Cerrando filas

La estrategia de obstaculizar a la Justicia y a la UCO es tal, que ambas están más unidas que nunca. La Fiscalía Anticorrupción se ha cansado de maniobras dilatorias y acusa a Cerdán de enredar contra una investigación que es transparente. La unión de ambas instancias hace que Moncloa intente desactivarlas. Por eso está al caer la remoción de jefes en la UCO, aunque el problema de los cerdanes y los sánchez es que la investigación principal está finiquitada y no la mueve nadie. La UCO puede acabar como la UDEF, por obra y gracia de Pedro, pero los informes que faltan están encaminados, y algunos hasta entregados.

El último servicio de la renombrada unidad de la Benemérita ha sido aportar los ciento veinte mails que desmontan tesis de que Cristina Álvarez trabajaba para Begoña por amistad, cuando más bien parece que la asistente se dedicaba en exclusiva a eso, a pedir patrocinios para la Cátedra de su ama, pagada por el Gobierno. Luego ese informe desmonta la tesis recurrente del lawfare, según la cual el juez Peinado sería una suerte de infiltrado del PP en la Judicatura. El asunto parece claro. Como lo está que Begoña, a efectos penales, tiene consideración de funcionaria por su actividad en la Complutense. Apreciación que no es de Peinado sino de la Audiencia de Madrid, que recordó en su día que se consideran funcionarios todas aquellas personas que perciben algún tipo de remuneración pública. Luego no hay lawfare, pero sí presunción de prevaricación y malversación, delitos en los que pueden incurrir los funcionarios, siendo lo segundo competencia del Jurado. Dice Begoña, o sus representantes, que los encargos privados que hizo a su asesora fueron motivados porque «no hay estatuto de la cónyuge del presidente». Cierto que no hay Estatuto, pero es que no hace falta. Existe una extensa legislación sobre incompatibilidades en el sector público y conflicto de intereses, suficiente para evitar que un gobernante malverse o prevarique. Ninguna otra esposa de presidente del gobierno incurrió en comportamiento similar. Ninguna se dedicó a pedir dinero desde la Moncloa para actividades privadas. Ninguna usó a sus asistentes para tal actividad. Luego no hay lawfare, pero sí hay caso, pese a que Patxi López lleva meses diciendo lo contrario. Con un tufo de confabulación que espanta. No de otra manera se puede entender que Marlaska haya concedido el máximo reconocimiento en la Guardia Civil a la abogada general del Estado que redactó la querella de Sánchez contra Peinado. De bien nacido es ser agradecido, y Pedro siempre paga los favores, como saben Serrano, López o Alvarone, entre otras señorías. Se da la circunstancia de que Zaida Isabel Fernández Toro también se posicionó contra el novio de la presidenta madrileña. No podía ser de otra manera.

Por algo ha escrito The American Spectator que Sánchez no escatima presupuesto ni medios para «colonizar instituciones como el Congreso, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía y Tribunal Constitucional», entre otras, con tal de seguir en el poder, sin importar si ha de «retorcer leyes» o introducir el lawfare en su favor para que los políticos que delinquieron puedan perseguir a los jueces que defendieron la legalidad en 2017. No sólo Puigdemont, también el resto de los aliados y los mismos socialistas. Por eso hace bien Feijóo en anunciar procedimientos judiciales para tratar de evitar fraudes como el de la señora Armengol al no dar trámite a las leyes que aprueba el Senado y que podrían salir adelante con los votos de Junts y el PNV. Con Sánchez no vale la política. Sólo los tribunales. Por eso intenta controlarlos. Como a la UCO.