Los audios interceptados en el teléfono de Koldo García junto con la denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude ponen el foco en nuevas licitaciones del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. A los proyectos superiores a los 500 millones de euros que ya rastrea la Guardia Civil se suman ahora los de la constructora Azvi (señalada por Koldo en sus chats privados) y la obra de la estación de ferrocarril de Albal (Valencia).

Las adjudicaciones a Azvi no están investigadas en el procedimiento, pero los audios incautados al exasesor de José Luis Ábalos recogen conversaciones que la implican en esta presunta organización criminal. Se trata de notas de voz de Koldo García y su exmujer Patricia Uriz, en las que esta última pregunta cómo facturar servicios de la mercantil sin tener contrato. De la conversación se desprende que ocultaron la gestión a "Víctor" (en referencia posiblemente a Víctor de Aldama) y que la firma de Manuel Contreras estaba "metida en el rollo".

Cabe recordar que Víctor de Aldama incluyó a esta constructora dentro del conjunto de mercantiles que habrían abonado comisiones a la trama a cambio de beneficiarse de adjudicaciones de obra pública. Además, reveló que, tras la salida de Koldo del Ministerio de Transportes, este grupo le contrató a través de la empresa Erikapat Consultoría Internacional S.L "como asesor y consultor para abrir nuevos negocios en Latinoamérica". La relación, sin embargo, se habría fraguado con anterioridad. La compañía fue adjudicataria de varios contratos de obra pública licitada por el Ministerio de Transportes que dirigió José Luis Ábalos entre 2018 y 2021", expuso Aldama en un escrito remitido al Supremo.

La confesión de Aldama

Del mismo modo, el conseguidor de la trama también señaló a Lantania S.L, la empresa que se adjudicó la obra de Valencia denunciada por Antifraude. En el documento que el empresario remitió al alto tribunal expuso que fue una de las firmas que mantuvo relaciones comerciales con él y que se ocupó de las obras de demolición del edificio de la calle Juan Pérez Zúñiga en el barrio de la Concepción (Madrid). Del mismo modo, también la incluyó en el listado de mercantiles que presuntamente se habrían beneficiado de adjudicaciones del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos a cambio de mordidas.

Así lo expresó en la confesión que protagonizó en diciembre en el Tribunal Supremo en el marco de la cual dijo que hubo una serie de constructoras que efectuaron pagos a los miembros de la trama cambio de hacerse con millonarias adjudicaciones de la Dirección General de Carreteras. Entre las firmas que identificó se encuentran las que investiga el Tribunal Supremo por sus vínculos con los cabecillas de la red y, además, Lantania S.L.

Aldama, que incluso aportó un manuscrito con las empresas adjudicatarias de los proyectos, la identificó al ser preguntado por las firmas concretas que habrían participado en esta dinámica. "¿Hubo otras constructoras que realizaron pagos en especie?", le requirió su abogado, José Antonio Choclán, a lo que él respondió citando a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), a Obras Públicas y Regadíos (OPR) y también a Azvi y Lantania. De ellas dijo que hacía de "enlace" con el Ministerio de Transportes.

La alerta de Antifraude

Aldama precisó que Ortiz, Construcciones y Proyectos S.A fue en UTE con Lantania en varios contratos públicos. "Estas obras se realizaron en favor de don Víctor de Aldama sin contraprestación, en retribución de la mediación realizada frente al Ministerio de Transportes, para su adjudicación, sin perjuicio de las comisiones abonadas a los otros investigados en esta causa especial", reza el documento remitido por el comisionista al Supremo.

Con todo, la Agencia Valenciana Antifraude pone el foco en la obra de Valencia por el sobrecoste ligeramente superior al millón de euros que se pagó con esta obra. La denuncia, que ya estudia la Guardia Civil por orden del juez, se ciñe al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Albal y de Adif en 2019, durante la presidencia de Isabel Pardo de Vera. Al respecto recuerda que ya en 2022 advirtieron sobre presuntas irregularidades con la firma de este convenio, que se adjudicó siendo ministro Ábalos y se financió en parte con fondos europeos.

El ente advirtió de que habían tenido lugar "conductas, hechos u omisiones" que podrían presentar caracteres de "irregularidades administrativas graves" en relación con la tramitación del convenio entre Adif y el consistorio de Albal. En concreto mencionó una serie de deficiencias que atribuyó al ayuntamiento de dicha localidad valenciana, tales como su falta de competencia para asumir los compromisos adquiridos, la inexistencia de crédito suficiente o la nula fiscalización de esta mega obra por parte de la intervención municipal. El resultado se tradujo en un sobrecoste de un millón de euros.

No obstante, la Agencia Valenciana de Antifraude no analizó la forma en que se adjudicó y ejecutó la obra porque eso implicaba, según reza la denuncia, revisar actuaciones de responsables que exceden su competencia subjetiva (Adif). En ese sentido, fuentes de Lantania precisan que no hubo irregularidad alguna con esta licitación y que, de hecho, la ganó por valoración objetiva. Las mismas fuentes detallan que recibió la cuarta mejor valoración técnica y la mejor oferta económica, después de la descalificación de las dos primeras.