El “caso Koldo” en Interior: del baile de fechas y de pagos a las sombras sobre cómo se negoció con la empresa de la trama

El Ministerio del Interior fue el segundo paso del “caso Koldo”, después de que la supuesta trama detrás de los contratos para cobrar comisiones ilegales se originara en Transportes, cuando el titular de dicha cartera era José Luis Ábalos. Tras firmar dos adjudicaciones con Puertos del Estado y con Adif, llegó la de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, por 3,5 millones de euros. El material sanitario era para prevenir los contagios del personal de la Secretaría de Estado de Seguridad. El caos de fechas de la documentación y la falta de antecedentes documentales sobre cómo se conoció y se negoció el contrato levantaron las sospechas de los agentes.

"No se ha localizado ningún documento que haga referencia a los motivos por los que el Ministerio del Interior decidió contratar a Soluciones de Gestión”, señala la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil , que indica que tampoco han dado con documentos que acrediten las comunicaciones con Transportes o cualquier otra reunión en la que se decidiera contratar con las empresas proveedoras.

Según consta en el sumario de la investigación que desarrolla la Audiencia Nacional (AN), el informe elaborado por los agentes da cuenta de un lío de fechas de los contratos, de los pagos y de las órdenes administrativas en torno al contrato que se adjudicó de emergencia a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL. Detrás de esta sociedad estarían vinculados tres de los investigados: Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto de manera directa, mientras que Koldo García, exasesor de Ábalos, lo estaría de forma indirecta.

La sociedad, que suministró el material sanitario en los nueve contratos investigados por cerca de 53 millones de euros, dio el salto desde el ámbito de Transportes hacia otras administraciones públicas a través del contrato firmado con la Subdirección General de Gestión Económica del Ministerio del Interior, que lidera Daniel Belmar. Después llegó un contrato con el Ministerio de Sanidad, otro con el Servicio de Salud Balear y otros cuatro con el Servicio de Salud de Canarias.

La investigación desarrollada para conocer en detalle cómo se realizó la adjudicación de 3,5 millones de euros desde Interior muestran que se realizaron varias diligencias en mayo de 2022. La primera de ellas fue con el subdirector general de Gestión Económica, José Manuel Fraile, queseñaló a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras para la Seguridad como el organismo que les indicó "sin margen de maniobra” la empresa con quién se debía contratar. De la documentación aportada, parte de ella en un formato “ilegible”, los agentes echan en falta aquellos que acrediten el "suministro de material por parte de la empresa adjudicataria”. Tampoco hay pruebas documentales sobre"los contactos con la misma para el perfeccionamiento del contrato”.

Entre los papeles analizados, hay una ordendel 31 de marzo de 2020 en la que elsecretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez Ruiz dictó una resolución para contratar suministros de material para protegerse de los contagios de la pandemia por importe de cuatro millones de euros. Y deja claro que los fondos se deben liberar cuando estén justificados y que en un plazo no superior a 30 días se debe dar cuenta al Consejo de Ministros.El mismo día de la orden, el subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Daniel Belmar, emite un documento idéntico, que solo se diferencia porque desglosa el precio mascarillas, guantes, buzos, test coronavirus, geles hidro-alcohólicos, entre otros, que en total alcanzan el mismo importe: los cuatro millones de euros.

Al día siguiente, el 1 de abril, Fraile certifica la existencia de crédito disponible y el 13 de abril envía un documento para cumplir con el trámite frente al Consejo de Ministros. Ese mismo día, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, amplía el crédito de cuatro millones a 5.040.000 euros bajo el argumento del surgimiento de nuevas necesidades y deja constancia en una memoria justificativa.

Reunión interministerial con Transportes

Cuando Fraile les dice a los agentes que pueden encontrar más información enla Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial porque es la entidad adjudicadora del contrato, contactaron con su responsable, Daniel Belmar. Este les comentó que los contratos surgieron de una “reunión interministerial”con el Ministerio de Transportes que puso sobre la mesa “un abanico de sociedades que les habían provisto a ellos de material sanitario”, dado que los otros ministerios plantearon los problemas que tenían para acceder al mismo. Por ello, “decidieron acudir a los proveedores seleccionados por el Ministerio de Fomento y Transportes”, reza el informe. Según Belmar, existe un acta de esta reunión.

