Bárcenas no declarará y la mitad de los citados puede negarse

Se acogerá a su derecho constitucional a no prestar declaración el próximo lunes en el Congreso, donde sí está obligado a presentarse.

La oposición lo ha preparado todo para que el lunes la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP se estrene por todo lo alto con la comparecencia del ex tesorero de los populares Luis Bárcenas. Plato fuerte, pero las expectativas se van a ver frustradas con independencia de que no se haya resuelto el conflicto que Génova ha abierto para que se delimite el objeto, la fecha temporal y el ámbito material de la comisión. No hay tiempo ni para que se formalice antes el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), que dentro de su estrategia impulsará Génova si la Mesa de la Cámara no rectifica su decisión de no atenderles.

Pero con independencia de ese proceso, Bárcenas acudirá este lunes al Congreso de los Diputados porque si no incurriría en un delito de desobediencia. Pero acogiéndose a la protección que le da el derecho constitucional no declarará, según confirmaron a este periódico fuentes jurídicas. Su justificación será ese principio básico del derecho constitucional de no declarar contra uno mismo. Válido para todos los ciudadanos, pero, especialmente, para aquel que se encuentra inmerso en un procedimiento judicial, como ocurre con Bárcenas y con otros 27 nombres que aparecen en el listado de 61comparecientes registrado por los partidos de la oposición.

La Ley Orgánica 5/1984 de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras establece en su artículo primero, apartado 2, que «las Mesas de las Cámaras velarán por que ante las comisiones de investigación queden salvaguardado el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y demás derechos constitucionales». Y en este simple precepto está la base legal para que Bárcenas no se someta a las preguntas del frente que han articulado PSOE, Podemos y Ciudadanos (Cs) para fiscalizar en el Congreso las cuentas de los populares. Y airear así, en la Cámara, con la justificación de la depuración de las responsabilidades políticas, todo lo que hay detrás de los casos judicializados, Bárcenas, «Gürtel» o «Púnica», entre otros.

La posición de Bárcenas sienta un precedente decisivo en lo que afecta a cómo pueden avanzar los trabajos de la comisión y en qué puede ésta quedar sustanciada. Y es que las listas que han presentado los partidos con sus solicitudes de comparecencias están copadas por personas que están sometidas a una investigación judicial. Figuras que han estado en primera línea política o en responsabilidades autonómicas y municipales, como Ana Mato, Rodrigo Rato, Ignacio González, Francisco Granados, José Ignacio Echeverría, Alberto López Viejo, Juan Cotino, Arturo González Panero, Alfonso Rus, Pedro Antonio Sánchez, Jesús Merino o Salvador Victoria. Y otros muchos, como los del ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, el ex gerente nacional del PP Cristóbal Páez; Marcos Benavent, ex gerente de la empresa pública Imelsa de la Diputación Provincial de Valencia; Francisco Correa, supuesto líder de la trama de corrupción conocida como «Gürtel»; Álvaro Pérez, «El Bigotes», director de Orange Market; o José Peñas, el ex concejal que denunció la «trama Gürtel». Todos están obligados a presentarse ante el Congreso. Pero luego, de manera individual, cada uno de los citados decidirá de acuerdo a sus intereses si acuden acompañados de un asesor que designen, y la posición que adoptan ante el interrogatorio parlamentario. Pero la decisión de Bárcenas abre sin duda un camino que es muy posible que sea seguido por otros investigados. Igual que los partidos de la oposición confían en que todos aquellos que en su estrategia de defensa no tienen nada que perder, y están absolutamente enfrentados con el PP, como pueden ser Correa o Peñas, sí opten por atender a las preguntas que les planteen los portavoces de los grupos parlamentarios. Ojo, teniendo en cuenta las graves consecuencias que pueden derivarse en su contra en el caso de que durante los trabajos se demuestre que han mentido. En la citada ley que regula las comisiones de investigación se explicita incluso que «si se dedujeran indicios racionales de criminalidad para alguna persona, la comisión lo notificará así a la Mesa de la Cámara para que ésta, a través de la Presidencia respectiva, lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal».

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, confirmó ayer que el PP está estudiando solicitar al TC que suspenda cautelarmente la actividad de la comisión hasta que tome una decisión, informa Efe. El PP ha presentado ante la Mesa del Congreso un recurso de reconsideración del escrito en el que pedían que se acotase el ámbito de la comisión parlamentaria. Maillo espera que la Mesa responda la semana que viene a esta solicitud, y si la deniega de nuevo su partido prepara ya el recurso ante el TC. «Si se mantiene el empecinamiento de todos los grupos de pactar para hacer una comisión contra el PP haciendo una causa general nos veremos en la obligación de ir al Tribunal Constitucional», confirmó el coordinador general de los populares.