Caso Begoña, el "hermanísimo", Koldo...: las causas que asedian a Sánchez marcan el curso judicial

El nuevo curso judicial arranca con el foco puesto en el presidente del Gobierno. A diferencia de lo ocurrido en anteriores ejercicios, la agenda de los próximos meses vendrá marcada casi exclusivamente por las causas que afectan a su entorno más cercano. Se trata de cuatro procedimientos que amagan con tambalear lo que resta de legislatura a Pedro Sánchez. Dos de ellos -el relativo a su hermano y al fiscal general del Estado- enfilan su camino al banquillo, mientras que el que afecta a su mujer Begoña Gómez sigue en instrucción aunque encara su recta final. A la trama Koldo, sin embargo, se le auguran muchos más meses de investigación.

De hecho, se prevén avances de calado para este otoño tanto en la causa principal de la Audiencia Nacional como en la derivada en el Tribunal Supremo por la condición de aforado de José Luis Ábalos. Las diligencias avanzan en este último órgano con el foco puesto en las investigaciones patrimoniales y el rastreo de las mordidas que se habrían repartido Santos Cerdán (a quien los investigadores sitúan como "cabecilla" de la trama), José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García.

En la Audiencia Nacional, por su parte, están pendiente de recabar los informes de la Guardia Civil por la compra de mascarillas en pandemia a la empresa clave de la red por parte del Gobierno de Canarias y Baleares que en el momento de los hechos dirigían el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, respectivamente.

David Sánchez y el fiscal general: los próximos juicios

En lo que respecta al caso contra la mujer del presidente del Gobierno, se prevé que la instrucción llegue a su fin en este nuevo curso. Si bien es cierto que el juez Juan Carlos Peinado acaba de abrirle un nuevo frente al imputarle malversación de caudales públicos por las gestiones de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, este asunto se llevaba investigando desde tiempo atrás. La próxima cita judicial se prevé para el 10 y 11 de septiembre, día en que les ha citado para interrogarlas por este nuevo delito. No obstante, se podría suspender si accede a la petición del abogado de Begoña Gómez, que alega que le coincide con otro señalamiento. Las otras líneas de investigación (relacionadas con sus vínculos con Juan Carlos Barrabés y el máster que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid) están más avanzadas, por lo que, llegado el caso, tendrá que decidir si ve visos para procesarla y por qué motivos. Hasta la fecha la investiga por un total de cinco delitos.

Otro de los asuntos que darán que hablar es el instruido contra el hermano de Pedro Sánchez. La causa ha vuelto a su juzgado de origen pese al intento fallido de Miguel Ángel Gallardo de que la asumiera el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El órgano declinó su aforamiento exprés tildándolo de "fraude de ley" y "maniobra torticera". Ahora restan por resolver los recursos elevados a la Audiencia Provincial de Badajoz y que se fije fecha para celebrar este juicio por la adjudicación de su plaza de director de los conservatorios pacenses en 2017. Las acusaciones populares piden tres años de cárcel para David Sánchez por tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal.

Por su parte, la causa por revelación de secretos contra el fiscal general también apunta ya al banquillo. De hecho, se prevé que el Tribunal Supremo resuelva en los próximos días sobre la petición de que se le suspenda del cargo (que todo apunta que será declinatoria) y que le abra juicio oral. Se prevé que el Supremo aguarde a que pase el acto de la apertura del año judicial del 5 de septiembre, en el que tiene una presencia destacada Álvaro García Ortiz, para darle la puntilla a la causa. Tras ello ya solo quedará fijar fecha para celebrar una vista inédita, pues es la primera vez en democracia que se juzga a un fiscal general del Estado en activo. El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, pide para él cuatro años de cárcel, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) eleva su petición a seis años.

