Caso Nóos
Castro sopesa mantener la imputación contra la Infanta por delito fiscal
El juez la consideraría cooperadora necesaria de los delitos tributarios atribuidos a Urdangarín
Tras cuatro años de investigación, el juez José Castro está a punto de dar carpetazo al «caso Nóos». No será la próxima semana, como apuntaban algunas fuentes, sino, como pronto, a la vuelta del Puente de Mayo. Aunque el magistrado podría haber dictado este mes el auto de transformación de las diligencias previas en Procedimiento Abreviado (cauce que sigue la instrucción cuando los delitos imputados, como en este caso, no están castigados individualmente con más de nueve años de cárcel), a día de hoy todavía existen algunos flecos pendientes que le impiden dar ese paso, equivalente a un auto de procesamiento.
Según las fuentes consultadas, el juez Castro ha aprovechado la Semana Santa para avanzar en la redacción de esa resolución, que ya supera el centenar de folios, en la que debe hacer una relación de los hechos supuestamente delictivos y de la responsabilidad de los diversos imputados en los mismos. La principal incógnita es si, finalmente, mantendrá la imputación a la Infanta Cristina, a la que tomó declaración el pasado febrero por delito fiscal y blanqueo, una posibilidad a la que se oponen, con los informes de Hacienda a su favor, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado.
Desde la comparecencia de Doña Cristina, el magistrado ha tomado una decisión de trascendencia que, indirectamente, afecta a la hija del Rey: ha rechazado, por dos veces, imputar un delito de blanqueo a Iñaki Urdangarín (y tampoco a su ex socio Diego Torres y a la esposa de éste, Ana María Tejeiro), como pretende Manos Limpias, porque según Castro eso supondría aplicarle retroactivamente la reforma legal que tipificó el autoblanqueo, que entró en vigor en diciembre de 2010, con posterioridad a los hechos investigados. El juez sí imputa al duque de Palma malversación, falsedad documental, prevaricación, fraude y dos delitos fiscales.
Por este motivo, el magistrado sopesa (pese a los informes contrarios de la Agencia Tributaria), mantener la imputación contra la Infanta, como cooperadora de los dos delitos fiscales que Hacienda achaca a su marido en los IRPF de 2007 y 2008, pero no por blanqueo. Según la Agencia Tributaria, el yerno del Rey tributó en ambos ejercicios de forma irregular sus ingresos como consejero de empresas privadas a través de Aizoon, la empresa que el matrimonio comparte al 50%, para beneficiarse así de un mejor trato fiscal a través del Impuesto de Sociedades. Pero para justificar esa imputación, el instructor debe esgrimir indicios suficientes de que la Infanta era consciente de que Aizoon se creó con el objetivo de defraudar a Hacienda, lo que convertiría su partipación en indispensable para la supuesta comisión de los delitos fiscales imputados a su esposo, una posibilidad que rechazan la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
En todo caso, la posible imputación por autoblanqueo a Urdangarín está pendiente de la decisión de la Audiencia de Palma de Mallorca, que debe resolver el recurso de apelación presentado por Manos Limpias contra la negativa del juez a añadir un nuevo delito a la lista de los que ya le achaca. Éste es uno de los motivos por los que Castro aún no ha puesto el broche a la instrucción, pues espera a conocer la resolución de la Sala.
La Audiencia ya ratificó hace unos días la negativa de Castro a citar como testigo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por los convenios firmados entre Madrid 2016 y una fundación de Urdangarín y Torres, cuando era alcalde de Madrid, otra de las resoluciones de las que estaba pendiente el instructor del «caso Nóos» para cerrar la investigación.
Pero no es el único contratiempo que entorpece el final de la instrucción. La semana pasada, Antonio Alberca, abogado del ex presidente balear Jaume Matas, imputado en el procedimiento, renunció a su defensa y es previsible que el nuevo letrado solicite tiempo para conocer de forma exhaustiva los pormenores de la causa, a lo que Castro está obligado a acceder dada la complejidad y el volumen de la instrucción (que casi suma 30.000 folios sólo en la pieza principal).
Por si fuera poco, el magistrado está pendiente de que le entreguen las transcripciones de la última ronda de declaraciones de testigos practicadas en Valencia los pasados días 11 y 12 en relación a los convenios firmados por el Instituto Nóos con la Generalitat Valenciana investigados en este procedimiento. Castro también quiere esperar a conocer la opinión de las partes al escrito de alegaciones remitido el pasado miércoles al juez por la defensa de Urdangarín, del que les ha dado ya traslado, en el que niega haber cometido delito fiscal alguno en el IRPF de 2007 y 2008.
«Son trámites de poca sustancia pero que se deben cumplimentar antes de dictar el auto», aseguran fuentes próximas al juez. Aunque «a día de hoy no maneja fechas», esas mismas fuentes apuntan a que el auto de transformación en procedimiento abreviado podría dictarse la semana del 5 de mayo.
El auto con el que Castro pondrá punto y final a la instrucción puede ser recurrido ante la Audiencia de Palma ( y así sucederá si mantiene la imputación de la Infanta, pues la Fiscalía tiene previsto, al margen de lo que haga la defensa de Doña Cristina, recurrir a la Sala para intentar tumbar la imputación in extremis) y tramitar esos recursos «tardará bastante tiempo», advierten. Esto retrasaría los plazos para presentar los escritos de acusación y para que se conozca la petición de años de prisión a la que se enfrentarán Urdangarín y su socio.
Fuentes de la investigación no entienden que se retrase más tiempo esa resolución. «No tiene por qué esperar la resolución de la Sala respecto a la imputación por autoblanqueo de Urdangarín, y respecto al abogado de Matas, puede darle tiempo para que se instruya de la causa después de dictar su resolución y ampliar el plazo para que presente su escrito de defensa», aseguran. Según estas mismas fuentes, el escrito del duque de Palma negando que cometiera delito fiscal tampoco entorpece la recta final de la insrucción. «Se ha dado traslado a las partes sólo para que tengan conocimiento de su contenido y, si quieren, informen al respecto, pero no se trata de un recurso y no hay que esperar a esos pronunciamientos, si los hubiere» precisan.
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