Cerco judicial a la corrupción de UGT

La Razón
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Mercedes Alaya investigará las facturas falsas de UGT Andalucía. El colectivo Manos Limpias denunció al sindicato por un presunto delito de «malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida» por el desvío de los fondos de formación para desempleados, un dinero que abona la Junta de Andalucía y que cuenta también con financiación de la Unión Europea. La decisión la ha tomado el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero. La primera denuncia –luego ha habido nueve ampliaciones– recayó en el Juzgado de Instrucción número 9, que incluso llegó a incoar diligencias previas. Sin embargo, el decano ha apreciado que los hechos están relacionados con la investigación de los ERE –Juzgado número 6– que realiza la instructora y le ha asignado el caso.

En realidad, la jueza Alaya lleva meses investigando la financiación de los sindicatos UGT y CC OO en Andalucía. Dentro de la trama de expedientes de regulación de empleo irregulares pagados con dinero público, la jueza encontró que los autodenominados «sindicatos de clase» se habían financiado con las comisiones por intervenir en estos procesos de reestructuración empresarial. Era su «factura» por llegar a acuerdos sin conflictividad social: la alternativa suponía enquistar el problema o que directamente no se firmara el acuerdo. Como el dinero venía de la Junta de Andalucía, empresarios, mediadores y trabajadores veían con buenos ojos la «mordida» sindical. Así lo sostuvo Alaya en el auto de prisión por el que encarceló a José González Mata, propietario de la mediadora Uniter. «Los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma –comisiones por participar en los ERE– de financiación irregular».

La Guardia Civil cuantificó incluso lo que habrían percibido los sindicatos por esta labor: 7,6 millones de euros. Unas tareas «peregrinas», como la «toma de datos» justificaban estos importes, que eran percibidos a través de empresas propias de los representantes de los trabajadores. Existe soporte documental de que la mediadora Uniter abonó 3.253.031 euros a UGT y CC OO, mientras que Vitalia les destinó 4.291.384 euros.

Con esta rama de investigación abierta y consolidada, las pesquisas de la Guardia Civil detectaron en su momento otra conexión: las ayudas a la formación que recibe UGT y el «conseguidor» de los ERE, Juan Lanzas, ex miembro del sindicato en prisión desde el 22 de marzo. Un informe de la UCO adelantado por LA RAZÓN reseña que la empresa Planificación, Cooperación y Desarrollo S.L. dio de alta en el régimen general de la Seguridad Social a Lanzas entre el 12 de febrero de 2002 y el 30 de abril del mismo año, «inmediatamente después de desvincularse del sindicato UGT». Resulta que esta sociedad «declaró haber mantenido operaciones comerciales con empresas utilizadas para introducir en el circuito financiero y económico el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas suscritas con financiación de la Junta de Andalucía: Travol 2007, Servicios Inmediatos de Andalucía y Conexión en reparto». Según la UCO, «la participación de Planificación, Cooperación y Desarrollo habría facilitado y ayudado a alcanzar este objetivo». Es decir, que Lanzas acabó trabajando para una empresa que le ayudó a «aflorar» las comisiones de los ERE. Lo llamativo es que Planificación, Cooperación y Desarrollo S.L. se dedica a impartir cursos de formación y, el informe repara en «las importantes operaciones comerciales» que esta empresa ha mantenido con el sindicato UGT y varias de sus federaciones. Así, entre 2000 y 2010 declara ingresos de la UGT-A por 2.010.624,87 euros. Entre 2001 y 2007, 3.792.364 de la Federación del Metal, Construcciones y Afines; 157.227,97 euros de la Federación Estatal de Alimentación y Tabaco entre 2001 y 2002; y 1.975.292,13 de la Federación Agroalimentaria. En total, casi ocho millones –7.935.509,37 de euros–.

La relación entre Lanzas, los ERE y esta empresa de formación parece articulada, según las pesquisas judiciales. Ahora, en una pieza separada, Alaya trata de desvelar la relación entre el dinero de los ERE, UGT-A y las partidas de formación para descifrar si estos fondos también sirvieron para financiar al sindicato.

Fuentes del caso consultadas por este periódico aseguran que la jueza deberá expulsar del proceso a UGT, que todavía figura como acusación particular en la «trama de los ERE». Su presencia como acusación en la rama principal no era entendida por muchas de las partes personadas y, tras la nueva línea de investigación abierta, que le afecta de manera directa, no tiene sentido que permanezca en la condición de acusación particular.

Con el caso de las facturas de UGT, Alaya acumula una nueva macrocausa, a añadir a las que ya instruye de los ERE, Mercasevilla y el delito societario en el Real Betis Balompié. Algunas fuentes aseguran que este nuevo encargo es un «caramelo envenenado» para la jueza y auguran que la revisión de las partidas de formación acabará en un escándalo que afectará a distintas organizaciones que han gestionado estos fondos en la última década.