La Audiencia juzga la trama Kitchen esta primavera

También seguirá siendo noticia la polémica ley de la amnistía. Aunque el Tribunal Constitucional ya ha avalado sus aspectos más básicos tiene pendiente resolver el resto de recursos de las comunidades autónomas, además de la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo al considerar que la norma vulnera el principio de igualdad entre ciudadanos. Especialmente relevante será lo que resuelva el tribunal de garantías en relación con el recurso de amparo de Carles Puigdemont por la no aplicación de la amnistía en la malversación. Su dictamen se producirá, según las fuentes del órgano consultadas por este medio, tras conocerse el fallo delTribunal de Justicia de la UE a la vista celebrada el 15 de julio por estos hechos.

En otro orden de cosas, en este próximo curso también cogerá impulso el procedimiento abierto recientemente contra Leire Díez, "la fontanera" del PSOE, por sus reuniones con empresarios e imputados para buscar trapos sucios de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción. El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid abrió causa con el criterio favorable de la Fiscalía, al apreciar indicios de delito en los hechos denunciados por Hazte Oír. Se está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva si adhiere al caso los presuntos sobornos a dos fiscales Anticorrupción para actuar contra su jefe, Alejandro Luzón.

Del mismo modo, seguirán siendo noticia procedimientos relevantes del ámbito judicial, como ocurre con la trama Villarejo. En concreto, se prevé que en abril del próximo año arranque el juicio por la pieza "Kitchen", relativa al espionaje ilegal a Luis Bárcenas costeado con fondos reservados del Estado. En el banquillo se sentará parte de la cúpula policial del Gobierno de Mariano Rajoy, además del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su entonces "número dos", Francisco Martínez. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para ambos.

También en el marco de este caso se retomará el juicio por la supuesta contratación de José Manuel Villarejo por parte de Javier López Madrid para hostigar a la doctora Elisa Pinto. Este caso, de hecho, tendrá otro juicio paralelo, ya que, pese a los sucesivos aplazamientos, finalmente en febrero de 2026 se enjuiciará la causa que se ha seguido en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid por el apuñalamiento del que fue víctima la dermatóloga en 2014. De nuevo aquí también se sientan en el banquillo el policía retirado y quien fuera consejero de Bankia.

Púnica, la causa interminable

Del mismo modo, la Audiencia Nacional sigue adelante con varias causas que afectan al Partido Popular. Una es la relativa al caso Lezo, que salpica al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y otra Púnica. En el marco de esta última, convertida en una de las más longevas por sus 15 años de vida, se juzga a partir de enero de 2026 la pieza sobre Waiter Music. En el banquillo se sientan el que fuera secretario general del PP Francisco Granados y otra decena de personas por el presunto amaño de contratos en las fiestas de municipios gobernados por el PP. Por su parte, la pieza más relevante de la trama Púnica, que investigó una presunta financiación ilegal del PP madrileño, está pendiente de que se señale fecha de vista oral.

También en la Audiencia Nacional cobrarán relevancia el próximo curso las causas que se han ido abriendo por fraudes de IVA millonarios al sector de los hidrocarburos. De todas ellas destaca la que afecta al comisionista Víctor de Aldama y en el marco de la cual la empresaria Carmen Pano confesó que había llevado en dos ocasiones 90.000 euros en metálico a la sede de Ferraz en 2020. Estas diligencias están en plena instrucción y pendientes de analizar el teléfono clave incautado al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.

A todo ello se añade la investigación que acaba de arrancar, también en la Audiencia Nacional, contra José Luis Huertas 'Alcasec' y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez por un hackeo masivo a entes públicos como la DGT, el Registro Civil o la CNMV. El joven también está pendiente de sentarse en el banquillo por un ciberataque sin precedentes al Poder Judicial con el que robó datos de medio millón de contribuyentes. Por estos hechos afronta una petición de la Fiscalía de tres años de cárcel.

Finalmente, en este órgano también se está pendiente de que se fije fecha de juicio por la caída del Banco Popular y por el conocido como "caso Acuamed", relativo a un presunto amaño de obras públicas millonarias y en el que hay más de 40 personas procesadas. Igualmente, se mantiene el foco en dos causas que afectan al independentismo catalán: la primera es la relativa al "caso del 3%", que pone el foco en exaltos cargos de la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC) por presunto blanqueo con donaciones encubiertas al partido que buscarían financiarlo de manera ilegal. La segunda es la que salpica al clan Pujol que, tras varios años de espera, prevé sentarse en el banquillo a partir del mes de noviembre. De no producirse cambios, el expresidente catalán será juzgado con 95 años.

