Cargos públicos de CDC, señalados por su «connivencia» en el «caso del 3%»

La investigación constata que el 55% de las donaciones a CatDem proviene de empresas adjudicatarias de obras públicas.

Los extractos bancarios incorporados a la documentación  demuestran dos pagos de 50.000 euros de la empresa Teyco, de la familia Sumarroca, a CatDem, la fundación de Convergència el 5 y el 19 de mayo del año 2009
Los extractos bancarios incorporados a la documentación demuestran dos pagos de 50.000 euros de la empresa Teyco, de la familia Sumarroca, a CatDem, la fundación de Convergència el 5 y el 19 de mayo del año 2009

La investigación constata que el 55% de las donaciones a CatDem proviene de empresas adjudicatarias de obras públicas.

La investigación del «caso del 3%» –el supuesto pago de comisiones en Cataluña por parte de empresas adjudicatarias de contratos públicos a fundaciones afines a Convergència Democrática de Catalunya (CDC)– apunta ya sin rodeos a una supuesta financiación irregular por parte del partido de Artur Mas. Los informes de la Guardia Civil y los escritos de la Fiscalía Anticorrupción que han quedado al descubierto, tras la decisión del juez de El Vendrell de levantar el secreto de las actuaciones de la primera fase de la investigación, atribuyen a CDC un papel relevante en la presunta trama. Hasta el punto de que en las solicitudes de entradas y registros efectuadas por los fiscales Fernando José Grinda el pasado julio se considera a Convergència como «persona jurídica inductora» de los delitos de cohecho investigados. Y, por si fuera poco, se apunta, cuando menos, la «evidente connivencia facilitadora» de «cargos públicos» responsables de la toma de decisiones «en la esfera de las adjudicaciones fraudulentas», como se ha constatado por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona). No en balde, según Anticorrupción su ex alcalde Daniel Masagué habría recibido, mientras era regidor del consistorio, al menos 1,4 millones de euros de Teyco –el grupo empresarial de los Sumarroca, cuyo patriarca fue uno de los fundadores de CDC junto a Jordi Pujol– supuestamente como contraprestación por la adjudicación de obra pública por parte de municipios controlados por CDC, extremo éste negado hasta la saciedad por la familia Sumarroca.

Esa operativa, según los avances de la investigación, «pudiera haberse extendido a otros municipios» al menos desde 2012 y hasta marzo del pasado año. De ahí los registros practicados en ayuntamientos como los de Sant Cugat del Vallés, Figueres, Sant Celoni y Lloret de Mar.

El análisis de la contabilidad de CatDem, la fundación de Convergència, ha permitido a los agentes de la Guardia Civil desvelar que, en sólo cuatro años y medio, desde 2009 hasta 2014, el 55% de las donaciones que, por importe de 3.443.712,73 euros, recibió la fundación convergente en una cuenta de Caixabank (antigua La Caixa) procedía de «empresas vinculadas a la obra pública y construcción», entre ellas la propia Teyco y una sociedad controlada por ésta, Bluegreen Village. En total, 1.851.570 euros.

En un informe del pasado 24 de agosto, la Guardia Civil cifra en al menos 150.600 euros las donaciones que efectuó Teyco a CatDem entre 2007 y 2009 y en 207.720 la contribución a la fundación por el mismo concepto de Bluegreen Village entre 2012 y 2014.

Para la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción «es clara la dependencia» de CatDem de CDC por la «influencia y el control sobre sus cuentas» dado que incluso compartían el mismo tesorero: Daniel Osácar primero y Andreu Viloca, después.

Pero las conclusiones de la investigación van más allá al apuntar a que CDC «podría ser» el «destinatario final» de las donaciones recibidas por Catdem de empresas adjudicatarias de obra pública, lo que aportaría indicios de la posible financiación ilegal de la formación convergente. Y recuerda que el Tribunal de Cuentas ha subrayado en sus últimos informes (entre 2008 y 2013) la «inconsistencia de la veracidad sobre la prestación de servicios» supuestamente prestados entre CatDem y CDC, que éste intentó justificar con simples «notas internas».

Según la Guardia Civil, «el círculo de acción delictiva» de la supuesta trama abarcaría dos niveles, «el de la propia Generalitat» y el de «los consistorios sobre los que gobierna», receptores de las comisiones por adjudicaciones «alteradas, dirigidas y fraudulentas».