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Celaá permite a la Generalitat desterrar el español de las aulas

Las comunidades con lengua propia decidirán en qué idioma se imparten las asignaturas

  • La ministra Isabel Celaá ha emprendido una reforma educativa que, en muchos casos, supone una vuelta a la LOE socialista
    La ministra Isabel Celaá ha emprendido una reforma educativa que, en muchos casos, supone una vuelta a la LOE socialista

Tiempo de lectura 4 min.

21 de noviembre de 2018. 02:57h

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Rocío Ruiz.  21/11/2018

Los alumnos catalanes podrán seguir estudiando en catalán, como venía ocurriendo hasta ahora, y el castellano seguirá siendo minoritario en las aulas, a pesar del rosario de sentencias que durante años han venido obligando a la Generalitat a devolver a la lengua de Cervantes su carácter vehicular en la enseñanza catalana.

El Ministerio de Educación dará libertad a las comunidades autónomas con lengua propia para que fijen en qué lengua se deben impartir las diferentes materias o fijen en qué proporción se debe usar la lengua castellana y la lengua cooficial en el aprendizaje del alumno, según figura en el borrador de anteproyecto de ley orgánica que modifica la Lomce.

El cambio legal, que supone avalar la inmersión lingüística en Cataluña, deja entrever que no está claro que, con el modelo vigente, todos los niños adquieran las competencias suficientes para expresarse correctamente, una deficiencia que hasta la Generalitat ha detectado en lugares de catalanización total. Es por esto por lo que la norma ya prevé que las comunidades autónomas con lengua propia «promoverán la realización de análisis por parte de los centros de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana y, en su caso, en las lenguas cooficiales en el grado requerido», dice el anteproyecto al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Más aún, los centros «impulsarán la adopción de medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas»

Eso sí, deja claro que Lengua castellana se debe impartir en castellano (en Cataluña se habían detectado casos en los que se impartía en catalán) y la asignatura de lengua cooficial, en la correspondiente.

La reforma emprendida por la ministra Isabel Celaá incorpora la sentencia de lTribunal Constitucional de febrero de 2018, que anulaba la obligación de que la Generalitat pagara a los padres los gastos derivados de querer escolarizar a los hijos en castellano y vuelve a la regulación que hacía la LOE sobre la determinación del currículo (55%-65%).

Al menos 200 alumnos, según los datos de la Alta Inspección del Estado, han estudiado en centros privados con cargo a la Generalitat tirando de fondos que, de forma anticipada, el Estado ha detraído a la comunidad autónoma de las transferencias previstas, la fórmula que habilitó el ex ministro Wert para garantizar la educación del castellano en Cataluña.

La controvertida fórmula ha permitido que cada familia que ha escolarizado a un hijo en un colegio privado haya recibido 5.200 euros el curso 2014/15; 4.900 euros el 2015/16, y 4.600 el curso 2016/17.

La reforma de Celaá que avala el modelo catalán no es del gusto de todo el sector educativo. Los profesores ya han manifestado sus objeciones. Para el presidente del sindicato ANPE, Nicolás Fernández, «cualquier reforma educativa que es política de Estado debe garantizar unas enseñanzas básicas comunes, la coordinación y cooperación entre todas las administraciones educativas y la garantía para todos los alumnos de la lengua común del Estado junto a las lenguas cooficiales en las respectivas comunidades autónomas». En su opinión, «permitir el desarrollo del currículo en la propia lengua vernácula ahonda en la desvertebración y se debe garantizar la igualdad de derechos del alumnado y el profesorado en todo el territorio».

Conciertos

Por otra parte, Escuelas Católicas manifestó ayer su decepción al ver limitado en el borrador de anteproyecto educativo la posibilidad de concertar centros aunque haya demanda social. Esto significará que, en el caso de que en una localidad hubiera, por ejemplo, dos centros públicos, uno de ellos lleno y otro casi vacío, y en la misma zona otro concertado completo de alumnos, la reforma que impulsa Celaá daría vía libre a la administración para que quitara la ayuda al colegio concertado y se satisfaciera así la demanda de escolarización en el público vacío. A su juicio, «es preocupante que se haya omitido cualquier referencia a la libertad de enseñanza» en el texto legal.

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