"Caso ERE": el Pleno del TC asumirá los recursos de Griñán y el resto de condenados

El Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto avalar la próxima semana que sea el Pleno de la institución el que resuelva los recursos de amparo interpuestos por los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y otros diez condenados por el fraude de los ERE.

El pasado día 5, la Sala Segunda del tribunal de garantías admitió a trámite los recursos, con el voto en contra de dos de los cinco magistrados, pero se negó a acordar la suspensión cautelarísima del cumplimiento de la condena de seis años de prisión impuesta a Griñán por prevaricación y malversación, una petición que se está tramitando, pero no con carácter urgente.

En ese mismo Pleno, la Sala Segunda, presidida por la magistrada Inmaculada Montalbán y de mayoría progresista, acordó dejar en manos del Pleno la resolución de los recursos (lo que implica que serán once magistrados, y no cinco, los que resuelvan, aunque también con mayoría progresista).

Dos de ellos -los magistrados Enrique Arnaldo y César Tolosa- ya se opusieron entonces a la admisión de los recursos por carecer, en su opinión, de especial trascendencia constitucional y referirse a "una mera cuestión de legalidad penal ordinaria" (la interpretación de los delitos de prevaricación y malversación), algo que según expresaron "compete en exclusiva" al Tribunal Supremo, que ya ratificó las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Ahora, según las fuentes consultadas, el Pleno aceptará hacerse cargo de la resolución de los recursos y de la tramitación de las piezas separadas vinculadas al "caso ERE".

A expensas del 23-J

El que tendrá que seguir esperando, a la vista de lo que suceda tras el 23-J, para cubrir sus vacantes -más de una veintena, el 30% de su plantilla- es el Tribunal Supremo (TS). Como informó LA RAZÓN, el adelanto electoral ha dado al traste con la intención del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, de resolver antes del verano los recursos contra la reforma legislativa que, desde marzo de 2022, impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos discrecionales.

De hecho, la ponencia del recurso que interpuso Vox contra esa modificación legal apadrinada por PSOE y Podemos para forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ no se ha incluido en el orden del día del Pleno que se celebrará los próximos días 20, 21 y 22.

Aunque quedan otros dos plenos más por delante antes del 23-J, fuentes del TC descartan que la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer se aborde en cualquiera de ellos, dado que el primero coincide ya prácticamente con el inicio de la campaña electoral y el segundo está previsto que se celebre a escasos días de la cita con las urnas. Se impone, por tanto, la máxima de la institución de dejar en suspenso aquellos asuntos que puedan interferir en una campaña electoral.

Admisión del recurso contra la Ley Trans

Esos recursos (el PP también acudió al TC por este motivo, aunque la resolución del recurso de Vox, que se presentó antes, determinará la respuesta a los populares por aplicación de doctrina) eran la última oportunidad de la cúpula judicial (que acumula ya casi 90 vacantes) para recuperar su plantilla al completo. Siempre y cuando, claro, el TC hubiese considerado inconstitucional la reforma (las fuentes consultadas señalan que la ponencia de Balaguer apunta en dirección contraria).

El aplazamiento de la deliberación puede acarrear, incluso, que el TC no llegue a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la modificación legal. Si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa, el PP ya ha anunciado que revertirá esa reforma para permitir al CGPJ cubrir las vacantes, lo que vaciaría de contenido los recursos, que perderían su sentido.

Al Pleno del TC sí llegará la semana que viene los recursos de Vox contra la Ley Trans, cuya ponencia ha recaído en el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, y contra la última reforma de la ley del aborto (del pasado febrero), que por ejemplo vuelve a permitir que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente el embarazo sin contar con consentimiento paterno.