Censo electoral: piden regularizar a medio millón de migrantes

«Papeles para todos, regularización ya». Bajo esta premisa, una campaña llevó al Congreso de los Diputados en diciembre más de 600.000 firmas para que se debata la regularización de unos 500.000 migrantes, tras conseguir superar el medio millón de apoyos necesarios para que la propuesta se convirtiera en Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

En concreto, esta Ley tiene un artículo único que modifica la disposición transitoria primera de la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en nuestro país con el objetivo de hacer una «regularización de extranjeros que se encuentren en España» antes del 1 de noviembre de 2021. La reforma legal se aplicaría a través de un real decreto del Gobierno que tendría que establecer, en el plazo de 6 meses, el procedimiento para «nacionalizar» a entre 390.000 y 470.000 personas migrantes. El primer paso, en todo caso, es que la Cámara Baja decida si tramita esta iniciativa, impulsada por una Comisión Promotora en la que participa la organización Regularización Ya.

El PSOE todavía no se ha posicionado al respecto de manera oficial y es el partido determinante aunque la ILP cuenta con un importante apoyo de la izquierda parlamentaria. Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís, Más Madrid o BNG se han mostrado a favor de la iniciativa. No obstante, sí es cierto que el PSC y el PP se abstuvieron en el Ayuntamiento de Barcelona cuando se votó en octubre una moción sobre este asunto, que fue aprobada gracias a los votos de Esquerra y el partido de Ada Colau. Y, en la exposición de motivos, se recuerda que en España se han producido ya seis regularizaciones, de las que cuatro han correspondido a etapas socialistas y dos a épocas en que los populares estaban en el poder.

Los promotores dan dos argumentos principales para apoyar el proyecto legislativo: el respeto de los derechos humanos (en referencia a que las personas sin papeles quedan excluidas de servicios sociales y de oportunidades laborales) y la reducción de la economía sumergida (permitiría un gran aporte a las arcas públicas).

Los representantes de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís, Más Madrid o BNG participaron en un acto organizado por Regularización Ya en la Cámara Baja en el que mostraron su compromiso con la ley. El PSOE no asistió, pero los socialistas se erigen en la pieza clave para que el bloque de izquierdas sume mayoría y tramite el proyecto legislativo.

Tras haber pasado por la calificación de la Mesa, la propuesta deberá someterse a debate en el Pleno del Congreso para su toma en consideración. Es decir, que la Cámara Baja tendrá que ver si sigue adelante con la tramitación del texto o decide echarlo atrás.

No obstante, a nadie se le escapa el contexto en el que se produce esta iniciativa legislativa: estamos en un año electoral –con cita en las municipales y autonómicas de mayo y generales a final de año–.

En este sentido, la iniciativa coincide con el proceso de «nacionalizaciones» de la Ley de Memoria Democrática (LMD), que también está recibiendo la denuncia de supuesto uso electoral por parte del Gobierno. Está por ver el impacto en las urnas que acaba teniendo esta ola de nuevos españoles, porque hay mucha lentitud en el otorgamiento de las nacionalidades por el colapso de los consulados en el exterior y se ha presentado un recurso «de nulidad radical» contra la instrucción que emitió la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública al considerar que «ha sido dictada por órgano manifiestamente incompetente», toda vez que la ley «otorga en exclusiva» la facultad de desarrollo normativo al «Gobierno de la nación», según denunció ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica.

A propósito de la vía abierta por Regularización Ya, fuentes de la Asociación por la Reconciliación manifiestan su rechazo a «este proceso exprés para extranjeros que viven en España, que solo busca, como en el caso de la Ley de Memoria y sus nacionalizaciones masivas –no solo circunscritas a los hijos y nietos de exiliados–, alterar el censo electoral con unos fines meramente partidistas de búsqueda desesperada de nuevos caladeros de votos por parte de un “Gobierno Frankenstein” en fase de hundimiento».

Desde esta entidad hacen «un llamamiento a la opinión pública ante los serios procesos de disrupción antidemocrática que estamos experimentando en España por el Gobierno en su búsqueda por perpetuarse en el poder a cualquier costa». En suma, está por ver cuántos nuevos votantes podrían acabar incorporándose al censo electoral si fructificaran a «pleno rendimiento» el proceso de nacionalizaciones de la Ley de Memoria Democrática, pero lo cierto es que, «por el perfil de los implicados, todo hace pensar que los más beneficiados son los partidos de izquierda porque han dado un impulso a los procesos legislativos (con más o menos empeño) y porque ideológicamente son más afines», consideran estas fuentes.

Mientras, la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica ha presentado un escrito al TSJ para que facilite la corrección de errores que hizo el Ejecutivo cuatro meses después de entrar en vigor la LMD, «por si no hubiera tenido la forma jurídica indicada, lo que significa que podría ampliarse el recurso administrativo a esta rectificación del Ministerio de Justicia [que había omitido la jura de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes españolas], aparte de la instrucción irregular de octubre de 2022». Sospechan que haya «informes técnicos que señalen que no se hizo bien la instrucción», lo que daría nuevos argumentos a su denuncia contra la mala praxis por parte del Ejecutivo.

El cómputo de votantes, hasta septiembre

¿Cuándo serán las elecciones generales en España?

Está previsto que las elecciones generales se celebren el 10 de diciembre, aunque podrían ser antes. En todo caso, el límite de la legislatura está fijado en el 16 de octubre: ese día, como máximo, se tienen que disolver las Cortes Generales y arrancar el proceso electoral.

¿Cuántos electores tiene actualmente España? ¿Cada cuánto se actualiza el censo electoral?

El censo electoral se actualiza de forma permanente y cada mes. Por tanto, los últimos datos corresponden al pasado mes de febrero, donde figuran 35.004.580 ciudadanos españoles con derecho a voto. A estos hay que sumar a los 2.309.359 españoles residentes en el extranjero que tienen derecho a sufragio. El cómputo global, actualmente, está en más de 37,3 millones de electores (estás serán todas las personas que voten en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo).

¿Cuándo se cierra el censo electoral de las elecciones generales?

El censo electoral se cierra siempre el día 1 del segundo mes anterior a la convocatoria de las elecciones. Por tanto, si se convocan en octubre para que se celebren durante el mes de diciembre, el censo electoral quedará cerrado el 1 de septiembre.

¿Cómo ha evolucionado el censo electoral de los votantes en el exterior?

El censo de votantes en el exterior se puede ampliar de aquí hasta las elecciones generales porque la Ley de Memoria Democrática permite adquirir la nacionalidad a descendientes de españoles que huyeron durante la Guerra Civil o el Franquismo. En este sentido, los votantes que residen en el exterior solo pueden votar en elecciones generales o autonómicas y se prevé una avalancha de solicitudes de nacionalidad española a lo largo de este 2023, que podría llegar a las 200.000 personas. El censo de votantes en el exterior ha ido creciendo en los últimos años: ha ganado en total más de medio millón de personas desde el año 2013.