También en la Audiencia Nacional siguen su curso dos procedimientos vinculados al Ejecutivo de Sánchez. El primero de ellos es el relativo al caso Pegasus por el hackeo al móvil de Sánchez y tres ministros y, el segundo el que se abrió por presunto sabotaje informático con el apagón del 28 de abril. A ellos se añade el procedimiento contra el empresario amigo de Leire Díez, Javier Pérez Dolset, por la quiebra de su tecnológica, o la investigación por presunto blanqueo de capitales por parte del jeque Al Qubaisi con la compra de Torre Cepsa por 400 millones de euros.

La pareja de Ayuso, a juicio por fraude fiscal

Aunque con menos filón mediático, este mismo órgano sigue adelante con las múltiples causas abiertas por la autoría intelectual de los atentados de ETA más sanguinarios. El magistrado Manuel García Castellón procesó en 20224 a la excúpula de la banda terrorista por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco el 13 de julio de 1997, si bien se está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva por el archivo de dos de ellos, mientras que se han acordado interrogatorios de cara al mes de septiembre por el asesinato del también exconcejal del Partido Popular Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995. El próximo curso también seguirá adelante la instrucción de los procedimientos por el atentado de Santa Pola en 2002 (cuya instrucción acaba de prorrogar el juez medio año más), el de Sangüesa un año después o el de Palma Nova de 2009.

En clave política, ya fuera de la Audiencia Nacional, también cogerán vuelo este próximo curso dos procedimientos que afectan al Partido Popular. El primero de ellos es el que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y exaltos cargos de su departamento por canalizar pagos millonarios de empresas del sector gasista a través del despacho Equipo Económico para, a cambio, beneficiarles en la redacción de las leyes. Tras su imputación formal en julio, se espera la próxima citación de todos ellos en sede judicial.

La segunda causa que también salpica a los populares es la que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Todo apunta a que en los próximos meses Alberto González Amador tendrá la fecha para ser juzgado por presunto fraude fiscal. La Fiscalía y la Abogacía General del Estado piden casi cuatro años de cárcel para el empresario por un presunto fraude al fisco de 350.910 euros.

Tito Berni, más cerca del banquillo

Sin salir de Madrid destaca el procedimiento que se sigue contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, y el futbolista Gerard Piqué en el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda por el contrato de la Supercopa a Arabia Saudí. También se prevé un desenlace temprano en la causa contra el exlíder de Mas Madrid, Íñigo Errejón, por presunta agresión sexual; y del conocido como "caso cuarteles" en el que se ha investigado el presunto amaño para adjudicar los contratos de reformas de cuarteles de la Guardia Civil a Ángel Ramón Tejera de León, un empresario canario vinculado con la trama de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias "tito Berni".

Precisamente, la causa que afecta al exdiputado del PSOE (bautizada como Mediador) también se acerca a su fin. Tras tres años de investigación, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife ha avanzado que las diligencias por presuntos sobornos a empresarios y ganaderos a cambio de influir en contratos de obra pública está "próxima a finalizar su instrucción". Esta investigación destapó también las fiestas que tuvieron lugar en plena pandemia cerca del Congreso de los Diputado en las que se habría consumido droga y en las que participaron prostitutas.

En el ámbito deportivo dos casos centrarán la atención este curso judicial. Uno es el que afecta al exárbitro José María Enríquez Negreira, investigado por haber canalizado pagos superiores a los 8 millones de euros del Fútbol Club Barcelona entre los años 2001 y 2008; y otro el bautizado como "caso Soule" que se ha seguido en la Audiencia Nacional. Tras ocho años de investigación, la Sala de lo Penal acaba de confirmar los indicios contra los principales acusados, entre ellos Ángel María Villar, dejándoles a un paso del banquillo. Lo siguiente será, pues, fijar una fecha para juzgarles.