El camino de cesiones del Gobierno a sus socios hasta la amnistía: reformas de la ley y ‘caprichos’

Todo empezó el 23 de junio de 2021, cuando el Gobierno, a petición del presidente Pedro Sánchez, concedió el indulto a los nueve condenados en el juicio a los responsables del "procés", alegando razones de "utilidad pública". Se les conmuto las penas de prisión que aún tenían que cumplir, pero se les mantuvo la inhabilitación para poder ejercer algún cargo público hasta el final del tiempo de la sentencia. En el caso de Junqueras, por ejemplo, hasta 2031.

Al día siguiente de que el Consejo de Ministros lo aprobase, el Tribunal Supremo ordenó la excarcelación del exvicepresidente de la Generalitat que celebró la consulta ilegal, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; el exconsejero Raül Romeva; los 'Jordis': Sánchez y Cuixart; Dolors Bassa; Josep Rull; Jordi Turull y Joaquim Forn.

El jefe del Ejecutivo justificó así ante la ciudadanía la medida de gracia para los condenados por el desafío independentista catalán: "La necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española".

Descafeinar la ley que les condenó

Meses después, en diciembre de 2022, llegó la segunda complacencia por parte de Moncloa a las exigencias comunes de las dos principales fuerzas secesionistas. El Senado respaldó finalmente a proceder a la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas aparejadas al de malversación.

Los socios del Gobierno, en aquel momento socialistas y Podemos, reivindicaron esta modificación en la ley con la tesis de que estos actos estaban castigados de manera desproporcionada.

La amnistía, a un paso de ser legitimada

Tras las últimas elecciones generales, del 23 de junio de 2023, surgió la idea en las filas neoconvergentes y republicanas de aprovechar la necesidad de apoyos parlamentarios a la que se enfrentó el PSOE para mantener a Sánchez en el poder. No desaprovecharon la oportunidad y pactaron la aprobación de una ley de amnistía.

En mayo de 2024 fue aprobada por el Congreso de los Diputados con un texto en el que se fija la anulación de las penas que se les impusieron a los responsables políticos del "procés". Sin embargo, la Justicia dejó fuera a Carles Puigdemont al entender que, como hubo enriquecimiento ilícito en el uso de fondos públicos para financiar el 1-O, no entra dentro de los supuestos a los que se les extingue la responsabilidad penal.

Comisiones, competencias y 'caprichos'

La lista de censiones la completan las tres comisiones de investigación que se vienen celebrando esta legislatura en el Congreso, con el apoyo de los socialistas y tras ser impulsadas por Junts y ERC.

Una sobre los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils; otra sobre la "Operación Cataluña" para abordar "las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial" , y la restante en torno al el presunto espionaje con el software israelí "Pegasus".

También el traspaso de la competencia sobre Rodalies a la administración catalana, que se ha consumado con la presentación de la nueva entidad mixta que gestiona el servicio ferroviario en la región, o la polémica inminente traspaso de la gestión de los cuerpos funcionariales de secretarios e interventores de ayuntamientos catalanes a la Generalitat.