El magistrado Leopoldo Puente ha acordado este jueves prisión provisional sin fianza para Koldo García y para José Luis Ábalos al dispararse el riesgo de fuga tras su procesamiento por la pieza de las mascarillas. En lo que respecta al primero de ellos, el instructor matiza que cuenta con "recursos económicos bastantes para emprender la fuga" y que tiene, además, "contactos internacionales".

"Desde luego, resultan más que evidentes los contactos internacionales de los que el Sr. García Izaguirre dispone o dispuso, no solo debido a que fuera contratado con posterioridad a su actuación en el Ministerio por empresas terceras con el propósito de asesorarlas acerca de la conveniencia de realizar diversas inversiones en distintos países de Hispanoamérica sino que, además, son de conocimiento general los contactos internacionales que, en el ámbito del desarrollo de su función pública, ha podido trabar el Sr. García Izaguirre, tanto con autoridades como con particulares y empresas de dichos países", reza el juez en su auto.

Además, incide en que el que fuera mano derecha de Ábalos en el Ministerio de Transportes ha podido recibir y manejar "importantes cantidades de dinero" toda vez que las diligencias practicadas le atribuyen trasiego de dinero en metálico cuya procedencia es todavía desconocida para los investigadores. Al respecto, el juez recuerda que la propia Guardia Civil constató cómo Koldo estuvo años sin sacar dinero del cajero y, que además, asumió de manera "incomprensible" gastos personales de toda índole de su antiguo jefe sin que conste que este se le devolviera.

Un escenario "personalmente muy desfavorable"

Durante la celebración de la "vistilla" la defensa de Koldo García ha apelado a su arraigo en España, al hecho de que tiene a una hija de cinco años y a una madre a la que atiende en Benidorm que evidencia el arraigo en España. Al hilo ha explicado que si hubiera querido fugarse del país ya lo hubiera hecho, dado que está imputado por estos hechos desde febrero de 2024. Sin embargo, el magistrado responde que no es motivo de peso para justificar su libertad provisional porque bien podrían irse con él los familiares o bien podría él preferir "separarse temporalmente" para eludir un escenario "personalmente muy desfavorable" para él.

Del mismo, el juez también ha desestimado la cuestión de competencia planteada por la abogada de Koldo durante la "vistilla" en la que pedía que se activaran los mecanismos previstos en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La penalista ha expuesto que la investigación por los contratos para el suministro de material sanitario en el Tribunal Supremo rompe la continencia de la causa puesto que la Audiencia Nacional investiga los mismos hechos.

De hecho, ha apelado a la declaración que ha prestado este jueves Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional en la que se ha referido tanto a Koldo García como a José Luis Ábalos por su gestión con las adjudicaciones de emergencia en pandemia. El magistrado ha desestimado la cuestión previa planteada recordando que se trata de asuntos diferenciados y que si en la causa de la Audiencia aparecen indicios contra los aforados se tendrán que remitir a las diligencias del Tribunal Supremo.

El juicio, a la vuelta de la esquina

En relación con el riesgo de fuga, el magistrado ha explicado que las circunstancias han cambiado mucho desde la última vez que Koldo desfiló por el alto tribunal en octubre. "A juicio del instructor ese inasumible incremento del riesgo de que don Koldo García pudiera tratar de sustraerse a la acción de la justicia se ha hecho ya presente", reza el juez, que apela a tres motivos concretos.

El primero de ellos reside en que ha zanjado la instrucción de la parte de la investigación relativa a los contratos de mascarillas y ha dejado el asunto al borde del banquillo. En segundo lugar recuerda que las acusaciones (tanto la Fiscalía Anticorrupción como las populares) piden elevadas penas de prisión por delitos especialmente graves. En lo que respecta a Koldo García, Anticorrupción reclama para él 19 años y medio de prisión que se dividen de la siguiente forma: seis años por presunta organización criminal; cinco años por delito continuado de cohecho; un año y medio por uso de información privilegiada; tres por dos delitos de tráfico de influencias y cuatro años por el delito de malversación.

"La extensión de las penas solicitadas resulta tan relevante que se comenta por sí sola (...). Incluso, como certeramente destacaba en su informe de hoy, el Excmo. Sr. Fiscal, aunque, partiendo de la hipótesis de condena, se impusieran al Sr. García Izaguirre las penas previstas en los diferentes delitos por los que se le acusa en este procedimiento en su mínima extensión legal, el conjunto de todas ellas aún significaría una sanción privativa de libertad de extensión no menor a los diez años de prisión", indica.

Y, en tercer lugar, precisa que la condición de aforado de José Luis Ábalos determina que, previsiblemente y visto el estado actual de la causa, el juicio oral vaya a ser celebrado en apenas unos meses a contar de la fecha.