Canarias y Baleares se acogen a la contingencia migratoria para aliviar la presión de los menores no acompañados

Los gobiernos de Canarias y Baleares han potenciado la aplicación de la contingencia migratoria para solventar el hacinamiento migratorio que atraviesan con el aumento de la llegada de cayucos a los territorios insulares y que han obligado al Gobierno, tras el requerimiento del Tribunal Supremo, a reubicar a los menores no acompañados.

Ante las maniobras del PSOE para alargar la salida de los menores de Canarias, el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, ha anunciado que si el Gobierno no cumple con sus promesas, "recurrirá a la Fiscalía para terminar con el hacinamiento" que sufre la isla. En la actualidad, el Ejecutivo canario tutela cerca de 5.200 menores migrantes no acompañados, lo que supera su capacidad máxima situada en las 737 personas.

Para el presidente canario, que ha celebrado la medida después de dos años de trabajos para terminar con la sobrepoblación en el territorio isleño, no existe "ninguna excusa para que el Gobierno cumpla la leyy termine con el hacinamiento en Canarias". Por otro lado, ha recordado que cualquiera de los territorios de España pueden sufrir la situación de Canarias y ha pedido que se resuelva con "dignidad y respeto"

Baleares sigue la línea de Canarias

De la misma manera que el Gobierno cedió ante las exigencias de Cataluña y el País Vasco que no recibirán menores procedentes del reparto migratorio, el Gobierno de Marga Prohens ha solicitado la contingencia migratoria para evitar multiplicar los recursos destinados a la materia.

En base a la proyección registrada en las últimas semanas, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo balear y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, ha señalado que una vez se publique la normativa, Prohens reclamará la exención del reparto de menores ya "que no se pueden asumir más".

"Estamos a más del 1.000% por ciento de ocupación por encima de los recursos que tenemos. No tenemos profesionales, estructuras ni otro tipo de servicio básicos y dignos que debe tener cualquier menor", ha apostillado, recordando la falta de información sobre las fórmulas aplicadas por el Gobierno y los criterios que se han aplicado.

Por su parte, la Comunidad de Madrid, ha anunciado que acudirá por tercera vez al Tribunal Supremo para recurrir el reparto de menores, ya que más allá del traslado de menores no acompañados, "no se le conoce ninguna medida al Gobierno central que ponga freno al caos migratorio".