Catalá, a Mas: La consulta es «profundamente antidemocrática»

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que la consulta alternativa del 9N es “anticonstitucional” y “profundamente antidemocrática” y afirma que las actuaciones que ha emprendido la Generalitat están fuera de sus competencias.

“La convocatoria que está amparando la Generalidad de Cataluña con sus actuaciones (página web, coordinación de voluntarios, puesta a disposición de centros escolares, elaboración de urnas) está fuera de las competencias del Gobierno del Señor Más”, ha dicho.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña “autoriza la realización de encuestas, foros de participación y audiencias públicas, pero no un referendo como el que la Generalidad pretende realizar”, ha precisado el ministro Catalá en declaraciones a los medios de comunicación.

Catalá ha respondido así en nombre del Gobierno al presidente de la Generalitat, Artus Mas, quien hoy ha asegurado que ha dado instrucciones para estudiar acciones jurídicas contra el Ejecutivo central, al que acusa de “abuso de poder y derecho” tras el anuncio del Gobierno de impugnar la consulta alternativa ante el Tribunal Constitucional.

“El proceso que la Generalitat está auspiciando, además de contrario a la Constitución, es profundamente antidemocrático porque carece de todas las garantías relacionadas con la inexistencia de un censo electoral, una junta electoral, un sistema de interventores y controles así como de recuentos transparentes”, ha explicado el ministro.

Catalá ha recordado que una vez que el Constitucional acordó la suspensión de la consulta planteada por el Gobierno de Mas, “no es posible que la Generalitat siga desarrollando actuaciones encaminadas a conseguir un resultado equivalente al que la Ley y el Decreto suspendidos pretendían obtener”.

Fuera de sus competencias

En este sentido, ha asegurado que la convocatoria que está amparando la Generalitat con sus actuaciones (página web, coordinación de voluntarios, puesta a disposición de centros escolares, elaboración de urnas) está fuera de las competencias del Ejecutivo catalán porque el Estatuto de Autonomía autoriza la realización de encuestas, foros de participación y audiencias públicas, “pero no un referendo como el que la Generalitat pretende realizar”.

Ha apelado al dictamen del Consejo de Estado que avaló la tesis de que existen “fundamentos jurídicos suficientes” para impugnar ante el TC la consulta alternativa del 9N, por lo que la actuación del Ejecutivo central ante el Constitucional, ha dicho, “no es sino el ejercicio de las obligaciones que le corresponden al Gobierno en defensa del orden constitucional y del Estado de Derecho”.