Castro rechaza de nuevo imputar a Urdangarín por blanqueo

El juez urge a Hacienda a remitirle información sobre una de las empresas a las que asesoró

El juez José Castro, instructor del «caso Nóos», insiste en que no es posible imputar por blanqueo a Iñaki Urdangarín, a su ex socio en el Instituto Nóos Diego Torres y a la esposa de éste, Ana María Tejeiro. En un auto notificado ayer, el magistrado rechaza el recurso interpuesto por Manos Limpias contra su decisión del pasado día 10, en la que dejó claro que imputar por blanqueo al duque de Palma y a los otros dos imputados supondría aplicarles retroactivamente la reforma legal que tipificó esa conducta, que entró en vigor en diciembre de 2010. Castro subraya que los argumentos esgrimidos en su recurso por la acusación popular no suponen «un cambio sorpresivo respecto de las que en su momento se expusieron», y que ya fueron desestimados por el instructor.

El magistrado recuerda a la acusación recurrente que en su escrito admite que, si bien antes de esa reforma legal «existía un gran número de sentencias del Tribunal Supremo» que penalizaban el autoblanqueo, «también eran numerosas las que a ello se negaban». Y la uniformidad de criterio sólo se alcanzó, añade, cuando se introdujo expresamente en el Código Penal la figura del autoblanqueo.

En la misma resolución, el juez reclama a la delegación de la Agencia Tributaria en Madrid «el urgente cumplimiento» del oficio remitido a Hacienda el pasado día 10, en el que, a instancia de la defensa de Urdangarín, le solicitaba diversa documentación respecto a una de las empresas a las que asesoró el duque de Palma, Motorpress Ibérica. Ésta es una de las últimas diligencias pendientes antes de que Castro pueda dar carpetazo a la investigación.

En ese auto, el magistrado pedía a la Agencia Tributaria la declaración complementaria presentada por esta sociedad y las actas de inspección levantadas por Hacienda a la empresa, a las que han hecho referencia en sus interrogatorios en el «caso Nóos» tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado. Urdangarín justificó esa petición en la necesidad de estar en «igualdad de armas» para defenderse respecto a Hacienda, el Ministerio Público y los Servicios Jurídicos del Estado.