villalobos o la que se siguió contra una serie de mercantiles cuyos fondos se rastrearon ante la sospecha de que se utilizaron para defraudar el patrimonio de PDVSA. Ambas pesquisas han terminado también archivadas.