El juez Querol habló con sus asesinos en un bar cuando los etarras le estaban vigilando

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Francisco Querol, asesinado por ETA el 30 de octubre de 2000, conversó en un bar con los etarras autores del atentado, con los que coincidió mientras los terroristas le estaban vigilando días antes para recopilar información sobre sus horarios y desplazamientos diarios. Así consta en la resolución en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado un paso más para conseguir que Francia autorice que se investigue por este asesinato al exjefe "militar" de ETA Javier García Gaztelu, "Txapote", a los también antiguos responsables de los "comandos" Ainhoa Múgica y Juan Antonio Olarra Guridi y al etarra Juan Luis Rubenach, que perteneció al "comando Buruhauste", al que se atribuye el atentado, en el que también murieron el escolta y el chófer del juez y un conductor de autobús de la EMT.

En ese escrito, Pedraz detalla que fueron los integrantes del "comando" -Ana Belén Egües, Gorka Palacios, Ivan Apaolaza y el propio Rubenach quienes elaboraron "la información necesaria para cometer el atentado", pues algunos de ellos "fueron detectados por el vecindario de las calles" durante esas tareas de vigilancia. Se les vio asimismo, añade el magistrado, en un bar cercano al domicilio de Querol, "con el que incluso entablaron conversación en el interior del local".

Para recabar esas informaciones -recoge el auto judicial- los etarras solían colocarse en las paradas de autobuses y en bares con cristaleras "desde las que pudieran observar los objetivos". En una de ellas, habrían coincidido por tanto con Querol en el interior del bar cercano a su domicilio. Las informaciones recopiladas "eran apuntadas a mano en una agenda" y posteriormente los terroristas las hacían llegar al miembro del "comando" a cargo del piso de seguridad en la calle Castrotorafe de Salamanca, supuestamente Rubenach. Precisamente mañana declaran en la Audiencia Nacional varios testigos que coincidieron con él durante su estancia en la ciudad salmantina y le reconocieron fotográficamente.

Según fuentes jurídicas, fue la hija del magistrado asesinado, Amelia Querol, la que en su declaración ante el juez el pasado 19 de mayo aseguró que el dueño del bar le comentó que había visto a su padre conversando con unas personas a las que después identificó como los autores del atentado. Pero, según esas mismas fuentes, el propietario del local ya ha fallecido y tampoco se ha podido recabar el testimonio del hijo al respecto.

Los exjefes, "cooperadores necesarios"

En ese auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considera a los cuatro exjefes de ETA -con el aval de al Fiscalía- cooperadores necesarios de los asesinatos (al haber facilitado supuestamente al "comando" los explosivos como las placas falsas para el coche bomba utilizado en el atentado), abriendo una puerta judicial a la persecución penal de los exintegrantes del comité ejecutivo de ETA por los atentados cometidos mientras integraban la Zuba, que Dignidad y Justicia (DyJ) plantea a través de una posible responsabilidad como autores mediatos por el dominio que ostentaban en la organización terrorista.

El pasado junio, Pedraz ya solicitó autorización a Francia -que en su día no entregó a los cuatro terroristas investigados por estos hechos-, pero para que el país vecino dé su visto bueno es imprescindible que el magistrado español acuerde una orden de busca y captura e ingreso en prisión (donde ya se encuentran todos ellos cumpliendo condena por otras causas) y las correspondientes órdenes europeas de detención, lo que finalmente hizo el pasado 29 de septiembre en una resolución adelantada por Abc a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Como ya hizo el pasado agosto cuando amplió hasta febrero del año que viene la investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional hace un preciso relato del atentado y recuerda que minutos antes de la 9:15 horas del 30 de octubre de 2000, el chófer del magistrado, Armando Medina, junto al escolta de Querol, el policía Jesús Escudero, llegaron a un bar de la madrileña avenida de Badajoz donde desayunaron tras aparcar el coche oficial (un Renault Megane) que utilizaba el juez del Supremo en sus desplazamientos.

El relato del atentado

De nuevo en el coche, se dirigen a la calle Torrelaguna en la única dirección posible hasta que, al final de la calle toman la dirección contraria por el carril bus, parando a la altura del número 65. Una vez allí, Querol se sube al vehículo, que prosigue su marcha por el carril bus hasta que gira a la derecha para tomar de nuevo la avenida de Badajoz.

"Al doblar la esquina, estalla un vehículo bomba que se encontraba estacionado a la altura del paso de cebra de la esquina de ambas calles". El vehículo oficial en el que viajaban Querol, su escolta y su chófer "recibe toda la explosión e impacta contra un autobús que circulaba a su altura en ese momento". A consecuencia del tremendo impacto, el vehículo oficial "salta por encima del autobús", cuyo conductor, Jesús Sánchez Martínez, fallece, cayendo boca abajo el coche en la acera. Todos los ocupantes del vehículo oficial mueren a consecuencia de la explosión.

El coche bomba, un Renault-19 de color rojo, había sido robado en Madrid el 17 de agosto de ese mismo año, aunque los terroristas le habían colocado una matrícula falsa para despistar a la Policía. El atentado fue reivindicado por un comunicante anónimo en nombre de ETA, según informó el diario Gara el 15 de noviembre de 2001.

Pedraz -que admitió a trámite una querella de Dignidad y Justicia contra exjefes de ETA por estos hechos- identifica a los integrantes del "comando Buruhauste" responsable de la acción terrorista: además del propio Rubenach, Ana Belén Egües, Gorka Palacios e Iván Apolaza, que huyó a Francia en julio de ese mismo año. Otro de sus supuestos integrantes, Oier Goitia se habría hecho cargo del piso de Salamanca desde febrero de 2000.

Vigilancias en el domicilio del juez

Pedraz imputa a Rubenach -que se encargó de gestionar el piso franco de Salamanca donde se montaron los explosivos- delitos de asesinato terrorista en concepto de autor y de integración en organización terrorista. A "Txapote", Múgica y Olarra Guridi, el magistrado les considera cooperadores necesarios del asesinato y les atribuye además un delito de pertenencia a organización terrorista en calidad de dirigentes. Aunque no consta en la resolución, también están imputados por depósito de armas y explosivos, un delito que se añadirá en el escrito que se remitirá a Francia, tal y como ha solicitado ya al instructor Dignidad y Justicia.

En cuanto al explosivo, la dirección de ETA -en la que figuraba "Txapote" como responsable "militar" hizo llegar al "comando Buruhauste", "a través de un enlace no identificado", al menos dos entregas de material entre noviembre de 1999 y septiembre del año siguiente: 200 kilos de dinamita en la primera y otros 120 posteriormente, un material que fue trasladado desde el madrileño barrio de Fuencarral hasta el piso franco de Salamanca por los cuatro miembros del "comando".

El juez señala respecto a las matrículas falsas utilizadas en el atentado que "Txapote" ordenó al "comando Erezuma" el robo de una troqueladora en España para confeccionarlas. Para ello, añade, facilitó a sus integrantes información de dos empresas las localidades de Eibar y Mondragón. Esa urgencia de "Txapote" se debe, según Pedraz, a "la preparación de un gran atentado terrorista que rompería la tregua de facto", para el que ETA necesitaba placas falsas, dado que "iban a recorrer España cargadas de explosivo y requerían por medidas de seguridad de unas placas perfectamente dobladas".