Begoña Gómez, ante el juez: sin "paseíllo", con grabación de imágenes y una declaración en el aire

Ni el amago de dimisión del presidente del Gobierno –con cinco días de reflexión incluidos tras la admisión a trámite de la denuncia de Manos Limpias contra su esposa– ha podido evitar la comparecencia hoy ante el juez como investigada de Begoña Gómez. Eso sí, la insistencia de Moncloa le evitará el incómodo «paseíllo» a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, pues la decana ha accedido a la petición de Presidencia del Gobierno y permitirá que, por razones de seguridad y para evitar posibles incidentes, la esposa del jefe del Ejecutivo acceda al edificio por el garaje. Una seguridad sin precedentes, ya que a primera hora de esta mañana la zona ya estaba "tomada" por la Policía para evitar el acceso, incluso, de la Prensa.

Begoña Gómez llegará a la sede judicial con otra petición bajo el brazo, esta sí de su abogado, y una incógnita. La primera, que no se graben imágenes de su comparecencia, sino solo el audio, para evitar filtraciones dada su «relevancia pública», una pretensión a la que previsiblemente se opondrá el juez Peinado. La segunda, de mayor trascendencia procesal, mantiene en el aire si la esposa de Pedro Sánchez se acogerá finalmente a su derecho a no declarar o, a lo sumo, contestará únicamente a las preguntas de su defensa y, a lo sumo, a las de la Fiscalía, que ha insistido en archivar el procedimiento –para sorpresa del juez– desde el primer minuto.

Y es que aunque el abogado de la investigada, el exministro socialista Antonio Camacho, se ha quejado recurrentemente ante Peinado de que está vulnerando su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva por no precisar el objeto del procedimiento, por lo que incluso tildó la instrucción de «prospectiva», el letrado no ha llegado finalmente a pedir al magistrado la suspensión de la declaración. Y eso pese a que tras la comparecencia de Begoña Gómez mañana está citado el rector de la Universidad Complutense, que testificará en relación al máster que codirigía Begoña Gómez sobre Transformación Social Competitiva, que fue impulsado por el empresario Juan Carlos Barrabés, quien a su vez fue avalado por escrito por la esposa del presidente del Gobierno en las adjudicaciones investigadas ahora por la Fiscalía Europea.

Y once días después, el 16 de julio, quien testificará desde el hospital por videoconferencia será el propio Barrabés –con presencia en el juzgado de Begoña Gómez por expreso mandato del instructor–, que está ingresado en el hospital 12 de Octubre.

En función de lo que declaren ambos ante el magistrado, Begoña Gómez podría tener que volver a declarar, por lo que a nadie hubiese extrañado que su abogado solicitase aplazar la declaración de la esposa de Pedro Sánchez hasta que ambos testigos clave hayan comparecido en los juzgados. Pero, por ahora, no lo ha hecho.

El máster y el rescate de Globalia

Si finalmente declara, y a tenor de las declaraciones acordadas por Peinado, la investigada tendrá que aclarar las circunstancias del máster que codirigió en la Complutense y su relación con Barrabés al respecto, así como su posible participación en el rescate de Globalia, extremo este sobre el que el instructor ha pedido abundante información a la SEPI. Del mismo modo, Peinado indaga en otros seis expedientes adjudicados a la empresa de Barrabés, Innova Next SLU, contratos en los que no consta que Begoña Gómez hubiese podido ejercer su influencia (cuatro de esas adjudicaciones las realizó el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, y las otras el Consejo Superior de Deportes y Red.es).

En la sala de vistas podrán estar finalmente las cinco acusaciones populares y no solo Vox, aunque será su letrada la única que podrá intervenir en representación del resto. Y es que el juez ha accedido a que tanto Manos Limpias como Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España asistan en adelante a las comparecencias, aunque agrupadas bajo la representación letrada de Vox, la primera en personarse en el procedimiento.

Una de las acusaciones populares ya se ha opuesto a que no se graben imágenes de la declaración. En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Hazte Oír señala que mientras Begoña Gómez "se valió de su relevancia pública" como esposa del presidente del Gobierno "para realizar determinados comportamiento en relación a una empresa propia y empresas ajenas" obteniendo "ciertas ventajas o trato diferente" por este motivo, ahora "pretende prevalerse, precisamente, de esta relevancia pública" para recibir "un trato desigual, más favorable, que el resto de investigados".

"Un trato diferente"

El letrado de la acusación popular, Javier Pérez-Roldán, recuerda que las declaraciones de los testigos que han declarado hasta el momento en este procedimiento fueron grabadas en "vídeo y en audio", como sucede con "los imputados en otras causas que se solventan en este juzgado". Y se pregunta "por qué dispensar un trato diferente a una investigada que, además, no ocupa cargo oficial ninguno, y que no tiene más pretensión que valerse de la condición de "esposa de" para recibir un trato más beneficioso".

Declare o no, la esposa del presidente del Gobierno tendrá que sentarse ante el juez y, como se ha apuntado, accederá al edificio por la puerta de atrás, la del garaje, según acordó ayer la decana de los juzgados, la magistrada María Jesús del Barco, a quien la empresa encargada de la seguridad del edificio, Secoex, expuso en cuanto al dispositivo previsto que en los últimos años han pasado por la sede judicial «un alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, varios políticos nacionales, grandes empresarios, banqueros y deportistas famosos» sin que ninguno de ellos haya tenido «una sola queja referida a la seguridad».

Para la responsable de Seguridad de Moncloa, era necesario autorizar su entrada por el garaje para «prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad física» de Begoña Gómez tras constatar que «podrían producirse». La decana sí ha advertido «un posible riesgo» para su «integridad física» y, tras ponderar la posible colisión de la medida con el derecho a la información, accedió ayer a la petición, aunque al mismo tiempo permitirá que seis representantes de los medios de comunicación estén presentes en el vestíbulo del juzgado.