Cataluña puede ser Grecia

El «sueño» de una Cataluña independiente que promueve el presidente de la Generalitat, Artur Mas, sería en una pesadilla financiera. Es más, el hipotético nuevo país nace con una tara que no es producto de la casualidad: no tiene modelo económico, o al menos el Gobierno catalán no lo ha presentado a fecha de hoy. El paraguas del «Espanya ens roba», eslogan principal de los socios de CiU en el ejecutivo regional (ERC), sólo recoge una estimación manipulada de lo que Cataluña pierde en la denominada balanza fiscal: unos 16.500 millones de euros, según el Govern. Una cifra que, además, es claramente insuficiente para pagar las deudas de un Gobierno autonómico adicto al gasto público improductivo y cuya burbuja nunca se pinchó. Ahora la sostiene el Estado y las CC AA solventes.

El principal objetivo de la amenaza secesionista es la independencia, sostienen desde el Govern, pero el oscuro futuro económico que supondría esta posibilidad rebajaría los ánimos de la Generalitat si fuera acompañado de una mejora en el sistema de financiación autonómico. Esto no es otra cosa que el capital que el Estado central, ése del que Artur Mas y Oriol Junqueras reniegan apelando al corazón y no a la razón de los catalanes, inyecta en las comunidades autónomas cada año. Y la realidad actual es que Cataluña es la región más beneficiada de las 17 que forman nuestro país. En términos brutos, y sólo con las entregas a cuenta previstas en los Presupuestos Generales del Estado para este año, la Generalitat recibirá 1.986 euros por cada uno de sus habitantes, frente a los 1.735 euros que recibirá Madrid.

En ausencia de un modelo económico, Junqueras y Mas eluden explicar a los catalanes las consecuencias del proceso de secesión, que no son otras que la salida del euro, la quiebra financiera, la quita de deuda, la pérdida de solvencia, un fuerte proceso de devaluación interna marcado por el recorte de salarios, el retroceso de las ventas a Europa y al resto de España –que además serán más caras al aumentar las tasas arancelarias– y el desplome del PIB. Los catalanes que respaldan la autodeterminación no saben que serían más pobres si la comunidad se independizara de España.

Deuda superior al 100% del PIB

Cataluña no tendría recursos para refinanciar los 52.000 millones de euros de pasivo que soporta la Generalitat, que sigue gastando aproximadamente 4.000 millones más de lo que ingresa cada año. Este déficit hoy se convierte en deuda con el Estado español, que es el que lo financia, y que debería desaparecer en búsqueda del equilibrio presupuestario para una nación que no puede –ni podrá– levantar capital de forma autónoma. Sin embargo, el Govern pide poder gastar más, pese a que nadie, salvo España, le presta capital.

Además de su pasivo, Cataluña debería heredar su parte proporcional de la deuda del Estado central. En función de su peso en la economía española, del 18,9%, a la Generalitat le corresponden aproximadamente otros 138.000 millones de euros. Así, Cataluña abandonaría España con un pasivo de unos 190.000 millones, más del 100% de su PIB, que no podría refinanciar por su condición de «bono basura» para las agencias de rating. Esta calificación caería al nivel de «impago» y pasaría del actual BB al terreno de la C, que ostenta Grecia y que contempla que los inversores no recuperarán parte del capital.

En el terreno puramente económico, el retroceso de las exportaciones al resto de España –por efecto rechazo– y a la zona euro sería una realidad desde el primer año. El encarecimiento de los aranceles al perder la condición de territorio comunitario supondría, además, un lastre para el comercio exterior. Cataluña depende de las ventas al mercado español, según los datos de la balanza comercial de los últimos años.

En 2010, el 48% del total de las ventas al exterior de Cataluña se realizaron hacia el resto del territorio español, mientras que el año siguiente el peso del comercio interregional fue del 47%. Casi la mitad de las ventas catalanas se dirige hacia las 16 comunidades. Con la independencia, muchas empresas abandonarían Cataluña para establecerse en España o en otros países del euro, lo que supondría pérdida de empleos y rebaja de salarios para los que se queden. La caída de las ventas al extranjero impactaría de forma decisiva en el PIB. Según Convivencia Cívica Catalana, la economía de la región caería un 20% y el paro aumentaría más de un 17%.

Emigración y más impuestos

Por todo lo anterior, Cataluña sufriría una fuerte emigración fuera de sus fronteras. Esto equivale a una menor demanda interna, a menores ingresos por impuestos y a una obligada reforma fiscal que elevaría el esfuerzo pedido a los habitantes de la región. En términos presupuestarios, resulta difícil pensar que un Gobierno catalán independiente gastaría menos de lo que gasta ahora.

La situación de Cataluña con España es similar, salvando distancias evidentes, a la que vive Grecia con la Comisión Europea. Dos instituciones superiores sostienen a los territorios en crisis, economías que además presentan un PIB similar (198.000 y 194.000 millones de euros, Cataluña y Grecia, respectivamente). Sin la respiración asistida del resto de autonomías, la Generalitat habría quebrado ya en 2012. El país heleno, sin los rescates europeos, sería hoy un gigantesco concurso de acreedores estatal. Ambas han perdido el acceso al mercado.

En definitiva, que Cataluña salga de España condena al territorio a la quiebra económica. Mas y Junqueras saben perfectamente las implicaciones de la secesión, y utilizan una creciente presión popular de una masa engañada para sacar prebendas económicas y autonomía fiscal del Estado central.