Del banquillo al archivo: los imputados en el caso del hermano de Sánchez buscan salvarse con la estrategia del aforamiento

El futuro del caso contra el hermano de Pedro Sánchez está en el aire. El aforamiento del hasta ahora presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha propiciado un escenario incierto que hace peligrar el procedimiento. Aunque la juez Beatriz Biedma abrió juicio oral a todos ellos por los "indicios suficientes" recabados durante la instrucción, la cabriola de Gallardo tiene dos consecuencias directas: la primera, la dilación de la causa y, la segunda, la posibilidad de que el asunto, al pasar ahora al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, no termine necesariamente en juicio.

Fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN, explican que la causa acabará tarde o temprano en el órgano superior al encontrarse Gallardo aforado. Independientemente de que jurara su cargo después de la apertura del juicio oral, el procedimiento, en el momento cuenta con un aforado, se deriva al órgano competente para investigarlo. Con todo, antes se tienen que practicar las diligencias ordenadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que hace apenas unos días frenó las prisas de Gallardo por elevar la causa al TSJ. La instructora le corrigió en cuanto a que no procede la inhibición de la causa, sino elevar una exposición razonada y dejó claro que lo hará cuando coteje su actual condición de diputado.

Por ese motivo, libró oficio a la Junta Electoral de Extremadura para que aporte toda la documentación referida al aforamiento de Gallardo y, también, a la Asamblea de Extremadura. Se espera que ambos órganos respondan con celeridad a la petición de la instructora; de ahí que el envío de la causa al TSJ no se dilatará en el tiempo. Las voces consultadas explican que en el momento en que llegue a este nuevo órgano, se dará respuesta acerca de si se admite o no la exposición razonada de la juez y se nombrará un instructor para ello. Este instructor tendría que volver a tomar declaración a los acusados por la creación de la plaza de coordinador de conservatorios de Badajoz que se adjudicó David Sánchez.

Vuelta a empezar

Así pues, declararían de nuevo en sede judicial tanto el hermano del presidente del Gobierno (que ha comparecido hasta en dos ocasiones durante la instrucción); Miguel Ángel Gallardo en su condición de expresidente de la Diputación y todos los excargos del organismo a los que se les procesó y abrió juicio oral por su implicación en la creación de la polémica plaza. A ellos se añade también Luis Carrero, quien fuera asesor de Moncloa y que llamaba "hermanito" al músico. Su imputación en la causa se produjo prácticamente en la recta final de la instrucción, tras la aparición de correos que apuntan que David Sánchez habría maniobrado para enchufarle en la Diputación.

A partir de ahí, se abre un futuro dudoso del procedimiento puesto que podría ocurrir que el nuevo instructor decidiera practicar de nuevo las diligencias ya efectuadas por Biedma (e incluso otras nuevas) o bien que convalidase las existentes. Así, la causa puede coger el mismo rumbo que en los juzgados de Badajoz y enfilar el camino al banquillo, o bien podría ocurrir que no viera indicios de delito (alineándose a la Fiscalía) y que acabara en archivo. De ser así, las acusaciones populares -lideradas por Manos Limpias- podrían recurrir ante el propio TSJ extremeño. Con todo, las fuentes consultadas ven complicado que se interponga recurso de casación en el Tribunal Supremo ya que la doctrina lo regula únicamente en caso de que el TSJ de turno acuerda sobreseimiento libre de los hechos.

Así pues, todo apunta que la causa contra el hermano del presidente del Gobierno podría terminar en el Tribunal Constitucional, debido a las inusuales maniobras del acusado Gallardo para cambiar el rumbo de la misma. En este caso, y de discurrir por este camino, no son descartables los recursos de amparo por presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. No obstante, es un paso lejano en el tiempo y antes de llegar ahí se resolverá primero el futuro judicial de los acusados. Además, a todo ello hay que añadir que la Audiencia Provincial de Badajoz tiene en su mesa los recursos contra el auto de procesamiento que la juez dictó en abril.

Las sospechas de la juez y la UCO

De hecho, su decisión de poner fin a la instrucción y de dar el primer paso para sentarles en el banquillo por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias fue lo que activó la "vía Gallardo" para redirigir la causa. En circunstancias normales, la Audiencia de Badajoz hubiera juzgado estos hechos porque, aunque se piden penas de prisión inferiores a cinco años, las inhabilitaciones que enfrentan son lo suficientemente graves como para que este órgano asumiera la competencia del juicio. Ahora, sin embargo, solo resolverán los recursos a dicho auto, aunque si la causa se deriva al TSJ de Extremadura antes de que se pronuncien, los acabará asumiendo también el órgano superior.

Tanto la Guardia Civil como la instructora han impulsado este procedimiento liderado por las acusaciones populares. La Fiscalía, aunque en un primer momento apoyó decisiones clave de la juez como la interceptación de los correos de la Diputación, ha terminado por concluir que no hay delito alguno. Es más, en su recurso expuso que la instructora se basaba en meras hipótesis y conjeturas y que no hay ningún indicio que evidencie que la plaza se creó adrede para David Sánchez. La juez, de la mano de la UCO, apuntan en la dirección contraria. Según sostiene, hay "indicios suficientes" de que la Diputación creó esta plaza pública y dio apariencia de legalidad al proceso, pese a que la misma tenía dueño desde el primer momento.

Se basa en los interrogatorios de los acusados (dado que ninguno supo decir de quien partió la orden de crearla), de las testificales acordadas y, muy especialmente de los correos corporativos incautados por la UCO. Los mismos evidenciaron que el mismo día que se publicaron las bases del puesto, los directores de los conservatorios hablaban ya del "hermanísimo", en referencia a David Sánchez. Biedma también puso el foco en su ausencia laboral (dado que el contrato de trabajo exigía expresamente presencialidad en la Diputación), en el cambio de nomenclatura (por el que ascendió de manera directa a jefe de la Oficina de Artes Escénicas) y otros aspectos como la ausencia de despacho, pese a ostentar un puesto de alta dirección o el hecho de que no se le buscara un sustituto durante el periodo que estuvo de baja y en excedencia.