Informe de 2022

"Caso Koldo": el Tribunal de Cuentas ya había señalado las irregularidades en el contrato de Puertos del Estado

La empresa del Ministerio de Transportes no publicó los datos de la contratación con Soluciones de Gestión ni comprobó su solvencia técnica, entre otros incumplimientos

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El Tribunal de Cuentaslarazon

Las irregularidades en la contratación de mascarillas por parte de la empresa pública Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, está en centro del "caso Koldo", pero también quedó en evidencia en un dictamen aprobado por el Tribunal de Cuentas en octubre de 2022. Era el sexto informe de los siete programados por este organismo y en él se señalaba que Puertos del Estado contrató con una empresa sin comprobar su solvencia técnica y sin que hubiera celebrado contratos con el sector público previamente. Encaja con el caso de Soluciones de Gestión, la sociedad que la Fiscalía vincula con Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes y que está siendo investigada por la Audiencia Nacional.

Según el informe aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, Puertos del Estado no dejó ningún tipo de constancia sobre capacidad o solvencia técnica del adjudicatario de uno de los dos contratos analizados, respecto al que tampoco constan antecedentes de haber contratado previamente con el sector público”. Y destaca otras prácticas o requisitos que se saltó por la tramitación de urgencia de las adjudicaciones.

Además, señala que Puertos del Estado “no publicó la adjudicación de uno de los dos expedientes analizados” en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Este periódico ha realizado comprobaciones en dicha plataforma y es precisamente el contrato con Soluciones de Gestión el que no aparece en él. De los que ha celebrado esta compañía, solo aparece el segundo, formalizado con Adif, pero no el primero.

Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, este contrato habría sido la puerta de entrada para la empresa del “caso Koldo” a otras adjudicaciones. El primero de los nueve contratos que están bajo sospecha es el adjudicado el 21 de marzo de 2020 por Puertos del Estado (ente público empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), para el suministro de mascarillas profilácticas por un valor de 20 millones de euros. LA RAZÓN ha buscado información sobre este contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público y no figura en ella.

Incumplimientos

El Tribunal de Cuentas analizaba en el “Informe para la fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del sector público empresarial no financiero”los aspectosde la contratación de emergencia de 33 entidades del sector público empresarial estatal no financiero en 2020, que celebraron 413 contratos tramitados por un importe de 142 millones de euros (IVA excluido). Entre ellas, Puertos del Estado.

Sobre esto, destaca más incumplimientos y, como mínimo, falta de transparencia. El Tribunal de Cuentas confirma que Puertos del Estado no solicitó otras ofertas para adquirir mascarillas, si bien es cierto que se acogió a la tramitación de emergencia en la que esto no resulta exigible, aunque sí es una buena práctica que otras entidades, como Adif y Correos, sí lo hicieron.

Otra irregularidad detectada en el contrato de Puertos del Estado es que "no aparece consignada la firma del adjudicatario”. Además, señala que la empresa pública dependiente de Transportes solo comunicó uno de los dos expedientes al Consejo de ministros, tal como concluye la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas. Lo que sí cumplió fue el tiempo de ejecución, que se inició en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la LCSP.

Que la actividad de la mercantil no tenía relación con el objeto del contrato ya se había constatado en la denuncia que presentó el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid por los contratos del Ministerio de Transportes. Soluciones de Gestión es una empresa con sede en Zaragoza que nunca antes había comercializado material sanitario. En realidad, prestaba servicios de asesoramiento a actividades internacionales, principalmente de vinculadas a la energía, el agua y a las infraestructuras agrícolas, principalmente en países africanos. Además, no tenía ningún proyecto activo desde 2017.

En definitiva, ya en octubre de 2022 el Tribunal de Cuentas informaba en el sexto dictamen de los siete previstos sobre las contrataciones por la crisis de la pandemia de Covid de las irregularidades que se produjeron en el contrato de Puertos del Estado, uno de los ejes de la investigación que desarrolla la Audiencia Nacional.

El juez cree que hubo cobro de comisiones por la adjudicación de al menos nueve contratos con distintas administraciones y que Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y ex cargo público de esa cartera, intermedió para que se adjudicaran a la sociedad Soluciones de Gestión. En la causa hay cinco investigados, entre empresarios vinculados a esa sociedad y al entramado empresarial para blanquear las “mordidas” y familiares de García.