"Caso Miguel Ángel Blanco": el fiscal contrario a la prescripción gana el pulso a García Ortiz

El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota no será sancionado por su encontronazo con el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuando era el responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, a cuenta de las discrepancias sobre la prescripción de la investigación a exjefes de ETA por su supuesta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Tras salir a la luz en julio del pasado año la negativa de González Mota a defender que no se pueda perseguir penalmente a dos de los cuatro exdirigentes etarras imputados, la Fiscalía General promovió contra él una investigación de carácter penal por revelación de secretos, que fue finalmente archivada al no apreciarse un "perjuicio penalmente relevante" en la publicación de un correo interno en el que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, trasladaba al fiscal del caso la postura de la Fiscalía sobre la prescripción. En esa resolución del 23 de septiembre del pasado año, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el fiscal del Tribunal Supremo Joaquín Sánchez-Covisa archiva las diligencias al considerar que la información publicada entonces por el diario El Mundo no podía "frustrar, entorpecer o evitar la debida investigación y persecución del delito", además de "carecer de la suficiente entidad y relevancia como para apreciar el riesgo de lesión del servicio público que exige" la comisión del delito de revelación de secretos.

Posteriormente, González Mota tuvo que hacer frente a la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave ante la posible vulneración del deber de sigilo, que también ha terminado en agua de borrajas. Y es que en el decreto de archivo -adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso este periódico-, el promotor de la Acción Disciplinaria, el fiscal Manuel Moix no aprecia la existencia de pruebas que acrediten que González Mota -que fue relevado del caso por negarse a defender la prescripción- revelara la posición que la Fiscalía pretendía imponerle en la comparecencia de los exjefes de la banda terrorista Mikel Albisu, "Mikel Antza", y Soledad Iparraguirre, "Anboto", a la que finalmente acudió otro fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira.

"Conjeturas y sospechas"

Ese decreto de archivo concluye que contra González Mota solo hubo "meras conjeturas y sospechas, pero no una prueba de cargo que desvirtúe" su presunción de inocencia. Además, señala que una vez el 21 de julio del pasado año se conoció la defensa de la prescripción de los hechos por parte del Ministerio Público, la posterior publicación de ese correo en el que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional trasladaba al fiscal del "caso Miguel Ángel Blanco" cuál debía ser la postura de la Fiscalía en esas comparecencias -en aplicación de la instrucción de la Secretaría Técnica entonces comandada por García Ortiz (quien había sido propuesto por el Gobierno dos días antes como fiscal general, aunque no tomaría posesión del cargo hasta septiembre)-, no sería ya delictiva al conocerse el contenido de ese mensaje.

La Junta de Fiscales de Sala debatirá precisamente mañana la posición del Ministerio Público respecto a la prescripción en la investigación por el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua. Como ha adelantado este diario, la postura de la Secretaría Técnica es que ese debate, tal y como defendía González Mota, debe abordarse posteriormente, "en el momento procesal oportuno", por lo que avala que la investigación siga adelante contra los cuatro exjefes de ETA imputados.

Recientemente, cuando avaló la imputación de "Iñaki de Rentería" en esta causa, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional abrió la puerta a la persecución penal de aquellos crímenes de ETA que no estaban prescritos en 2010 cuando entró en vigor la imprescriptibilidad de los asesinatos terroristas. El instructor del procedimiento, Manuel García Castellón, también defiende no debe dilucidarse esa "controversia" motivada por las "discrepancias jurídicas en cuanto al cómputo de la prescripción".

APIF: "Ha sido una represalia"

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) solicitó el archivo de las actuaciones contra González Mota. Fuentes de este colectivo denuncian ahora que esa investigación "ha sido una represalia por su actuación procesal difiriendo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional y del ahora fiscal general del Estado, que pretendían el archivo de la causa". Y subraya que la Audiencia Nacional "ha dado la razón a la posición de González Mota, y el fiscal general ha cambiado de opinión y considera el derecho de las víctimas a conocer la verdad".

En un escrito remitido la pasada semana a García Ortiz, la Comisión Ejecutiva de la APIF le instó a garantizar que la Inspección "no puede actuar sin un mínimo de comprobación contra los fiscales, promoviendo la apertura de investigaciones penales contra estos o actuaciones disciplinarias". Y aun más si cabe cuando, como en este caso, se actúa "de oficio, sin denuncia de particular, autoridad judicial o de la Fiscalía, presuponiendo la culpabilidad del fiscal", añade.

APIF censura que la Inspección "puso en marcha la maquinaria disciplinaria con la simple remisión de un oficio del fiscal jefe de la Audiencia Nacional comunicando la aparición de la noticia en prensa, sin oír al fiscal a quien se pretendió penalmente encausar" por un "inexistente delito de revelación de secretos". Esas diligencias, recuerda, "fueron archivadas al cabo de unos meses por no ser los hechos constitutivos de delito de forma tan rotunda que no se necesitó oír al fiscal".

"Ni había razones para abrir diligencias penales contra el fiscal (los hechos no eran típicos penalmente) ni tampoco para abrir un expediente disciplinario, por los mismos motivos", recalca la asociación, que lamenta que se haya tenido "a un fiscal excelente durante ocho meses pendiente de una mancha en su expediente, por el único delito de hacer bien su trabajo cuando otros lo hacían mal".

Para APIF "llama la atención que en un caso de discrepancia con la jefatura, articulado escrupulosamente conforme a la legalidad por un fiscal, resulte encausado ese fiscal y ni sombra de sospecha sobre el fiscal jefe con el que se discrepa".