Una vez los agentes obtuvieron el requerimiento judicial específico, el 2 de junio de 2022, acceden al contrato firmado digitalmenteel 27 de abril de 2020 por el subsecretario Rafael Pérez con Soluciones de Gestión. En él se estipula el suministro de 1.065.000 mascarillas FFP2 a 3,27 euros la unidad, por un total de 3.479.355 euros. Y se incluye una cláusula en la que se indica que el suministro se debe completar en un plazo máximo de seis meses, contradiciendo el plazo inicial de un mes indicado por el propio Pérez el 31 de marzo. Entonces se indicaba que, si se excedía ese periodo de tiempo, el contrato se debía tramitar un procedimiento ordinario.

Además, los agentes no pudieron aclarar si de la reunión interministerial surgió algún acuerdo o mandato para la contratación o para ampliar el plazo de entrega de los suministros de un a seis meses.

Y el lío de fechas comienza porque dice que el contrato empieza a contar desde el 1 de abril de 2020, aunque la fecha oficial es del 20 de abril, tal como figura en la plataforma online de contratación pública. En las actas de entrega de 12 y 27 de mayo, se totaliza la entrega de 1.288.650 mascarillas, más de las 1.065.000 que se habían contratado. Las dos páginas las firman manualmente Belmar y Arturo Pérez Martínez, director de LogísticaInternacionaldeSoluciones de Gestión y del Grupo Cueto. Los documentos fueron modificados digitalmente el 28 de mayo, según las pesquisas. Por otra parte, el certificado de recepción que se firmó digitalmente el 2 de junio de 2020, aparece como redactado el 6 de mayo, casi un mes antes de la fecha de recepción de las mascarillas.

Todo ello, genera dudas entre los agentes. “No quedan claros los hitos de tiempo en los que se produce la entrega de mascarillas" ni tampoco el motivo de que "la fecha que aparece en el documento de certificación es anterior a la recepción de las mascarillas pero la firma digital del documento es posterior". Según la investigación, "deberían ser las personas implicadas las que clarifiquen de algún modo el desarrollo de los acontecimientos”.

Lío en los pagos

Además del lío sobre si se entregaron más mascarillas de las contratadas, también hay dudas sobre los pagos. Solo consta una factura fechada el 28 de abril de 2020 en la que la forma seindica un precio individual de 2,70 euros la unidad, aunque en el contrato firmado antes decía 3,27 euros la unidad. La forma de pago era transferencia bancaria contra emisión de factura.

Las sospechas vuelven a surgir cuando se realiza la auditoría interna de Soluciones de Gestión. La empresa le pide a Interior que envíen una conformidad sobre el saldo de la cuenta entre ambas entidades a 31 de diciembre de 2020. Allí consta que la fecha de abono de los 3,5 millones deeuros fue el 5 de junio de 2020.Sin embargo, hay varios movimientos que aluden a distintas facturas que no aparecen justificados documentalmente y llama la atención que el 1 de junio habría un saldo pendiente a pagar a Soluciones de Gestión por casi 10,5 millones de euros. Con todo, en el saldo final, aparece el importe correcto.

Cuando la ONIF ya está investigando a las empresas de Víctor de Aldama y envía un requerimiento el 25 de enero de 2022 a la Secretaría de Estado de Seguridad, esta indica que no han contratado con ninguna de las sociedades del empresario. Sobre la elección de Soluciones de Gestión para comprar las mascarillas, confirman lo dicho: desde Interior tuvieron conocimiento de que Transportes había logrado “acceder a una línea de compra y abastecimiento para los organismos de él dependientes, por lo que les solicitamos que incluyesen nuestras necesidades”.

Pero desde la Guardia Civil insisten en que no está documentado por qué desde el Ministerio del Interior se contrató con Soluciones de Gestión, ni las reuniones o diálogos previos. Tampoco hay acreditación sobre las comunicaciones con Transportes o cualquier otra reunión en la que se decidiera contratar con las empresas proveedoras.

La querella por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y tráfico de influencias se presentó contra el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y contra los empresarios Víctor de Aldama, Juan Carlos Cueto Martín, Íñigo Rotaeche Lachiondo y José Luis Rodríguez García. También imputa a Patricia Uriz, la pareja de Koldo, y Joseba García, el hermano del exasesor de Ábalos. De momento, no hay ningún cargo del Gobierno investigado en este procedimiento.