Casi 500.000 firmas irán al Parlamento Europeo en defensa del Estado de derecho

Las organizaciones Citizens for Europe, Foro de Profesores e Impulso Ciudadano acudirán el próximo 23 de enero a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con casi medio millón de firmas para alertar de los riesgos que suponen para el Estado de derecho los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez entre Junts y PSOE. Pero el foco se pondrá en la proposición de ley de amnistía, que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

En diálogo con LA RAZÓN, la presidenta de la organización Citizens for Europe Teresa Freixes ha explicado que quieren alertar a todos los grupos con representación parlamentaria de las vulneraciones a los principios democráticos de la Unión Europea. De este modo, pretenden que las principales autoridades de Europa, también la Comisión, «se tomen en serio los riesgos no solo a partir de la ley de amnistía, sino de todo el acuerdo de investidura», explicó a este periódico la jurista.

En el encuentro en la Comisión de Peticiones, además de aportar las firmas, se hará entrega oficial de la investigación de más de 50 páginas que da cuenta de casi una quincena de acontecimientos en los que se vulneran los principios democráticos en España, un documento que ya se entregó a la Comisión Europea.

Junto con aportar documentación adicional e informaciones relacionadas con esta materia, se pondrá el foco en los procedimientos legislativos y en la aprobación de leyes, como la de amnistía, que se ha impulsado como proposición de ley, que recorta los plazos y elude los informes que emiten distintas instituciones cuando se tramita como proyecto de ley. También se abordarán los cuestionamientos a la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, con las acusaciones de instrumentalización de los tribunales con fines políticos o «lawfare», y los nombramientos de altas instituciones del Estado anulados por el Tribunal Supremo (TS), como es el caso de la exministra de Justicia Dolores Delgado o el de la Fiscalía de Menores. Asimismo, se informará del bloqueo de la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con ello, estas asociaciones quieren poner sobre aviso en el seno de las instituciones europeas de estos asuntos no son únicamente de naturaleza interna, sino que implican también a los principios de Europa.

Sobre los procedimientos que se pueden derivar de este tipo de iniciativas, la catedrática de Derecho Constitucional en la UAB explica que se abren tanto en el ámbito político como jurisdiccional. Entre los de tipo político, se puede abrir un procedimiento por infracción de los valores de Europa, a partir del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE). En él se contemplan sanciones cuando se constata que ya se han vulnerado alguno de ellos, como es el Estado de derecho. «Esto es más complejo», reconoce Freixes, aunque también incluye la activación de una serie de medidas preventivas, entre ellas, el diálogo con el Estado que esté en riesgo de incurrir en una infracción «para que vuelva al redil», explica la experta, una opción es más eficaz desde su punto de vista. Otra vía consiste en la activación de un expediente en base al Reglamento de condicionalidad, que puede implicar el bloqueo de fondos europeos.

En cuanto a los procedimientos de naturaleza jurisdiccional, además de la cuestión prejudicial que pueden plantear los jueces al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), está el procedimiento ordinario de infracción, que puede activar la Comisión Europea también ante esta corte. Hasta ahora, los procedimientos que han implicado a España han estado relacionados con asuntos de tipo económico, pero es factible que se abran para asuntos de corte político, como la ley de amnistía y el resto de los asuntos que se van a poner en conocimiento de la Comisión de Peticiones.

Todos estos mecanismos se reforzaron con el Tratado de Lisboa, que ofrece una protección más sólida a los valores europeos, dados los problemas surgidos en otros países de la UE. «No había un instrumento organizado para controlar a los Estados en estas cuestiones. Lo que se hace es reforzar el procedimiento de sanción por infracción de valores y se ponen en marcha los mecanismos preventivos», recuerda Freixes.