Cae una banda que defraudó más de 1,2 millones a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha desarticulado una banda que defraudó más de 1,2 millones de euros a la Seguridad Social mediante la venta de falsos contratos de trabajo y ha detenido en Mallorca a la líder de la trama, dos de sus subordinados y cerca de 100 trabajadores ficticios.

La propietaria de una asesoría de Palma de Mallorca utilizaba un entramado de empresas para vender por hasta 14.000 euros falsos contratos laborales a supuestos empleados.

Más de 200 personas, en su mayoría de origen marroquí, adquirieron los contratos para acceder a prestaciones por desempleo u obtener permisos de residencia, mediante el pago de entre 250 y 14.000 euros, informa en un comunicado la Policía Nacional.

En los registros efectuados en un chalet situado en Es Puntiró (Santa Margarita, Mallorca), un apartamento en Calviá (Mallorca) y la propia asesoría investigada en Palma, se han intervenido más de 20.000 euros, así como abundante material de archivo informático que está siendo analizado.

Los agentes de la Policía Nacional han dado por finalizada la Operación 2012, con la detención de E.G.T, propietaria de una asesoría de Palma de Mallorca, y A.G.C. y R.E.A.C., trabajadores de la misma, como supuestos autores acusados de estafa contra la seguridad social, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La investigación descubrió un entramado de empresas detrás de las cuales siempre aparecía, de una u otra forma, la responsable de la asesoría de Palma.

A través de estas empresas se vendían contratos laborales mediante los cuales el supuesto trabajador tenía acceso a renovaciones de permisos de residencia, arraigo para la obtención de esos permisos, prestaciones sociales por desempleo, subsidios por desempleo, bajas por incapacidad temporal y por maternidad o paternidad.

Muchos de los falsos empleados disfrutaban de forma fraudulenta de los beneficios antes descritos, sin ni siquiera residir en España, ya que vivían en sus localidades de origen.

Se llegó a detectar que en algunas empresas del entramado dedicadas a la construcción había más trabajadoras de limpieza que obreros o mujeres contratadas para la construcción con ocho meses de gestación.

Los investigadores también constataron casos de trabajadores que habían accedido a la prestación económica de incapacidad temporal por bajas médicas que no estaban justificadas o con patologías preexistentes al inicio del contrato.

La relación laboral empresa-trabajadores era ficticia, toda vez que no había intención por ninguna de las dos partes de que se llevase a cabo actividad alguna dirigida por la empresa a cambio de un salario.

Se calcula que a través de esas empresas se contrajo una deuda en la Seguridad Social que asciende a más de 1.200.000 euros, a lo que hay que añadir los beneficios obtenidos por los supuestos trabajadores, aún sin calcular.

La operación ha sido realizada por la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.