El BOE publica la jubilación forzosa del juez García Castellón

El Boletín Oficial del Estado publica este lunes la jubilación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón (Valladolid, 1952), instructor de casos de corrupción como Púnica, Lezo y Villarejo, y otras causas como la recientemente archivada sobre la plataforma independentista catalana Tsunami Democràtic.

De esta forma hace efectivo el acuerdo del pasado 20 de junio de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial "por el que se declara la jubilación forzosa del magistrado".

Manuel García-Castellón, con una dilatada trayectoria en la Audiencia Nacional y en otros cargos como juez de enlace con Francia e Italia, solicitó en 2022 prorrogar su jubilación hasta el máximo permitido por la ley, los 72 años.

Tras regresar a la Audiencia Nacional en 2017 se hizo cargo de importantes causas de corrupción como los casos Púnica, Lezo y Villarejo, en el que ha investigado decenas de piezas relacionadas con los negocios del excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo.

También ha estado al frente de diversas causas de terrorismo como en la que propuso juzgar a cuatro exjefes de ETA por su presunta responsabilidad como miembros de la cúpula de la banda en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco en 1997, un crimen que precisamente le tocó investigar en su primera etapa en la Audiencia Nacional.

El pasado mes de julio García-Castellón archivó el caso seguido por los disturbios de octubre de 2019 atribuidos a Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del procés, en el que figuraban diez personas investigadas, entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El juez acordó dicho archivo tras la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de declarar la invalidez de las diligencias en esta causa desde el 29 de julio de 2021 por un error en la prórroga de la instrucción, al no cumplir los plazos legales por acordarla 24 horas después del tiempo límite.

Esto provocó que el Tribunal Supremo archivara la investigación contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg por sus vínculos con dicha organización.

EFE