La Audiencia Nacional respalda que García Castellón enviase al Supremo los indicios contra Puigdemont

La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez Manuel García Castellón de remitir al Tribunal Supremo los indicios para investigar por terrorismo a Carles Puigdemont y al resto de imputados del "caso Tsunami". La Sala de lo Penal ha desestimado dos nuevos recursos -en este caso del jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, Josep Lluís Alay, y de la dirigente de ERC Marta Molina- que cuestionaban que el instructor remitiera esa exposición razonada al alto tribunal y negaban la competencia del Supremo y los indicios de terrorismo.

Pero el tribunal vuelve a esgrimir la decisión del Supremo, que asumió la investigación contra el líder independentista y el diputado de ERC Ruben Wagensberg al apreciar, en contra del criterio de la Fiscalía (que se alejó del posicionamiento mayoritario de la Junta de Fiscales) indicios de terrorismo en la investigación de los actos de protesta de la plataforma independentista en 2019 en contra de la sentencia del "procés".

En dos resoluciones, la Sección Tercera, que preside el magistrado Alfonso Guevara, se pronuncia en similares términos al recordar que la resolución en la que el Supremo defiende la existencia de indicios de terrorismo es "no impugnable y firme" que "vincula a los órganos jurisdiccionales" que resuelvan con posterioridad sobre el asunto, y deja sin objeto las quejas de los recurrentes sobre la ausencia de esos indicios.

Los magistrados hacen hincapié además en que el Tribunal Supremo "ha desvirtuado" la impugnación basada en la ausencia de indicios de la participación de Puigdemont y Wagensberg, puesto que -recuerda- ha determinado que sí concurren indicios "de que han participado en los hechos" objeto de la investigación.

En esa misma línea, recalca que tampoco se ha vulnerado su derecho al juez predeterminado por ley puesto que el Supremo ha asumido únicamente la investigación respecto al expresident y el diputado de ERC por su condición de aforados, por lo que el resto de imputados seguirán en manos de la Audiencia Nacional. Y en cuanto a la pretensión de que sean los juzgados del Prat de Llobregat los que asuman la causa, porque allí se produjo la toma del aeropuerto del Prat por Tsunami, la Audiencia vuelve a que el Supremo "ha resuelto en sentido negativo" esa petición al apreciar indicios de terrorismo.

Escisión de la causa

Según esos autos, resultaba "lógico" que García Castellón planteara al Supremo que asumiera "todo el proceso" -invocando "la conexión entre todos los investigados", a quienes considera parte de una "organización"-, aun sabiendo de que el alto tribunal "podría escindirlo en dos instrucciones paralelas", como finalmente ocurrió, "una para aforados y otra para no aforados".

De esta forma, señala, respaldó la argumentación de García Castellón, que en el auto en el que acordaba remitir la exposición razonada al alto tribunal, "dedicó abundantes argumentos a sostener que los hechos" investigados se pueden calificar como delitos de terrorismo, no solo por los incidentes en el aeropuerto del Prat, sino también por los altercados en la jornada de "huelga general" en Cataluña el 18 de octubre de 2019, en los que varios policías resultaron "gravemente lesionados".

La Sala precisa que los motivos de apelación deben ceñirse a intentar combatir procesalmente la resolución que acordaba la remisión al Tribunal Supremo de la exposición razonada, y no -como sucede en este caso- a denunciar una supuesta investigación prospectiva o que la instrucción se prorrogó fuera de plazo. Ha habido ocasión, subraya, para "protestar por lo uno y por lo otro" en el momento procesal oportuno, pero no es este recurso de apelación el cauce adecuado "para ventilar aquellas cuestiones".