Catalá se compromete a mejorar la justicia gratuita

El ministro de Justicia se ha comprometido a reformas en materia de asistencia jurídica gratuita y de tasas judiciales que garanticen que ningún ciudadano deje de acceder a los juzgados y tribunales por falta de recursos económicos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido hoy a reformas en materia de asistencia jurídica gratuita y de tasas judiciales que garanticen que ningún ciudadano deje de acceder a los juzgados y tribunales por falta de recursos económicos.

Rafael Catalá ha presentado hoy en el Senado sus líneas de actuación para lo que queda de legislatura.

En cuanto a la asistencia jurídica gratuita el ministro ha asegurado que se ampliará el número de beneficiarios y que en el proyecto de ley que comenzará pronto a debatirse en el Senado se introducirán enmiendas de mejora para que "nadie se quede sin ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de recursos".

En este sentido ha dicho que ya se ha introducido una enmienda en la tramitación de los presupuestos generales del Estado para 2015 para financiar con seis millones de euros la partida destinada a justicia gratuita y que el reparto de esta cantidad se materializará a través de convenios con las comunidades autónomas para garantizar la mejor prestación del servicio.

Catalá espera presentar "en breve"la reforma de la ley de tasas judiciales tras estudiar los datos y la información aportados por el Consejo General del Poder Judicial y de la Agencia Tributaria sobre su impacto. "Se trata de asegurarnos que las tasas nunca puedan generar una limitación al derecho a acceso a la justicia por los ciudadanos", ha destacado.

El titular de Justicia ha adelantado algunos de los aspectos más relevantes que incluirá las reformas de las leyes de Enjuiciamiento Criminal y del Poder Judicial.

Para que ningún ciudadano resulte perjudicado en cuanto a los tiempos de respuesta de los órganos judiciales se establecerán nuevos criterios para el reparto provincial de asuntos sin que desaparezcan los partidos judiciales.

Así, cuando un Juzgado supere el máximo de la carga de trabajo prevista, con la finalidad de evitar retrasos y demoras, se repartirán los asuntos a otros próximos con carga inferior.

Catalá ha destacado además la importancia de adecuar la plantilla judicial a las necesidades reales de los ciudadanos.

En este sentido ha recordado que según un reciente informe de la Comisión Europea sobre la eficacia de la justicia, España tiene 11,2 jueces por cada cien mil habitantes, "con lo que se sitúa en torno a la media europea, muy cerca de Holanda (14,4), Bélgica (14,3), Suecia (11,8) y por delante de otros países como Noruega (11), Francia (10,7), Italia (10,6) y Reino Unido (4).

Por otra parte, ha destacado el reto que supone para todas las administraciones la lucha contra la corrupción y ha subrayado "la batería histórica"de reformas que anunció el jueves pasado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Entre esas medidas el ministro ha recordado que por primera vez en democracia se crea el delito específico de financiación ilegal de los partidos políticos, se agravan las penas de inhabilitación y se aumentan los plazos de prescripción.

En materia procesal ha dicho que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitirá agilizar las causas más complejas para hacer posible instruir y juzgar los delitos sin necesidad de concatenar piezas e impedir así que los procesos se alarguen durante años, y se fijará un plazo máximo de instrucción.

Además, se regulará de nuevo el comiso a través de la modificación de la carga de la prueba que contribuirá a que la sociedad vea cómo el delincuente devuelve los bienes que se le encuentran y que no es capaz de justificar, ha explicado.

Respecto a la reforma del Código Penal, de la que ha resaltado que cuenta con novecientas enmiendas de los grupos en el Congreso, espera que llegue al Senado en torno a la segunda quincena de enero.

El ministro ha reiterado su oferta de "diálogo sincero y abierto al consenso"con los grupos parlamentarios para sacar adelante las reformas que mejoren y modernicen la justicia.