"Caso Acuamed": procesadas 42 personas por el supuesto fraude en la adjudicación de obras hidraúlicas

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado a 42 personas por el "caso Acuamed", el supuesto fraude millonario en la adjudicación de una veintena de obras hidráulicas en la cuenca del Mediterráneo por parte de la empresa pública. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 les imputa delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho por esas contrataciones bajo sospecha de la empresa encargada en la Administración General del Estado de la ejecución y explotación de obras hidráulicas.

Entre esas obras se encuentran el sistema de dotación de agua desde el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentín (Murcia); el proyecto de las obras complementarias de la planta desaladora del Campo Dalias, Balsas del Cañuelo y la Redonda Almería); la modificación del proyecto de las obras de control y laminación de avenidas en la cuenca media del río Serpis (Valencia); el contrato correspondiente al mantenimiento de la planta desaladora de Torrevieja (Alicante) o las obras de eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona).

Como hizo la Fiscalía, García Castellón ve indicios suficientes de las supuestas irregularidades cometidas en cada uno de los contratos con el objetivo de favorecer a determinados contratistas, que a cambio entregaron diferentes dádivas a algunos de los procesados. El principal investigado, el exdirector general Arcadio Mateo, habría obtenido, según la investigación, de las sociedades contratistas viajes y estancias dentro y fuera de España e incluso un implante de pelo en Turquía por valor de 4.500 euros.

Se ignoraron los avisos

El magistrados asegura que las conversaciones intervenidas evidencian que desde Acuamed se actuaba "al margen de los criterios técnicos que debían guiar la actuación de la empresa pública en la gestión de los intereses generales" y se facilitaba el trabajo al contratista permitiéndole intervenir en la redacción de los informes que debía emitir la empresa pública -variando para ello los conceptos y los importes a incluir en la liquidación de las obras y en la reclamación- "a conveniencia del mismo hasta alcanzar los mínimos que se habrían pactado, con independencia de cuál fuera la realidad de la obra".

El que fuera hasta abril de 2014 director de Ingeniería y Construcción de la sociedad estatal Francisco Valiente, así como posteriormente Gracia Ballesteros, gerente territorial, presentaron ante diversas instancias del Ministerio y de Acuamed -asegura el juez en su resolución- "escritos comunicando las graves irregularidades detectadas en el ejercicio de sus cometidos en unas concretas actuaciones de la empresa pública".

Pero esas advertencias cayeron en saco roto. "Como toda respuesta se dejó de atender al primero y se le cesó, y se apartó de su estudio al abogado del Estado coordinador jefe del Convenio de Gestión Directa suscrito con Acuamed, tal y como él mismo declaró -recuerda el instructor- contratándose por la sociedad estatal a unos asesores externos". Gracia Ballesteros, añade, corrió la misma suerte y fue removida de su puesto.

"Actividades especulativas"

El relato de hechos incluye lo sucedido el 14 de junio de 2012, cuando se firmó el crédito de financiación entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente por un importe de hasta 500 millones de euros, solicitado por Acuamed para sufragar costes propios de actividad en relación con la construcción de diferentes infraestructuras hidráulicas como presas, desalinizadoras, balsas o canalizaciones.

Antes de la firma del contrato, Arcadio Mateo -que conocía que su tramitación estaba en curso- decidió de forma unilateral invertir el capital público recibido del préstamo solicitado por Acuamed, "colocando el mismo en diversas entidades bancarias y contratando a un asesor para que colaborara con él en estas actividades", recalca García Castellón.

De este modo, Arcadio Mateo "excediéndose en las funciones que tenía atribuidas", asegura el magistrado, y con el "apoyo" de Francisco López Berrocal, "habría realizado actividades especulativas con el dinero del préstamo BEI, formando una cartera de inversión a largo plazo de títulos del estado" en diferentes entidades bancarias como BBVA, Santander, Unicaja y Caja laboral. Una actividad que llevó a cabo "haciendo caso omiso a las advertencias que le llegaban de la Dirección General de Patrimonio del Estado" y que, hace hincapié el juez, "se aleja del objeto social de Acuamed".