Carmen Calvo niega haber cambiado de opinión sobre la amnistía: "Lo que se planteó en 2021 era inconstitucional"

La exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, busca zanjar la polémica generada entorno a su posición sobre la amnistía, en un momento clave, en medio de las negociaciones de su partido con Junts para aprobar definitivamente la ley y, tras su reciente nombramiento como presidenta del Consejo de Estado.

En 2021, la hoy presidenta del Consejo de Estado aseguraba que la amnistía "no es una opción en un Estado constitucional y democrático, ya que implicaría la abolición efectiva de uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial". Aseguraba entonces que, la propuesta de ley de amnistía presentada por los independentistas "no era una auténtica amnistía desde el punto de vista jurídico".

Ahora, casi tres años después y a punto de que el PSOE pacte con Junts definitivamente la medida, Calvo es cuestionada por sus palabras. La exvicepresidenta niega un cambio de opinión, como refleja la actual posición de los socialistas y asegura que "lo que plantea el independentismo bajo el paradigma dela amnistía era un indulto general". Rechaza así lo que planteaba ERC y Junts, que a su modo de ver era un "indulto generalizado" bajo el término amnistía.

En una entrevista en "Espejo Público" ha defendido este jueves que el "indulto generalizado era inconstitucional". y que, lo que se está planteando "ahora mismo" es una "amnistía" la cual, defiende, "está prevista en cualquier democracia y también en la nuestra". Incide, además, que de la amnistía habla el Tribunal Constitucional y, también, sobre el indulto parcial.

"Está contemplado en nuestro Estado de Derecho", contesta la exvicepresidenta al ser cuestionada por el asunto. Calvo aclara que la amnistía no la concede el Gobierno, sino que la mayoría del pueblo soberano en las Cortes Generales. Así, la experta en Derecho defiende que la amnistía, aunque pueda "no entenderse bien" políticamente, es "viable jurídicamente en cualquier democracia" y está "sometida" a las Cortes Generales y "controlada" por el Tribunal Constitucional. "Es impecable jurídicamente", respalda.