La Audiencia de Madrid une al resto del caso los indicios de que la asesora de Begoña trabajó "para favorecer su plan delictivo"

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a respaldar al juez Juan Carlos Peinado en que hay indicios para investigar que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez "pudiera haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones públicas para favorecer el plan delictivo" de la mujer de Pedro Sánchez.

Así lo evidencia una de las tres nuevas resoluciones de la instancia superior al instructor del "caso Begoña Gómez" a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Los magistrados madrileños apuntan a que durante la investigación hay muestras de que Álvarez "ha participado desde su puesto de funcionaria de libre designación de Presidencia del Gobierno, en actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del presidente".

Lo que implicaría –dice la Audiencia de Madrid– una "desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados". Que constituiría a nivel penal el delito de malversación de caudales públicos por los que investiga el juez Peinado a Gómez, a su asistente y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

Pone como ejemplo de "datos objetivos" de esta desviación de fondos públicos "los correos intercambiados con el vicerrector de la universidad (Juan Carlos) Doadrio". En algunos, se ve cómo Álvarez se encargó, al menos, de 121 cuestiones de la cátedra que codirigía la esposa del jefe del Ejecutivo.

Además, recuerda este tribunal que en la causa "no se investiga la legalidad del nombramiento" de Álvarez, en julio de 2018, como directora de Programas de Presidencia porque este acto "se encuentra fuera de toda duda".

Unifica todo el caso

La Audiencia madrileña pone fin a la existencia de la pieza separada en que se indagaba la malversación de caudales públicos por la participación de la asesora en la actividad profesional privada de la pareja de Sánchez. Considera que esta línea de investigación tiene que volver a estar con la principal (por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida del software e intrusismo laboral).

Anula esta decisión al entender que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid desgajó esta parte del procedimiento de manera "prematura e inmotivada". Al no presentar la resolución con la que Peinado creó la pieza separada "una descripción mínima de los hechos que deben formarla y los investigados concernidos". La Sala admite así parcialmente el recurso de apelación que había cursado en contra de este fraccionamiento del caso el letrado de Álvarez, José María de Pablo.

No da la razón, en cambio, a otra parte de la alegación interpuesta por la asesora contra la prorroga por seis meses más de la investigación judicial que dictó el instructor, el pasado abril. Los magistrados madrileños resuelven que fue una decisión "motivada y tiene amparo legal" ya que "expone las diligencias de prueba que quedan por practicar" y ante la posibilidad de que "a la vista del resultado de los informes que se reciban pudieran decretarse nuevas".

Peinado ante más testigos

La Sección 23 ordena al juez Peinado que "resuelva sin dilación" sobre la "procedencia" de llamar a declarar a dos funcionarias de la UCM y a la interventora del centro, tal y como había reclamado en noviembre del año pasado la representación de Gómez, que dirige el exministro socialista Antonio Camacho, considerando estas testificales "fundamentales para su defensa".

Y, en lo referente a interrogatorios a testigos, la Audiencia de Madrid respalda la citación del ministro Félix Bolaños y la califica de "necesaria, útil y pertinente", puesto que era el "inmediato superior" de Álvarez cuando él "ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia", entre 2018 y 2021.