Bruselas pide a la agencia europea antifraude investigar el "caso Koldo"

El 'caso Koldo' dejará de ser una supuesta trama de corrupción en el seno del Gobierno de Sánchez que está siendo investigada por el magistrado Ismael Moreno en el Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional. También un escándalo político con repercusión solo dentro de nuestras fronteras.

La Comisión Europea ha pedido este martes a la Oficina Europea Antifraude (OLAF) que investigue si el presunto cobro de comisiones ilegales por la mano derecha de Ábalos en Transportes, Koldo García, y otra veintena de personas pudo afectar a dinero de los fondos que la UE entregó a nuestro país, según recoge Europa Press.

Una medida con la que desde la Comisión Europea quieren proteger el presupuesto de la Unión por el ministerio español incurrió en fraude al utilizar dinero europeo en esta compra de mascarillas ahora en el foco de las autoridades judiciales y policiales. También, como ha dicho un portavoz, dar ejemplo y demostrar que siempre existirá "tolerancia cero" con la corrupción institucional.

Los servicios comunitarios, según explico este alto funcionario, están en "estrecho contacto" con el organismo sobre el que en España recae la responsabilidad de gestionar los fondos que llegan de Bruselas, el ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Están manteniendo conversaciones para determinar si pudo acabar alguna cantidad de dinero comunitario en mordidas para Koldo, varios de sus familiares y el resto de implicados.

La petición se conoce el mismo día en que se ha sabido que la Fiscalía Anticorrupción envío el pasado 8 de junio a la Fiscalía Europea los contratos bajo sospecha en el 'caso Koldo' que firmaron los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación a la citada agencia.

Tenían un valor total de 15,3 millones de euros y Ministerio Público español lo remitió a su homólogo en Bruselas al entender que estos se pagaron con fondos europeos y, por tanto, son competencia del órgano comunitario.

Los varios acuerdos afectados fueron suscritos por administraciones insulares que entonces presidían dos socialistas, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, ahora presidentes del Congreso y ministro del Gobierno, respectivamente.

La Fiscalía Europea ha evitado confirmar si está investigando el caso ya que este organismo "no hace comentarios sobre investigaciones en curso ni confirma públicamente en qué casos está trabajando para no poner en riesgo eventuales investigaciones en curso".

No obstante, las mismas fuentes recuerdan que la competencia de la EPPO es "obligatoria" toda vez que debe "comprobar cualquier indicio del que eventualmente pueda resultar que" los hechos investigados queden "bajo su ámbito competencial".