Casado recupera el «patriotismo constitucional» de Aznar

El líder del PP pide inhabilitar a los funcionarios que lleven el lazo amarillo en su lugar de trabajo.

El nuevo PP ha decidido volver a la «España sin complejos» de la etapa de José María Aznar. A exhibir con orgullo la bandera y aquello que Aznar bautizó como el patriotismo constitucional y que el nuevo equipo que dirige Génova llama ahora la «España de los balcones». Es la metáfora del llamamiento que han hecho a todos los españoles a colocar banderas en las ventanas. Esta estrategia no está pensada sólo para Cataluña y unas nuevas elecciones autonómicas, sino que mira desde Cataluña a todos los procesos electorales, hasta seis, que pueden coincidir en este año.

«España como seña de identidad de las siglas del PP» frente a la izquierda, pero, sobre todo, frente a Ciudadanos (Cs) porque Pablo Casado y su equipo han llegado a la conclusión de que su oportunidad está en jugar la carta del voto útil para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos y «la cobertura de los partidos independentistas». Por eso en la «cocina» de Génova avanzan en dar forma a un discurso muy duro contra el Gobierno socialista por «estar entregado» al independentismo, y esta presión irá a más según avance el calendario electoral. Sánchez está a su vez atrapado en los votos de ERC y del PdCat para aprobar sus Presupuestos, y si Moncloa, en el peor de los casos, justifica que no haya cuentas del Estado en que no ha cedido al chantaje independentista, el PP dirige ya su discurso a abonar el terreno para que los españoles identifiquen al Gobierno socialista con la «cesión» y la «renuncia» por su debilidad parlamentaria. En paralelo la pugna con Cs por liderar la defensa de España se está traduciendo ya en iniciativas parlamentarias que sin perder de vista la situación de Cataluña tienen una repercusión nacional.

De momento, la cúpula popular está revisando su calendario y sus propuestas ante una coyuntura en la que Pedro Sánchez convocará realmente elecciones cuando mejor le convenga, aunque el mantra sea que no las habrá hasta 2020. La decisión es competencia del presidente del Gobierno, y el PP sólo puede intentar tener todo preparado para adaptarse a las circunstancias, y quizás por eso ya ha decidido retrasar a enero la Convención Nacional, que en un principio iba a ser en octubre, y luego en diciembre. Este cónclave será la plataforma de presentación de la revisión programática en la que trabajan en Génova. En política económica, social y también en materia territorial para no dejar espacios viables ni a la derecha, Vox, ni en el teórico centro, Cs. La nueva ley de concordia estará lista para el aniversario de la Constitución, aunque por cupo de Plenos en el Congreso se puede ir a enero, coincidiendo con la Convención. El PP de Casado respondió a la decisión del Gobierno de seguir adelante con la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos con el anuncio de esta ley y de una nueva Fundación por la Concordia que presidirá Adolfo Suarez. De esta última, también se retrasa su presentación por motivos administrativos ya que se está reconvirtiendo la que todavía tiene el PP después de que Aznar desvinculase su FAES del partido. Es obligado el cambio de estatutos, de patronato, de imagen gráfica. Puede haber algún anuncio parcial próximamente, pero al proyecto todavía le queda tiempo para terminar de madurar. Y es que todo confluye para principios de año, cuando variables como la posible incapacidad del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos de 2019 y la evolución del problema catalán podrían alterar los planes oficiales del Ejecutivo de no convocar elecciones hasta que se agote la Legislatura. La nueva ley de concordia se sumará al paquete de iniciativas promovidas por el PP para obligar al Gobierno socialista a retratarse en el Congreso. Igual que ocurre con la eliminación de los indultos para los condenados por rebelión o sedición, o con la Ley de Símbolos, ya presentada y en la que el PP llegar a extender la inhabilitación a todos los funcionarios que usen el lazo amarillo en su trabajo (médicos, profesores) y a los responsables públicos que no velen por la neutralidad del espacio público (concejales, policías locales...).

Hay líneas rojas que Casado no va a traspasar como la exigencia de Vox de acabar con las autonomías. Pero toda la dirección está comprometida con la consigna de «hablar claro» y «sin complejos» sobre España y sobre las demás cuestiones que marquen la agenda. Al PP no le basta sólo con la bandera de España para recuperar posiciones perdidas en los últimos años del Gobierno de Rajoy, y así lo reconocen dirigentes nacionales y territoriales, pero en la dirección alegan que es «un símbolo» de la nueva etapa que se abrió con el Congreso de julio. El reto del PP es conseguir abrirse espacio para incluir en la agenda temas que le interesan a su oposición y que hasta el momento no han podido explotar porque es más fuerte la inercia de la agenda gubernamental.