La Audiencia Nacional condena a seis hijos de Ruiz-Mateos por la estafa de Nueva Rumasa

La Audiencia Nacional ha condenado a prisión a seis hijos del empresario gaditano José María Ruiz-Mateos por la estafa que supuso la captación de fondos para el grupo Nueva Rumasa, que desplegaron entre los años 2009 y 2011.

Les impone una pena de siete años y cuatro meses de encarcelamiento también por el blanqueo de capitales y el alzamiento de bienes en que incurrieron a través del entramado opaco vinculado a este conglomerado empresarial.

En la sentencia, de más de 600 páginas, se explica como Nueva Rumasa estaba constituido alrededor de una compleja estructura de sociedades que, pese a que obedecían a una misma actividad económica, no actuaban mercantil y fiscalmente como un mismo grupo consolidado con una matriz en común. Ello a pesar de que así lo hacían constar en su publicidad.

La mayoría de las sociedades a través de las que Nueva Rumasa gestionaba su patrimonio y tesorería eran en su mayoría extranjeras, radicadas en paraísos fiscales, principalmente en Belice, Panamá y Holanda.

La AN señala, en este sentido, que, pese a que el grupo empresarial en última instancia pertenecía a la familia Ruiz-Mateos, operaba a través de testaferros y de despacho fiduciarios, lo que "permitió durante años dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad".

Según el fallo, que ha tenido como ponente a la magistrada Teresa García, a partir de 2009 la situación financiera de Nueva Rumasa era de considerable gravedad, dado que tenía deudas acumuladas por varios millones de euros y carecía de la liquidez necesaria para hacer frente a sus compromisos económicos.

A fin de sostener la actividad regular de sus compañías, pusieron en marcha un plan de captación de fondos como estrategia para obtener los 52 millones de euros que precisaban para atender los pagos. El citado año tenían que haber desembolsado197,5 millones a sus acreedores y otros 194,6 millones en el año 2010.

Para captar tales fondos los acusados Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, junto con su padre, decidieron apelar al ahorro del público mediante "agresivas" campañas en los medios de comunicación, fundamentalmente en la prensa escrita.

En ellas, ofrecían invertir en sus sociedades productivas más conocidas a cambio de remunerar con elevados intereses esas inversiones, cuidando que en esas campañas se mostrara siempre una imagen de solvencia y bonanza empresarial del grupo, cuando sabían que carecía de todo sustento.

Fue la salida que escogieron ante "esas circunstancias adversas" que "agravaban la situación de insolvencia" de las empresas y ante la imposibilidad de seguir recurriendo a la financiación bancaria.

Los magistrados consideran probado que ocultaron la crítica situación financiera de Nueva Rumasa a los acreedores, proveedores, consumidores. Este nuevo mecanismo que pusieron en marcha para captar fondos del público, a parte de enmascarar por un tiempo esa situación, les permitió hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos que tenían los seis hijos y el propio Ruiz-Mateos. Principalmente, a los préstamos que gravaban sus viviendas, "que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros".

Los seis hermanos tendrán que indemnizar de manera conjunta, con otros dos colaboradores (Zoilo Pazos y José Ramón Romero), a los perjudicados. La resolución expone que no se conoce con exactitud el número total de inversores que adquirieron pagarés u otros productos financieros de Nueva Rumasa, mientras que los propios responsables los cifraron en 4.110 personas.

Precisa la sentencia que el importe total de los fondos captados fue de 337.377.450 euros , pero el auxilio judicial solo ha podido identificar la entrada en las cuentas del grupo empresarial de 243.476.514 euros procedentes de los adquirentes de pagarés entre los meses de febrero de 2009 y febrero de 2011.

El "banquito" de Jerez

La Sección Segunda de Sala de lo Penal destaca, por otro lado, la gestión de una de las oficinas que Nueva Rumasa tenía en la localidad gaditana de Jerez, a la que los clientes llamaban el "banquito de Jerez".

Esta filial venía operando localmente años antes de que se llevara a cabo la emisión de los pagarés corporativos a nivel nacional y captaba importantes inversiones de los clientes.

Entre los años 2009 y 2011, la oficina jerezana logró fondos bajo la forma de préstamos retribuidos a un interés de hasta el10%, si bien las operaciones podían registrarse con un interés menor del 4% o 5% para evitar una tributación completa.

A los inversores se les garantizaba la devolución con intereses mediante la entrega de letras de cambio vinculadas a sociedades del grupo, cuya situación de insolvencia se ocultaba a los inversores.

Según la sentencia, el director del "banquito", Romero, conocía la manifiesta insuficiencia patrimonial de las sociedades prestatarias, y, aún así, firmaba como apoderado de las mismas e informaba periódicamente a los hermanos Ruiz-Mateos del número de inversores captados y de las entradas de fondos, también en efectivo, para que decidiesen sobre su destino.

"Se desconoce el destino último de los cuantiosos fondos en efectivo que los inversores entregaron en mano en la oficina de Jerez de la Frontera", añade, al respecto, este tribunal.

Al director de la oficina de Jerez se le condena, además, por un delito contra la Hacienda Pública porque el tribunal considera acreditado que solo en el año 2007 obtuvo ingresos en efectivo por valor de, al menos, 360.000 euros que no tributó en ningún momento a la Agencia Tributaria.