Interior
Buena noticia para la Guardia Civil: un juez obliga a Interior a pagar los complementos a un agente
La Justicia reconoce su derecho a percibir más remuneración por labores de escolta en la Fábrica de Moneda y Timbre
El Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha ha reconocido el derecho de un guardia civil destinado a labores especiales de escolta en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) a percibir los complementos específicos recogidos en dos convenios firmados entre esta entidad y la Dirección General de la Guardia Civil.
En una sentencia, a la que tuvo acceso Ep, el juez da la razón a la Asociación Española de Guardias Civiles, defendida por el despacho Parrado Asesores Abogados, y obliga al Ministerio del Interior a pagar dichos complementos que le fueron negados en relación a la prestación de 34 servicios entre 2023 y 2025, más los generados desde esa fecha.
El demandante había solicitado por vía administrativa la aplicación simultánea de ambos acuerdos, suscritos en 2022 y orientados, respectivamente, a regular las tareas de vigilancia y seguridad de las instalaciones de la FNMT y la escolta del transporte de moneda y otros productos sensibles.
Sin embargo, la Dirección General de la Guardia Civil -dependiente del Ministerio del Interior- denegó este reconocimiento alegando que las funciones desempeñadas ya estaban cubiertas por su destino oficial. La sentencia rechaza este argumento y ratifica los planteamientos de la defensa.
El juzgado sostiene que "se han de cobrar los complementos correspondientes a los servicios que efectivamente se prestan, independientemente de que se esté en otra unidad".
Añade, además, que "de la lectura de ambos convenios se concluye que los complementos previstos responden a conceptos diferentes sin que el convenio posterior incluya derogación alguna del primero.
Son, pues, "complementos compatibles al responder a servicios distintos". Desde Parrado Asesores Abogados destacan la relevancia del fallo, ya que "el fundamento de este caso es que se puso en tela de juicio el cumplimiento de convenios firmados por la propia Guardia Civil para garantizar tareas esenciales de seguridad".
"Resulta incomprensible que luego se cuestione su aplicación a uno de los agentes destinados precisamente a esas funciones", explican los letrados del despacho.
La resolución obliga ahora a la Administración a abonar al guardia civil los complementos correspondientes con carácter retroactivo desde septiembre de 2023, además de los intereses legales y judiciales devengados.
