Bermúdez deja en manos de la Sala su disputa con Ruz

La Audiencia Nacional pondrá mañana punto y final a la controversia entre los jueces Javier GómezBermúdez y Pablo Ruz por investigar los «papeles de Bárcenas».

La Audiencia Nacional pondrá mañana punto y final a la controversia entre los jueces Javier GómezBermúdez y Pablo Ruz por investigar los «papeles de Bárcenas». Si el pasado viernes era Ruz quien se negaba a inhibirse del asunto, Gómez Bermúdez reafirmó ayer su competencia para indagar en la supuesta contabilidad «B» del PP y dejó en manos de la Sección Tercera, presidida por Alfonso Guevara, la fumata blanca. La decisión final depende, pues, de tres magistrados, pero podrían haber sido 18 los que tuvieran que pronunciarse al respecto. Y es que el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Fernando Grande-Marlaska, planteó a sus compañeros el pasado jueves esa posibilidad, pero la mayoría de los integrantes del Pleno se opuso. La Sección Tercera escuchará mañana en una vista a las partes personadas en ambos procedimientos y, a continuación, determinará quién de los dos debe investigar las anotaciones atribuidas al ex tesorero del PP, poniendo así fin a una disputa que se ha prolongado casi un mes.

«Endebles conexiones»

En su exposición razonada, Gómez Bermúdez elude reproches a Ruz y se centra en argumentar por qué las «endebles conexiones» esgrimidas por su compañero entre la «trama Gürtel» y los «papeles de Bárcenas» no justifican que sea Ruz quien deba hacerse cargo de la instrucción. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 mantiene que, en el caso más favorable a la tesis defendida por aquél, la red corrupta liderada por Correa es «un donante más del Partido Popular», pero nunca un «intermediario, recaudador o cooperador necesario» en los hechos investigados.

Si durante la investigación se demostrara, añade, que «Gürtel» es el «mecanismo permanente de recaudación de dinero a cambio de contratación pública, se procedería de inmediato a la inhibición» en favor de su colega, aunque esta posibilidad no se apunta en la querella presentada por Izquierda Unida «ni se deduce de los llamados "papeles de Bárcenas"». En esas anotaciones, recuerda, junto a algunas entradas de dinero procedentes de esa trama corrupta «hay muchas otras» de empresarios que, hace hincapié, no están imputados en el «caso Gürtel» y sí en su procedimiento.

«Gürtel puede ser una parte de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, pero eso no es delito», afirma Gómez Bermúdez (coincidiendo, en eso sí, con la opinión expresada por la Fiscalía al respecto). «Los delitos serían los cohechos, prevaricaciones, defraudaciones, etc. derivados de pagos a cambio de contratación pública», sostiene.

El magistrado minimiza los vínculos esgrimidos por Ruz con el «caso Gürtel» al asegurar que «la aparición de unos pocos apuntes coincidentes» en las contabilidades de la red corrupta, la atribuida a Bárcenas y la oficial del PP «no acredita conexidad a efectos procesales» salvo que se defienda que «Gürtel» era la máquina recaudadora de la formación a cambio de concesiones y contratos de obra pública, algo que «no es objeto de investigación» y que, en todo caso, está «desvirtuado» ante la ausencia de apuntes contables de los empresarios imputados por Gómez Bérmudez en la contabilidad de «Gürtel».

Para el juez, las últimas conexiones señalas por la UDEF, y asumidas por Ruz, entre los pagos de la trama y las donaciones recogidas en la contabilidad oficial del PP, son «meras coincidencias contables» que no están vinculadas con contraprestación alguna.Se explican, añade, por queBárcenas y Álvaro Lapuerta eran los tesoreros del PP y «todo pasaba por ellos», aunque «no necesariamente» llegaba a la formación.

El juez del 11-M insiste en que el PP no puede ejercer la acusación en el «caso Gürtel» y, al mismo tiempo, ser investigado en la pieza separada abierta por Ruz sobre los «papeles de Bárcenas». Según él, atribuir a su compañero la competencia ante esas «débiles» conexiones es contrario al proceder habitual en la Audiencia Nacional en estos casos y sólo conduciría a un proceso «inmanejable» en el que se diluye la responsabilidad porque los hechos imputados «son distintos».